Los Lima tenían un lotecito donde construir y ahorros que le permitían soñar con eso. Mariano siempre quiso tener su vivienda en una zona rural y al fin había conseguido el terreno ideal donde edificarla.
Los hermanos C. celebraban que a los 60 años y tras toda una vida de esfuerzo y trabajo, sus padres podían tener al fin su propia vivienda. Javier quería irse a vivir con su pareja y hasta entregó su auto para construir el nuevo hogar.
Las historias son distintas, pero coinciden en el deseo de llegar a la casa propia. También, en su final poco feliz. Todos se dejaron seducir por los precios accesibles y las fotos de casas en construcción que mostraba la firma Shadai en su sitio de Facebook (el mismo que fue dado de baja semanas atrás a raíz de los reclamos y escraches).
Las víctimas son familias del Valle de Uco, principalmente de San Carlos. Todos firmaron convenio -la mayoría ante escribano público- con el particular que se presentaba como dueño del emprendimiento: Adrián Roldán.
Ellos entregaron el dinero -o bienes, en algunos casos- acordados. La firma debía construir sus casas “prefabricadas, industrializadas o de medio tronco” en las fechas estipuladas. Cuando los plazos se les acabaron y las excusas se volvieron reiteradas, las familias se encontraron con sus casas a medio hacer o con serios problemas estructurales.
Los Andes reproduce estas historias pero tuvo acceso a otras, sólo que hay quienes temen no hablar porque desde la constructora les prometieron que terminarán sus casas, para evitar seguir el conflicto. Incluso, entre las familias que dicen haber sido estafadas se armó un grupo de Whatsapp para "encontrar respuestas".
La situación está siendo investigada por la dirección de Defensa del Consumidor, después de que uno de los damnificados librara la denuncia en febrero del 2016 (expediente N°1225-L-2016). También existe una denuncia penal, realizada en la misma fecha en el Primer Juzgado de Instrucción de Tunuyán (expte. 57767/4).
La directora de Defensa del Consumidor, Mónica Nofal, dijo que están investigando el caso y que todo indica que deberán elevarlo a la Justicia. “Cuando se trata de empresas informales y no solventes, es difícil accionar en defensa de los afectados y aplicar sanciones desde el organismo”, acotó.
En respuesta a las acusaciones, Roldán se excusó diciendo que es víctima de la crisis económica. "Las casas se están terminando, les he pedido que me tengan paciencia porque la inflación subió todos los costos y hay materiales que no se consiguen fácilmente, pero me he comprometido a entregarlas", dijo a Los Andes. El hombre se mostró enojado por la trascendencia del caso y pidió que no se hable de "estafa" sino más bien de "retrasos en la entrega".
De los testimonios y promociones en redes sociales se desprende que la sede del emprendimiento es en Tunuyán. Sin embargo, no cuenta con un domicilio legal.
Consultado, Diego Casado, titular de Inspección General de la comuna, señaló que este negocio “no aparece, en principio, ni en trámites de habilitación ni como autorizado por el municipio”. “Los clientes deben tener mucho cuidado con las ofertas y negocios expuestos en canales informales, como Internet”, advirtió.
Casa digna
Lo que los vecinos quieren es justicia y poder vivir en la casa que soñaron. Nancy Bordón y Jorge Lima se contactaron por Facebook con esta empresa familiar. El 1 de setiembre del 2015 acordaron -ante un escribano público de San Carlos- la construcción de una vivienda de “2 dormitorios, cocina comedor y baño, estilo mixta de 49 metros cubiertos”.
La constructora se comprometía -entre otras cosas- a entregarla con tendido eléctrico, cañerías y hasta aberturas.
El valor pactado era de 120 mil pesos y los Lima debían darle $ 70 mil de base para que empezara con la obra. “Debían terminarla en 60 días. Yo tenía que darle otros $ 30 mil cuando estuviera a la altura del dintel. Me dijo que había tenido problemas con la compra de la madera para el techo, entonces le adelanté el dinero, pero como ya venían demorados le hice firmar el recibo. Entonces se fueron, me dejaron el techo sin terminar, las paredes sin revocar, sin pisos ni ventanas. La terminé yo”, contó Jorge.
En enero del 2016 envió una carta documento emplazándolos a dar fin a la obra, pero nunca contestaron. Entonces, los Lima llevaron el caso a Defensa del Consumidor y a la Justicia. Hubo una primera mediación en Tunuyán, pero no tuvo el resultado esperado para los Lima, quienes encima fueron acusados de robarse una máquina que los obreros dejaron en su predio.
Javier Reniero acordó que le construyeran su casa premoldeada en su lote de Pareditas por $ 130 mil y por ello firmó un contrato en agosto del año pasado. “Le entregué mi auto, un Chevrolet Agile en forma de pago. Sé que ya lo han vendido”, se lamenta el joven.
“Debía estar lista para mudarnos en noviembre. Nunca la terminaron estos caraduras. Me he cansado de llamarlos: o no atienden o te empiezan con excusas. Yo estoy terminando la casa”, señaló el sancarlino, quien reconoció que su frustración alcanzó su tope máximo cuando su vivienda terminó literalmente inundada con la última lluvia. “No hay que creer en nadie. Jugaron con nuestra confianza. Te da mucha impotencia”, murmuró.
La madre de Paula todavía tiene fe en que terminarán su casa. Su padre falleció al poco tiempo que firmaron el acuerdo con la firma cuestionada, el que consideraban la llave de acceso a su más preciado sueño. Con una vida hecha, querían dejar de pagar alquiler y tener su propio y merecido hogar.
En agosto del 2016 hicieron el contrato y la casa debía estar construida en octubre en la Villa de San Carlos. La mitad del pago era, como siempre, antes de empezar. En diciembre dijeron que no podían avanzar y la familia entregó toda la plata restante. “Nunca volvieron y no atendían el teléfono”, cuenta Paula.
En marzo de este año le enviaron una carta documento y como no tenía respuestas, la joven expuso su decepción en Facebook. Allí fue cuando todo salió a la luz y otras personas se unieron como damnificados.
Después, han vuelto esporádicamente a trabajar en la obra y siguen prometiendo que la terminarán. “Mi mamá confía en que ellos cumplirán y yo no sé si aguantará otra decepción”, agrega.
Para tener en cuenta
Adquirir cualquier producto o servicio sin comprobar antes la formalidad del comercio es una negligencia que se puede pagar muy cara si el cliente luego necesita reclamar por fallas o incumplimientos. Esto se agrava si la compra es por un valor considerable, como es el caso de una casa.
En este sentido, Mónica Nofal, de Defensa del Consumidor de la Provincia, advirtió que hay que asegurarse que la empresa emita factura, “porque esto aseguraría que están inscriptos en AFIP y Rentas”.
“De no ser posible, al menos tienen que requerir el CUIT o CUIL del propietario y el domicilio legal, y consignarlo en los contratos”, apuntó. Esto no ocurre en los casos descriptos.
También señaló que es básico comprobar que la firma tenga habilitación municipal. Además, se puede averiguar con qué entidad bancaria opera para saber si es solvente.
