Luis Abrego labrego- @losandes.com.ar
Con la nominación del camarista José Valerio a la Corte, Alfredo Cornejo resigna ideales por capital político para consolidar su gestión. En su gobierno admiten que el perfil del juez propuesto coincide con la mirada que el gobernador pretende para la prestación del servicio de Seguridad y Justicia que su gestión ha puesto al tope de sus objetivos. “Valerio tiene un perfil que trasciende el género y un concepto jurídico distinto de la actual preeminencia garantista que será enriquecedor para la Corte y también para los mendocinos”, asegura un funcionario de la primera línea.
Su eventual desembarco -y así se ha dicho públicamente- apunta a “nivelar” lo que consideran una Corte (y por ende una Justicia) lábil a la hora de interpretar la ley en el sentido de los reclamos constantes de mayor seguridad. Una demanda que la sociedad hace al Estado en su conjunto, sin distinción de poderes, pero a la que por urgencias electorales sólo parece escuchar el Ejecutivo (de cualquier partido), en menor medida el Legislativo (donde a la oposición de turno siempre le conviene la distracción) y con algo más de lejanía y desdén, el Judicial.
De superar la audiencia pública y la votación, Valerio se sumaría a la Sala Penal de la Corte que actualmente integran Omar Palermo, Mario Adaro y el renunciante Herman Salvini, “cuya importancia reside en que ‘baja línea’ a los tribunales inferiores respecto a cuál es el criterio de interpretación de la ley”, razonan en el Gobierno.
El Ejecutivo cree que las últimas administraciones no tomaron en serio el problema de la seguridad y que por eso este último año ha enviado más de diez proyectos de ley, que -acotan con acidez- “deberían haber salido de la propia Justicia”.
La semana que se inicia, empezará a definirse una movida en la que Cornejo parece jugarse algo más que un sillón en la Corte o -por defecto- un bochazo legislativo que en el Gobierno especulan condicionaría su desenvolvimiento futuro en este y otros temas. En esta nueva apuesta, Cornejo pone en juego su poder de mando sobre su partido y sus bloques legislativos, su ascendencia sobre los aliados y su capacidad de negociación con la oposición. La ficha, movida con la misma rapidez con la que se manejó la llegada de Alejandro Gullé a la Procuración, se encontró con un contexto político y social adverso, como fue la sucesión de femicidios y las movilizaciones bajo la consigna “Ni una menos”.
Sectores kirchneristas y la izquierda –principalmente- decidieron cabalgar sobre ello y la avalancha de impugnaciones a Valerio partieron de la contradictoria condición de endilgarle haber sido “mano blanda” con violadores, femicidas y asesinos al firmar sus liberaciones (según el juez, al no contar con los elementos suficientes como para condenarlos) y por otro lado, por representar -aseguran sus críticos- la “mano dura” que -dicen- pretende eliminar garantías constitucionales, procesales o embanderarse con posturas doctrinarias que el garantismo da por “perimidas” en el contexto internacional del Derecho moderno.
¿Valerio es un misógino homofóbico que quiere liberar o exculpar a todos los femicidas, asesinos y violadores? O ¿Valerio es un autoritario que quiere poner tras las rejas a todo aquel apenas sospechado o apuntado de cometer un ilícito? Es difícil que ambas etiquetas sean posibles en simultáneo.
“Se agarran de una sentencia cuando Valerio como camarista firmó 4.600” dicen los senadores radicales que lo defienden y que incluso tuvieron días atrás una reunión a solas con el postulante para salvar sus dudas y encolumnarse detrás del gobernador.
Sin embargo, y como parte del debate producido, aún no se apagan los ecos de las sorpresivas e inéditas críticas de un juez supremo a un posible colega, como las de Alejandro Pérez Hualde en las páginas de Los Andes, quien directamente consideró que las posturas de Valerio pueden entenderse desde la “barricada política” pero no en el debate sobre la integración de la Corte. Incluso, Pérez Hualde fue más duro aún. La emprendió también con la gestión de Cornejo y confirmó su tácita alianza interna con el magistrado al que en el Ejecutivo consideran “el macho Alfa” del tribunal: Palermo, un supremo que si bien fue propuesto por el PJ tuvo en su momento el aval radical aunque ahora se sentencie que “el garantismo fracasó”.
El enojo oficial contra Pérez Hualde tiene ya incluso ribetes políticos, pues los radicales le facturan que fue propuesto en el gobierno de Julio Cobos y respaldado principalmente para cumplir ese propósito por la bancada radical. “Hoy quiere jugar de impoluto y erigirse en el dique de contención a una supuesta ‘cooptación’ de la Corte que pretendería Cornejo”, dice un funcionario de consulta habitual del gobernador. Y agregan: “Como si él no fuese responsable del estado actual de la seguridad y la aplicación de la ley en Mendoza”. El gobierno jura que su búsqueda de contrapeso no pretende “entrometerse” en otro poder y que sólo lo mueve “mejorar” el sistema.
Por lo pronto, los cornejistas confían en el “instinto” de su jefe al que no querrían ver morder el polvo a menos de un año de su asunción. Pero más allá de esa profesión de fe política, descuentan que el experimentado magistrado alcanzará los votos necesarios para llegar a la cumbre del Poder Judicial de la Provincia. En la maratón de cuentas que hacen en el cuarto piso de Casa de Gobierno, incluso hasta marcan como propios algunos apoyos provenientes de la bancada del PJ.
En ese sentido, la semana que pasó dejó dos datos no menores: el aval explícito a Valerio que un supremo de reciente militancia justicialista, como Mario Adaro, sustentó en la “pluralidad” que le otorgaría al cuerpo y el menos argumentado, pero igual de contundente respaldo del intendente de San Martín, el también peronista -este sí en ejercicio-, Jorge Omar Giménez. “Cornejo tiene derecho a poner a quien quiera”, dijo el sanmartiniano, casi dando por cerrado el debate y anticipándose a la postura que prometieron tomarán los senadores del PJ después de la audiencia pública. Una instancia que para el Ejecutivo ya “quedó desvirtuada ante el festival absurdo de impugnaciones fotocopiadas” y las cadenas de avales.
Más confiados aún, en el Gobierno hasta agregan que al margen de algunos apoyos peronistas, también podrían aparecer en la canasta de Valerio otros votos raros, cuya autoría nadie reclame ni asuma.
La inmensa pulseada que ha disparado la nominación, expresa también la trajinada “grieta judicial”, pero en especial, las chances de que el sistema de seguridad planteado por Cornejo en la campaña electoral no explote ante la “mala praxis” de un fiscal o de un juez que le permita a un condenado por un delito anterior reincidir y cometer uno más grave que enerve y altere el clima social. Ese es el temor de Cornejo y sabe que sus urgencias no pueden esperar ni a una mujer (como sería el ideal y lo políticamente correcto), a un candidato más joven (como sería deseable), ni otro con antecedentes menos sinuosos (como preferirían los sectores más progresistas de la UCR). “La batalla es hoy y hay que ganarla”, bajan desde el Ejecutivo emparentando la cita a una instancia decisiva para la gestión. “Alfredo, en términos políticos, no tiene otro margen que no sea sentar a Valerio en la Corte”, razonan los oficialistas.
El Ejecutivo especula además, que en lo que queda de su gestión podría llegar a proponer, por lo menos, a otro ministro de la Corte. La silla apuntada es la del actual presidente, Pedro Llorente, quien ya estaría analizando la posibilidad del retiro tras más de 30 años en funciones. Y como premio mayor, hasta se ilusionan con que algún otro siga los pasos, y no por edad. El rumor de que Palermo se mueve por sus convicciones pero también por posicionamiento personal, les hace perder el sueño a algunos oficialistas. La especie -no confirmada- pero que el Ejecutivo conoce, incluso precisa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que recientemente cuestionó el estado de las cárceles provinciales, u otro organismo internacional, son destinos anhelados (¿y próximos?) para Palermo. “Es sólo una hipótesis. Hoy trabajamos sobre la base de una Corte con Palermo y con Valerio” dicen tajantes en el Gobierno.
Por eso, queda claro que la audiencia pública del miércoles 2 y la sesión secreta del martes 8 determinarán algo más que un juez supremo. “No podés mandar a un cordero para que cuide una manada de lobos. Debés mandar otro lobo para que dispute y lidere, o que al menos salve su propio pellejo”, concluye un radical de peso, no convencido, pero disciplinado.
En Twitter: @LuisAbrego
