El martes 22 de setiembre la CNV comunicó, verbalmente, a las entidades administradoras de Fondos Comunes de Inversión (FCI) que había dispuesto la modificación de la forma en que los Fondos valuaban en su contabilidad los bonos nominados en dólares.
La modificación era muy importante, ya que partir de ahora los bonos debían valuarse al tipo de cambio oficial, y no como lo venía haciendo al tipo de cambio denominado contado con liquidación o dólar Bolsa.
En números en esos momentos, la cotización efectiva superaba levemente los $ 14 por dólar en tanto el mercado oficial estaba en $9,40, es decir que el cambio implicaba una pérdida para los FCI de un tercio del valor contable de los títulos nominado en dólares que tenían en sus carteras.
Los FCI han sido creados por bancos y sociedades administradoras y son importantes instrumentos financieros, donde los ahorristas e inversores colocan sus recursos y los administradores los emplean en diversas inversiones en bonos, acciones, obligaciones negociables, plazos fijos de modo de asegurarle al inversor una rentabilidad que puede ser fija o variable.
Quien adquiere una participación en estos Fondos es dueño de una cuota parte del mismo, cobra la renta y puede retirar el capital en las condiciones que se haya previsto en el contrato del instrumento financiero. Para tener una idea de la importancia económica de los FCI al momento en se adoptaron las medidas, el monto total alcanza a los 200.000 millones de pesos, de los cuales 50.000 millones de pesos son bonos en dólares.
Si esa segunda cifra pierde un tercio de su valor contable se puede dimensionar la pérdida de los cuota partistas. Aunque se dijo que era para protegerlos.
El proceso, sorpresivo como tanto le gusta al gobierno, ha tenido características sospechosas de impericia y de haber beneficiado a algunos amigos del gobierno.
El objetivo que perseguía la medida era bajar la cotización de estos “mercados paralelos”, pero legales, desalentar las operaciones, para acortar la brecha con dólar oficial. Pero ese proceso fue desprolijo, careciendo de la claridad y transparencia necesarias. La medida le fue anunciada a las administradoras el martes 22 por la mañana y varias agencias de noticias informaron que la CNV había emitido una Resolución que disponía el cambio en la contabilización. Pero tal resolución no se había emitido ni publicado.
La Administradoras y los Bancos advirtieron al gobierno los efectos negativos que esa medida tendría sobre las inversiones actuales y futuras, solicitaron modificar la resolución y tener más plazo para poder vender esos bonos ordenadamente, para que no cayera demasiado el precio. Al parecer el Ministro y la CNV prometieron revisar la disposición.
Aquí vienen algunos puntos oscuros: al parecer había un pedido expreso de las autoridades de que no trascendiera a la prensa el tema pero trascendió, el impacto fue muy importante y finalmente el viernes 25 se publicó la resolución sin modificación alguna. Ente el primer anuncio y el viernes hubo una avalancha de ventas de bonos por parte de FCI, para tratar de minimizar pérdidas, el precio bajó un peso.
En este punto viene el delicado problema de si algunos funcionarios habrían adelantado información confidencial a operadores del mercado. El ex director del Banco, Aldo Pignanelli, afirmó que “yo sé que hay dos importantes bancos que han estado operando. La resolución salió a las 11 de la mañana, y las 12ya había un importante operador que le comunicaba a sus clientes que había una oportunidad para comprar bonos.
O son demasiado rápidos o tenían información previa”. A su vez Marcelo Bonelli en su columna del viernes 25 en Clarín se expresa e igual sentido, incluso mencionando a un banco extranjero que habría hecho una importante operación. La respuesta al tema han sido las ironías habituales del Ministro, pero desmentidas no.
