“Nos estamos quedando sin ríos. En algunos sitios los privados te cobran para dejarte pasar, aunque en la mayoría ya no se puede entrar.
Las márgenes están llenas de rosa mosqueta, alambrados y tranqueras. Y la apatía del Estado sólo ayuda a que estas fuentes de agua pierdan su condición de públicas y queden libradas al interés y poder de los propietarios”, sostiene preocupado Sergio Vicente, un instructor de pesca con mosca que conoce los hilos de agua valletanos como la palma de su mano.
Exceptuando un puñado de ríos y arroyos de montaña, en toda la región del Valle de Uco ya casi no quedan cursos de agua que tengan un acceso asegurado para las personas que quieren ingresar a pescar o a disfrutarlos caminando por sus márgenes.
Las anécdotas de quienes siguen intentando hacer cumplir (lo que consideran) su derecho son variadas. Van desde el tener que pagar un canon (“dispuesto según la cara del solicitante”, reconoció un funcionario) al privado del ingreso o deber gestionar a fuerza de dádivas la llave de la tranquera, hasta ser sacados a escopetazos o someterse a que les dañen sus vehículos. Esto siempre que antes hayan tenido la suerte de poder acceder al curso de agua.
La “privatización” de las costas de ríos y arroyos desde hace años genera polémica en la región, generalmente entre pescadores y propietarios. Sin embargo, esta se acentuó en el último tiempo por la explosión del negocio inmobiliario en las zonas de montaña, principalmente en el Manzano Histórico de Tunuyán y en los distritos de Gualtallary, Santa Clara y La Carrera de Tupungato.
El artículo 1.974 del nuevo Código Civil (que entró en vigencia en agosto del año pasado) vino a agudizar aún más la situación. Referentes ambientalistas del país hablan de un “retroceso” con respecto al Código de Vélez Sársfield en relación con el derecho de acceso a las costas, porque se reduce de 35 a 15 los metros previstos para el denominado Camino de Sirga y se le quita el carácter de camino público, es decir de libre acceso.
En este contexto, un grupo de mendocinos -que está constituyendo la fundación Aguas Libres- se ha propuesto luchar para que los cauces naturales vuelvan a ser “un bien común”. Buscan que esta legislación sea puesta en debate y se termine derogando el artículo en cuestión.
Ellos basan su reclamo en la Constitución Nacional y en otros artículos (235 y 236) del Código Civil que sostienen que los ríos, estuarios y arroyos son bienes de dominio público, siempre que no nazcan y mueran dentro de un campo privado.
“En Mendoza se habla mucho del valor del agua, pero no se va al fondo del tema. Hay un gran desconocimiento de la ley. Las ciudades que no defienden sus fuentes de agua se quedarán sin ella. La ausencia de Irrigación y de la gente en los ríos hace imposible el permanente monitoreo ciudadano que evitaría cualquier forma de contaminación o daño ambiental”, argumenta Jorge Aguilar Rech, arquitecto ambientalista y promotor de la iniciativa.
Reclamo social
Respecto de algunos arroyos, como el Santa Clara o el Novillo Muerto, los montañistas de la zona ya ni siquiera intentan llegar hasta ellos, porque se resignaron hace tiempo ante la idea de que son “inaccesibles”, al igual que el Parque Tupungato que los cobija. Sin embargo, en otros arroyos -como el Pircas en el Manzano Histórico- la polémica por el acceso está candente.
“El arroyo Pircas es de todos. Debemos exigir el acceso público controlado por nuestras autoridades para evitar el daño y la depredación de la flora, la fauna y la propiedad ajena a los derechos reales reclamados”, se lee en un pedido que este colectivo realizó en la plataforma Change.org, a fin de que la solicitud -y los más de 200 avales que ya recogió- lleguen a la Subdelegación del Río Tunuyán Superior de Irrigación.
Un reclamo similar ha surgido en San Carlos, dada la veda que hoy tienen los cursos de agua que pasan por campos privados. “Es uno de los pedidos concretos de intervención que vamos a hacer desde el municipio a la Provincia”, dijo Ricardo Funes, director de Turismo de la comuna. La problemática quedó expuesta en el proceso de elaboración del Plan Turístico departamental, donde participan referentes institucionales y vecinos.
“Se trata de un tema muy complejo”, fue la respuesta en la que coincidieron las áreas de Gobierno involucradas. En Recursos Naturales reconocieron que les preocupa el trabajar para asegurar “los accesos públicos” a distintos sitios de nuestra montaña. Lo cierto es que, a pedido de Fauna, esta semana los técnicos del área iban a recorrer el Pircas para controlar que “no hayan alambrados cruzando el arroyo”, aunque este medio pudo corroborar que sí los hay.
Por su parte, desde Irrigación adujeron no poder dar una respuesta detallada porque la administración regional está “en transición”. Sí reconocieron que la nueva jurisprudencia está siendo aún estudiada por los técnicos del organismo.
"En Mendoza ya no hay dónde pescar"
“Prohibido pasar. Propiedad privada”, advierte un cartel con letras rojas que acompaña a uno de los alambrados que atraviesan de orilla a orilla el arroyo Pircas, hacia arriba del Manzano Histórico. El acceso en vehículo es imposible y de a pie, hay que tener la suficiente agilidad y osadía para sortear alambres de púas y tranqueras. “Son varios los dueños de esas tierras y algunos están en litigio. A veces uno te da el permiso, pero vienen otros y te sacan de manera violenta o te piden dinero”, contó Esteban, un pescador enamorado de Tunuyán.
Desde el otro lado de la vereda, los dueños de estos campos aledaños a ríos argumentan -y muchas veces con razón- que han sufrido incendios, robo de ganado y otros desmanes en sus tierras por culpa de quienes ingresan pidiendo permiso para pescar. “Nosotros ayudamos a controlar y, de alguna manera, protegemos el cauce. Hay quienes realizan pesca indiscriminada”, señaló un privado, que pidió reserva de su identidad.
“Estoy de acuerdo con que hay pescadores inescrupulosos, pero eso tiene una solución. Los propietarios mismos pueden poner un guardaganado y controlar al salir a quienes ingresaron con su permiso”, expuso Vicente, quien en una oportunidad quedó varado hasta la medianoche cerca del Pircas y requirió ayuda de dos policías para poder salir porque “cuidadores” del lugar rompieron las cubiertas de su camioneta.
“Una regulación seria nos beneficiaría a todos y nos exigiría deberes a todos. Los arroyos son bienes de dominio público hasta la crecida máxima ordinaria y el lecho por donde corre el agua, y eso es lo que dice la ley”, apuntó Aguilar Rech, quien señaló que si no es una “falacia” que Fauna cobre y exija tener un carnet “si en Mendoza ya no hay dónde pescar”.
