El proceso de sanción de la ley 8051 de Ordenamiento Territorial puso a Mendoza en la vanguardia a nivel nacional, ya que fue la primera provincia en generar una legislación de este tipo y que prevé una planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo para asegurar una mejor calidad de vida para toda la población.
A 10 años de este logro, se contabilizan varios avances en la materia ya que en 2017 se aprobó el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (tal como lo establecía la normativa), los municipios están elaborando sus propios planes (incluso varios lo presentaron) y se empezó a actuar sobre el piedemonte a través del decreto que estableció el "Estado de Emergencia Ambiental" en la zona.
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para que la provincia comience a ordenarse y logre el verdadero equilibrio territorial, cumpliendo los fines y objetivos de la mencionada norma. De hecho la falta de coordinación de acciones, participación y validación social, fueron algunos aspectos que plantearon los expertos como desafíos pendientes en la jornada que se desarrolló ayer para conmemorar la primera década de la ley. El encuentro fue organizado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
En la mesa denominada "El territorio provincial a 10 años de la sanción de la Ley de OT", María Elina Gudiño, directora del Doctorado en Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la UNCuyo, resaltó que la mencionada normativa fue una construcción de la parte académica y científica con ayuda de la gente.
"En ese proceso estuvimos trabajando en el territorio, íbamos a los distintos pueblos y localidades para interiorizar a la gente y fue esa gente la que le reclamó al político que algo tenían que hacer", recordó. Calificó ese proceso como una vorágine en relación al proceso participativo y aseveró que ya no es tal. "Eso me preocupa de sobremanera porque solamente se pueden lograr de esta manera los cambios que realmente necesita nuestra provincia", dijo.
En segundo lugar, señaló que el primer problema que fue detectado en el diagnóstico para la elaboración del Plan Provincial de Ordenamiento territorial (inercia en la gestión del estado) sigue presente. "La estructura administrativa es verticalista y segmentada, no es que tenga culpa alguien en especial sino que esto viene desde hace más de 60, 100 años, romper con esa forma de trabajo va a costar mucho", reconoció Gudiño.
Además se refirió a la falta de coordinación de acciones: "Estamos acostumbrados a trabajar sectorialmente, cada uno en su lugar pero no en forma coordinada y el territorio es un lugar de poder, es un lugar donde toda la política pública converge. Por eso que se necesita la coordinación y para eso son necesarios cambios estructurales que hoy en día no se han producido".
Por su parte, Aldo Rodríguez Salas experto en derecho ambiental y secretario de Investigación y Posgrado en Universidad de Congreso, realizó un análisis jurídico y explicó que 8051 padece del mismo problema que todas las normas ambientales. "Las tensiones en el seno social entre desarrollo y protección del ambiente dificultan la aplicación, es un problema de eficacia que vuelve inocuas este tipo de normativas", manifestó. En tanto aclaró que esto puede revertirse y empezar a tener eficacia cuando las normas son socialmente obedecidas. "Falta la validez social, que es el comportamiento conforme a la ley y que en caso de que algún comportamiento sea contrario a la ley sea objeto de sanción, a eso llamamos aplicación y cumplimiento", remarcó Rodríguez Salas. Por esta razón concluyó que el desafío es fortalecer la conciencia social sobre el bien común que la norma protege que es el territorio como espacio compartido. "Ese es el desafío pendiente que tenemos para que la ley deje de ser la aspiración de un conjunto de técnicos y funcionarios y se convierta en concreciones de alto valor social", apuntó.
En tanto Nadia Rapali, geógrafa y vocal por el ejecutivo en la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT), resaltó lo que el gobierno provincial ha realizado desde que asumió para favorecer este proceso. "Hemos estado apoyando a los municipios en la elaboración de sus planes, con fondos y con capacitaciones. Tuvimos la función de generar el marco institucional y aunque no haya sido perfecto lo hemos hecho", señaló. Con respecto a la inercia en las instituciones reconoció que sigue presente porque hay paradigmas que no han cambiado y que implican un "trabajo de hormiga". "Nos pasa con organismos con los que antes no habíamos tenido ninguna vinculación, como con algunos entes controladores o empresas prestadoras de servicio, pero hoy con líneas muy fuertes que se han tenido que marcar, han parado la pelota y se han comenzado a preguntar por la ley de ordenamiento territorial", expuso. Aseguró que desde 2017 están tratando generar algunos cambios pero que la administración pública tiene sus propios ritmos. "Esa inercia cuesta ir cambiarla, pero soy optimista, hay formas de trabajar que han quedado obsoletas y se van generando iniciativas de trabajar de otra manera", aseveró Rapali. Sobre las nuevas modalidades de trabajar mencionó a la gestión por resultados con objetivo e indicadores para medirlos. "No es una tarea difícil, hay que crearlos de forma sencilla y avanzar".
