El juez federal Ariel Lijo convocó para mañana a una audiencia en la que, según fuentes judiciales, homologaría el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y Alejandro Vandenbroele por el que el supuesto testaferro de Amado Bouodu ya comenzó a declarar ayer en calidad de "arrepentido".
La audiencia fue convocada para mañana a las 8.30 en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, pero el horario podría modificarse de manera secreta porque Vandenbroele ya forma parte del programa de imputados protegidos.
Para el juez Lijo y el fiscal Jorge Di Lello, Vandenbroele es el testaferro a través del cual el ex vicepresidente logró quedarse con Ciccone Calcográfica, la imprenta con capacidad para imprimir billetes, cuando estaba en quiebra.
La audiencia de homologación del acuerdo se realizará con presencia del imputado arrepentido, su defensor y el fiscal de la caso.
Allí, Lijo "escuchará a las partes y se asegurará que el arrepentido tenga debido conocimiento de los alcances y las consecuencias del acuerdo suscripto", según establece la ley que lo permite.
El lunes pasado, Vandenbroele llegó a un acuerdo con la fiscalía y, desde entonces, fue incluido en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados -que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia- con custodia de la Policía Federal y en una "casa segura".
Ayer, comenzó a declarar en calidad de arrepentido y mencionó a Boudou y al gobernador de Formosa, Gildo Insfran, al hablar, entre otras cosas, de cómo llegó a intervenir, con su empresa The Old Fund, en la renegociación de la deuda de esa provincia con El Estado Nacional.
Por el contrato para "asesorar" a Formosa, celebrado en 2009 cuando Boudou era ministro de Economía, The Old Fund, que acababa de ser creada, recibió en sus cuentas unos 7,6 millones en una cuenta en el Banco Macro, tras recibir una transferencia del Fondo Financiero Provincial (FonFiPro).
Para poder acogerse a la Ley del Arrepentido, la información que se aporte Vandenbreole "deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido", según establece el texto de la norma.
"El juez aprobará el acuerdo si el imputado arrepentido hubiera actuado voluntariamente y se hubieran cumplido los demás requisitos previstos en los términos del artículo 41 ter del Código Penal y de la presente ley", dice la ley.
El juez y el fiscal tendrán un año para corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado.
