Dispuesto a darle un cierre a un tema que amenaza con convertirse en una polémica creciente sobre género, el gobernador Alfredo Cornejo prepara el anuncio del nombre de su postulante a la Suprema Corte en remplazo de Herman Salvini (84).
Al parecer esperará un poco más -no demasiado- para enviar su pliego al Senado.
Todo apunta a que el candidato no será otro que el juez de la Segunda Cámara del Crimen, José Virgilio Valerio (60), tan cercano a Cornejo como el actual procurador de la Corte, Alejandro Gullé.
El anuncio se producirá en momentos en que comienza a crecer una campaña en favor del nombramiento de una mujer en el máximo tribunal que incluye acusaciones en las redes sociales contra Valerio de 'homofóbico' y 'misógino'. Y cuando la propia vicegobernadora Laura Montero -términos respetuosos mediante- salió a propiciar el perfume de mujer para la Corte.
El 18 de febrero de 2015 -en plena campaña electoral- Cornejo, Gullé y Valerio participaron de un acto de homenaje al ex fiscal Alberto Nisman y plantaron un árbol en Godoy Cruz. Veinte meses después uno es gobernador, otro procurador y el tercero está a punto de convertirse en miembro de la Suprema Corte.
El intendente opositor que supo taponar caminos legislativos al gobierno saliente, colocando hombres 'propios' en bancas legislativas, hoy -desde la Gobernación- continúa ubicando hombres 'propios', pero ahora en la Justicia.
Tras Gullé en la procuración y Valerio en la Corte provincial, todo apunta a que próximamente se sumará Gustavo Castiñeira de Dios en la Cámara Federal de Mendoza.
Todos -también el ministro de Seguridad, Gianni Venier- están vinculados al Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Comparado, el espacio de pensamiento que salió a enfrentar al garantismo de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y desde donde se construyó la línea argumental en favor del endurecimiento en las excarcelaciones y en las condenas que viene propugnando el Gobierno provincial.
Hace poco más de un mes, dos delincuentes armados ingresaron a la casa de Valerio en Vistalba y luego de atar a la empleada le robaron artículos de computación, aunque finalmente terminaron detenidos.
Valerio en persona ha sido víctima de la inseguridad que el equipo de Cornejo (con integrantes en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) se ha comprometido a enfrentar.
En noviembre de 2014 Valerio consideró que una decisión de la Corte era “inconstitucional, ilegal, impracticable” y además provocaba “superposición de funciones”.
Se refería a la acordada 26.208 firmada por Pedro Llorente, Omar Palermo y Carlos Bohm que -citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- establecía que los jueces debían llevar a cabo visitas trimestrales a los procesados y condenados en sus lugares de encierro.
“Debemos informar sobre dónde defecan y orinan los reclusos”, se quejó Valerio en esa oportunidad. “Casi tenemos que contar las cucarachas y anotarlas en una planilla que nos dan”, dijo con sorna a un diario de Buenos Aires.
“La ley se aplica y no se interpreta”, considera Valerio.
En el caso Soledad Olivera, desaparecida en Lavalle, votó por la absolución y liberación del acusado Mariano Luque. “El Código de Procedimientos dice claramente que si hay duda, hay que absolver y lo que nos está diciendo (la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) es que en caso de duda, hay que condenar”, refunfuñó Valerio. Y denunció “una tendencia a bajar el estándar de la prueba”.
Su fallo absolutorio de Luque le valió la condena de organizaciones feministas y de derechos humanos, bajo el mote de 'misógino'.
Con los votos de Mario Adaro, Omar Palermo y Herman Salvini en abril pasado la Suprema Corte anuló este fallo por 'arbitrario' y ordenó un nuevo juicio porque “no se consideró las pruebas del caso desde el paradigma de la violencia de género” .
Valerio también tuvo otro fallo absolutorio luego revertido. Fue en el caso del crimen de Alejo Hunau a manos de Diego Arduino (luego condenado a 16 años) por el que fue acusado de “homofóbico”.
