La grieta judicial ya es una batalla campal. El objetivo de las hostilidades es el candidato a ocupar una vacante de la Suprema Corte José Virgilio Valerio; uno de los bandos, con el gobernador Alfredo Cornejo a la cabeza, para sostener la candidatura. El otro, en el que se mezclan kirchnerismo, garantismo y la izquierda, para desestabilizarla.
Las estrategias incluyen desde la redacción de formularios de apoyo o impugnación, distribuidos por correo electrónico o por las redes sociales, hasta una denuncia contra Valerio presentada ante el Jury de Enjuiciamiento.
La denuncia ante el Jury fue realizada por un abogado local, Lucas Gómez Portillo, el martes al mediodía. En el escrito Gómez Portillo reflota una historia reciente: Valerio faltó al debate del caso del hincha de Independiente Rivadavia supuestamente asesinado por un policía, por una licencia médica que no le impidió ir por la tarde a dar clases en la Universidad Nacional de Cuyo.
El debate se anuló. Según la acusación, la ausencia de Valerio ha ocasionado un “desgaste económico y procesal” a la Provincia, sin contar que “al día de hoy, familiares de la víctima del hecho que se investiga en el debate anulado no contamos con una decisión de nuestros jueces”.
Todo vale en esta batalla por la opinión pública para legitimar o deslegitimar al candidato. Todas las estrategias desplegadas para que los medios digan que Valerio es malo o bueno o por la cantidad de gente que dice una cosa o la otra.
El destino del nombramiento se valida en votos y en principio el radicalismo los tiene para la sesión de acuerdo; lo que cuenta es el desgaste de Cornejo por sostener un candidato cuestionado. Para entender de qué se habla hay que explicar que el nombramiento de un juez requiere del “acuerdo del Senado”, que se da en una votación secreta.
Antes de esa votación hay un proceso de validación de la candidatura, que incluye un período de recepción de impugnaciones y adhesiones que, en este caso, culmina esta noche a las 24.
Desde principios de esta semana la mesa de entradas del Senado ha vivido un movimiento inusual. Hasta ayer se contabilizaban 293 presentaciones, 149 a favor y 144 en contra. Un caso único.
La postulación a la Corte de la ex senadora Miriam Gallardo (PJ) no generó tanta participación, apenas 71 adhesiones y ninguna impugnación, y sin embargo no obtuvo los votos suficientes para integrar el máximo tribunal. Julio Gómez, el último ingresante a la Corte, tuvo 316 adhesiones y tres impugnaciones.
Copie y pegue
Los apoyos a la nominación de Valerio fueron convocados por correo electrónico, incluyendo la nota modelo para completar nombre y número de documento. En esa nota se menciona la larga trayectoria del juez de la Segunda Cámara del Crimen, su desempeño como docente y sus cualidades técnicas y morales.
Desde siempre las adhesiones no son lo que parecen. Es la movilización del club de amigos que presenta notas hablando de la honorabilidad y capacidad de una persona para el cargo en juego, afirmaciones que no requieren pruebas porque nadie tiene que justificar su empatía o interés y que evidentemente en el Senado no se toman muy en serio a la hora de votar, como sucedió en el caso de Gallardo.
Las impugnaciones son otra historia. Deberían requerir algún grado de formalización y sustento, porque no es de buen gusto hablar mal de alguien sin fundamentos de peso.
La amplia mayoría de las que se presentaron contra Valerio siguen dos modelos de texto, que fueron “copiados y pegados” para cuestionar al magistrado. Hasta se han visto en las redes sociales convocatorias a ir a buscar las copias de la impugnación en la fotocopiadora de la Escuela de Teatro.
Entre las adhesiones a Valerio se cuentan la de miembros de la Asociación de Magistrados (organismo que el candidato a la Corte supo presidir), defensores oficiales, fiscales y jueces, algunos radicales de paladar negro como Carlos Le Donne y Hugo Duch; del lado de las impugnaciones están la ex titular del SUTE y actual secretaria de Género de CTA Cristina Raso, el titular de la CTA Gustavo Correa, la diputada provincial del Frente para la Victoria Patricia Galván, la candidata a diputada nacional del FpV Tatiana Mussato y Mariana Hellin de la Alianza de Abogados y Abogadas por los Derechos de la Mujer.
Hay un nombre que llama la atención entre quienes impugnan a Valerio: el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Más curioso aún es que su nota de impugnación es casi idéntica a otras tantas que fueron copiadas y pegadas.
Tres casos son usados por los críticos
Hay una impugnación que rompe el molde del “copiar y pegar”: la que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esta entidad consignó largamente cada uno de los causales por los que rechaza el nombramiento de José Valerio en la Suprema Corte de Justicia por homofóbico y sexista.
Se mencionan los casos de Alejo Hunau, Soledad Olivera, Lucas Carrasco (caso que también fue usado para la denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento).
Otro aspecto de la impugnación se refiere a una acordada de 2014 de la Suprema Corte mendocina que Valerio resistió y calificó públicamente de impracticable; en esa decisión la Corte ordenaba a los jueces visitar las cárceles para verificar las condiciones de detención en “cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos”.
En los modelos de copiar y pegar aparecen casi los mismos ítems planteados por el CELS, aunque sin mayor detalle ni argumentación. Uno de ellos se refiere a los casos Hunau, Carrasco y Olivera, agregan a Cinthia Rojas (la mujer que mató a su marido en defensa propia).
La otra nota tipo de impugnación se refiere a la representación de la mujer en el máximo tribunal.
"Puede aportar una visión distinta"
El juez Mario Adaro defendió la postulación de José Valerio para ocupar una vacante en el máximo tribunal de Mendoza: “En la Corte tenemos una visión plural y lo que le puede aportar Valerio es una visión distinta y plural”.
“Esto es para que no crean que la Corte es monolítica y tiene una sola visión sobre el derecho. En ese sentido me parece importante la pluralidad y la democracia en la representación de la Corte”, dijo a Radio Nihuil el ministro de la Corte.
Adaro fundamentó que Valerio puede opinar en materias de seguridad y del derecho penal como gran parte de la sociedad y que esa visión debe estar representada en el tribunal.
“Pero, ojo, no es una postura ideológica. Quien deba dictar sentencia tiene que fundamentarse en las normas constitucionales y legales”, advirtió.
Y para no quedar de un lado ni del otro de la ‘grieta’ judicial, aseguró: “Coincidiendo con el procurador (Gullé) y también con la nota periodística de Pérez Hualde (publicada el domingo en Los Andes), tener posturas abolicionistas o "progre" muchas veces es fácil. Lo difícil es resolver sobre cada caso con mandatos constitucionales, convencionales, eso es difícil y a veces no está a la altura de la expectativa de la sociedad”.
