El 'ya no tan' nuevo Código Procesal Penal (CPP) -ley 6.730- fue sancionado en 1999 y promulgado en 2002. Dos años más tarde, comenzaba a implementarse progresivamente en la Provincia para agilizar y mejorar los resultados de los procesos judiciales.
Con una demora de 13 años, recién en marzo del 2017, el CPP empezará a ejecutarse en el Valle de Uco.
El pasado miércoles la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que presentó el gobernador Alfredo Cornejo y las modificaciones que se le hicieron en las últimas semanas.
Mañana vuelve al Senado para su segunda revisión y sanción final. El Gobierno confía en que se convertirá en ley. El 'saldo' de esta vieja deuda despierta una luz de esperanza, en una Cuarta Circunscripción Judicial, que todavía continúa relegada.
Personas vinculadas al sector en el Valle de Uco señalan las deficiencias edilicias, las carencias de personal e incluso la falta de una Cámara clave -como la del Crimen- que impide muchas veces que víctimas y testigos puedan viajar para participar y seguir los procedimientos en el Gran Mendoza.
En la actualidad, hay sólo un juez de instrucción -Oscar Balmes- que recibe todas las causas penales que se originan en una población de más de 115 mil habitantes, que es la que tiene el Valle de Uco y está en franco crecimiento.
Además, de él dependen las primeras etapas investigativas de todos estos casos y la Policía lo asiste -entre otras cosas- en la recopilación de pruebas. Sólo en el 2015, ingresaron a este Juzgado valletano más de cuatro mil causas.
Si el Senado lo aprueba, desde marzo de 2017 el sistema procesal en la Cuarta Circunscripción se encaminará hacia la siguiente estructura: un juez de Garantía (que será el propio Balmes), un juez Penal de Menores (la actual Teresa Di Bari), un juez Correccional y de Faltas (seguirá Fernando Ugarte), 3 fiscales y 15 ayudantes de fiscales, que tendrán presencia en casi todas las comisarías de la región.
“Este nuevo sistema acusatorio exige la presencia física de los fiscales (o ayudantes de fiscales) en la toma de la denuncia y durante la investigación; así entra en contacto directo con las comisarías, las denuncias, las causas y las víctimas. El principal objetivo es reorganizar la estructura para transparentar y agilizar los procesos judiciales”, expuso Emiliano Campos, diputado valletano, integrante de la Comisión de Legislación.
La causa de que por 16 años convivieran 2 formas de llevar adelante las pesquisas penales en Mendoza se basa en la falta de inversión para asumir el costo de los nuevos 'agentes judiciales', la adecuación de las comisarías y tribunales y la instauración de la Policía Judicial, que aún es una materia pendiente en toda la provincia.
Cambios solicitados
“Recibimos con bombos y platillos la novedad, siempre que sea con las modificaciones propuestas”, manifestó el juez Fernando Ugarte.
Sucede que el proyecto oficial inicial fue cuestionado por los magistrados locales, pues sostenían que iba a ser imposible de llevar a la práctica. El mismo disponía que Balmes pasara a ser uno de los fiscales y Di Bari quedara como jueza Penal de Menores y de Garantía.
“Ya somos pocos y de esta manera se pretendía eliminar a un juez. En caso de licencia o enfermedad, todo el material jurisdiccional de la zona recaería en una sola persona. Además, iba a ser inconstitucional que en el mismo juzgado (de Garantías y Penal de Menores) compartieran espacio físico los procesados adultos con los menores”, dijo.
Los diputados tunuyaninos Leonardo Giacomelli (FPV) y Campos (UCR) se ocuparon de traducir en el proyecto de ley. Giacomelli explicó que la implementación del CPP se hará progresiva desde marzo, que se prevé que se realicen los llamados concurso para los ayudantes fiscales, quienes deberán rendir un examen en el Ministerio Público.
Algunas reformas
Con el nuevo CPP, llegará al Valle de Uco la figura del Juez de Garantías, que hasta ahora no tenía. Se entiende que esto le otorga más transparencia a la investigación y más poder al juez para analizar la legalidad de las medidas adoptadas.
Pues hoy el que investiga es el juez de Instrucción y quien controla es el fiscal. Un caso reciente que puso de manifiesto esta complejidad fue el de Gustavo Aveiro, el hermano del intendente de Tunuyán, cuya defensa solicitó apartar a Balmes de la audiencia, porque entendía que no podía ser el que instruye y garantiza el proceso a la vez.
Ahora la investigación recaerá en el fiscal y el acusado será asistido por el Defensor Público.
Otra de las ventajas es que los actos más importantes del proceso serán orales, algunas piezas procesales quedarán por escrito, pero todas serán grabadas.
El CPP exige que los jueces residan a no más de 30 km del juzgado de su competencia, con la idea de asegurar el compromiso de los magistrados con la realidad y problemáticas del territorio.
