Lejos de generar tranquilidad, los “silencios” y la inacción oficial respecto al proyecto de venta de tierras del Ejército en La Remonta preocupan seriamente a los vecinos.
Sobre todo que la Justicia Federal no haya respondido -a casi un mes de presentado el recurso de amparo- sobre el decreto presidencial 225/17, que habilita esta subasta de las tierras públicas.
Por ello, mañana los vecinos autoconvocados de La Remonta -y del Valle de Uco, en general- se concentrarán frente al edificio de Tribunales Federales, en Ciudad. Quieren saber por qué han pasado cuatro semanas y aún no hay juez designado para atender los amparos presentados.
En paralelo, entregarán un petitorio formal en Casa de Gobierno, solicitando la derogación del polémico decreto (publicado el 4 de abril en el Boletín Oficial), que dispone la venta de casi 8 mil hectáreas del Establecimiento Campo Los Andes, en Tunuyán.
El 11 de abril, productores y vecinos de la zona en cuestión -representados por el abogado y ex legislador radical Fernando Armagnague- presentaron una acción de amparo en el Juzgado Federal en lo Civil (Sección 2 ), a fin de detener cualquier accionar que se pueda realizar en el marco de la resolución del Ejecutivo Nacional, a la cual consideran “arbitraria y anticonstitucional”.
Días después, la Fundación Pedemonte hizo lo propio en la Justicia. “El decreto presidencial dispone la venta del terreno desconociendo que es un bien de dominio público y por lo tanto inalienable, ubicado en zona de seguridad y frontera”, argumentaron, entonces, desde la organización civil y también basaron su oposición en el hecho de que esta medida tendría que haber sido discutida en el ámbito del Congreso Nacional, como establece el artículo 75 de la Constitución.
A estos dos amparos se habrían sumado luego otros en la Justicia Federal, encarados por particulares que están en desacuerdo con el destino propuesto por el Gobierno para estas tierras del Ejército. Sobre ninguno habría resolución.
“Se supone que la característica de un amparo es pedir a la Justicia que actúe con celeridad. Aquí, ha pasado un mes y todavía la Cámara Federal no designa a un juez para que dé tratamiento a los recursos”, apuntó Fabiana Villafañe, vecina autoconvocada de San Carlos.
Así las cosas, en la última asamblea realizada en La Remonta, los vecinos decidieron realizar esta manifestación en Tribunales. Además, siguen pidiendo que se concrete la “prometida mesa de diálogo”, que para ellos es la única manera de acordar un proyecto que incluya a todos y que responda a todas las aristas de esta problemática.
“Esto no es un capricho. No queremos encerrarnos en un ‘no0. Queremos dialogar. Antes que nada, somos ciudadanos y con esta medida están vulnerando nuestra existencia, nuestra historia en el lugar”, manifestó Fabián Escobar, uno de los vecinos de La Remonta que lucha “en defensa de la tierra, el agua y la gente del lugar”.
Las autoridades de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), cuando estuvieron semanas atrás en Mendoza, aseguraron que el proceso de venta está planteado a muy largo plazo y prometieron generar instancias de diálogos con la comunidad y referentes locales para su diseño.
Sin embargo, hasta el momento no hubo diálogo y sí algunas acciones. Los vecinos dicen que han realizado mediciones y que incluso, días atrás llegaron agentes para realizar un censo a la población de la zona, pero -después de conocer la situación- se retiraron sin hacer la consulta censal.
