Por Néstor Sampirisi - nsampirisi@losandes.com.ar
Cuando la noche del 19 de abril el PJ mendocino supo que el resultado de las PASO era irreversible, entró en estado de conmoción. Fue en los conciliábulos de esas horas y de los días siguientes que tomaron la decisión: se juramentaron hacer todo para revertirlo en la general del próximo 21 de junio. Había que retener el poder a cualquier precio, sin límite alguno.
En particular había sido muy dura la ajustada derrota a manos de Cambia Mendoza (la coalición encabezada por la UCR) en Las Heras y el apretado triunfo logrado en Guaymallén, territorios de raigambre peronista, decisivos para asegurarse la continuidad en el gobierno de la Provincia.
No alcanzaba con utilizar los fondos municipales como si fueran del partido para hacer propaganda de gestión y, de paso cañazo, instalar candidatos.
Una variante en la que cayeron casi todos, sin distinción de fuerza política, porque 14 de los 18 intendentes van (o fueron) por la reelección y 3 de los 4 restantes competirán por la gobernación o cargos legislativos. Tampoco sería suficiente la desopilante catarata de anuncios y promesas que desatarían. Había que echar a volar la imaginación.
Entonces, el vicegobernador de licencia, Carlos Ciurca, se instaló como virtual intendente de Las Heras y desde ese confuso lugar en apenas un mes puso en la calle una policía municipal de preventores organizada y equipada en tiempo récord con licitaciones express.
Una fuerza de seguridad que no está prevista en el Presupuesto aprobado por la comuna para 2015, que se respaldó en una antigua ordenanza y que aún no fue reglamentada.
Después, Ciurca anunció que sortearía lotes para que los vecinos puedan construir viviendas. Es decir, tierras fiscales del municipio que serán parte de la campaña del oficialismo departamental. Es más, desde mañana un grupo de ¿militantes? entre los que, aseguran, figura hasta algún deportista lasherino famoso, recorrerá los barrios para inscribir a los interesados en participar de la tómbola. ¿A cambio de qué?
En Guaymallén, en tanto, el intendente a cargo, Luis Lobos, tiene una estrategia muy parecida: también sacó a la calle gente (voluntarios y empleados municipales, según informan) que golpeará puertas por los barrios durante junio pero para realizar un censo de mascotas.
Esta semana hizo su anuncio estrella: junto con la ATM, eximieron del pago de los impuestos Inmobiliario y Automotor a 1.066 vecinos del departamento, entre jubilados y discapacitados de bajos recursos. Lo mismo anunció la oficina recaudadora en General Alvear, otro lugar donde el PJ sufrió una inesperada derrota.
“Donde hay una necesidad, hay un derecho”, repitió Lobos casi como apotegma para justificar esto que podríamos llamar una “discriminación positiva”.
Esta vez son recursos de las deficitarias arcas provinciales puestos al servicio de la campaña del partido, fundamentalmente en el principal distrito electoral de Mendoza. Los jubilados y discapacitados del resto de la provincia ¿no merecen lo mismo, acaso?
Puede que nada de esto sea ilegal. Siempre existen oportunas excusas para justificar las decisiones, sobre todo en tiempos de proselitismo. Pero roza lo éticamente reprochable. Acaso sea otra muestra de esa histórica tradición de los políticos argentinos de confundir lo público con lo privado y al Estado, con el partido de gobierno.
En la superficie, la carrera pre-electoral parece limpia, casi homeopática. A influjo de que los principales protagonistas eligieron la baja intensidad: el estilo de Adolfo Bermejo (Frente para la Victoria) no es confrontar sino proponer y Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) se ha llamado a no reaccionar, tal vez porque las encuestas aún lo muestran con una diferencia que parece tranquilizadora. Pero eso pasa sólo en la superficie.
Por debajo, en el territorio, la realidad es más cruda. Ahí circulan las denuncias cruzadas. Desde las típicas de destrozos de cartelería y escaramuzas entre militantes o del uso de locales partidarios para dar beneficios que corresponden a organismos oficiales, hasta alguna más pesada.
La Municipalidad de Godoy Cruz, por caso, inició una querella penal que está bajo secreto de sumario en una Unidad Fiscal ubicada en el Palacio de Justicia y abrió una investigación interna para determinar desde dónde se disparan los mails o se alimentan el sitio web y la cuenta de la red social en los que se asegura que esa comuna está vendiendo información personal y patrimonial a una banda que se dedica a realizar secuestros virtuales.
Para los funcionarios radicales se trata de una campaña de desprestigio destinada a perjudicar a Cornejo, el intendente candidato.
No hay límites. ¿Será la versión mendocina del “vamos por todo”? Quizás.
“La encrucijada argentina, en la coyuntura, se presenta como República o país mafioso, pero a mediano y largo plazo supone, en términos de civilización, la superación o el fracaso como sociedad, como país”, advierte Carlos Gabetta en su libro “La encrucijada argentina” (Planeta, 2012) De eso se trata, después de todo.
