Pasó casi 4 años en un "freezer" legal que, amparo mediante, frenaba su aplicación. Pero finalmente, el llamado cargo 2.067 que la presidenta Cristina Fernández avaló con un decreto en 2008 para financiar un fondo fiduciario que permitiera solventar la importación de gas natural, finalmente empezará a sumarse en las facturas mensuales de los usuarios residenciales de más de 1.400 metros cúbicos anuales, que superan los 110 mil hogares en Mendoza. Y en quienes, además, recaerá el cobro retroactivo desde su origen.
Esa cifra representa alrededor de 1/3 del total de clientes en la provincia, según los registros de Distribuidora de Gas Cuyana SA, y comprende las categorías R3 2, R3 3 y R3 4. El adicional, cuyo impacto se estimaba en hasta 120%, estuvo hasta ahora congelado gracias a la acción de amparo colectiva interpuesta por entidades de defensa de usuarios, bajo un argumento: debía aprobarse por ley y no por decreto.
Por eso bastó incluirlo en la ley de Presupuesto y que ésta se aprobara. Ahora, Ecogas, así como otras prestadoras regionales, espera instrucciones de la Secretaría de Energía, una vez que, a través del Enargas (Ente nacional regulador del gas) cumpla el trámite de desactivar la medida ante la Justicia para que en próximas facturas desaparezca la leyenda "Alcanzada por medida judicial".
"No tenemos ninguna indicación aún de la autoridad de aplicación sobre la aplicación o el cobro del retroactivo. Pero hay que aclarar que sólo somos agente de percepción; no es un cargo que impacte en la tarifa, es decir, no significa ingreso alguno para la empresa", subrayó una fuente de Ecogas que, como otras distribuidoras, espera novedades al respecto después de varios años de cuadro tarifario congelado.
Ahora, la incógnita por dilucidar es cuándo el Gobierno bajará la orden de cobrarlo. Y sobre todo, cómo aplicará la retroactividad, también a las empresas para las que el alcance es dispar. Este diario consultó tanto al ente regulador como a la Secretaría de Energía en Buenos Aires al respecto, pero la respuesta fue una sola: silencio.
Acción de inconstitucionalidad
Cabe aclarar que, de los 360 mil clientes de Ecogas, casi 250 mil quedan excluidos de la decisión. A los segmentos que sí alcanza el cobro de importación llega casi el 48% de la asignación de inyección de gas total; son, por otra parte, los que más pagan por metro cúbico (entre $ 0,19 y $ 0,24).
De acuerdo con la recategorización de usuarios estipulada por el decreto 2067 (Resolución Enargas 1409), existe una reclasificación móvil en base al período de consumo a facturar y 5 anteriores, por la cual un usuario puede "saltar" de rango de un año a otro. El mecanismo para aportar recursos a un fondo fiduciario destinado a solventar la importación "para atender la demanda interna", con el que la entidad de defensa del usuario, Protectora, impulsa una acción de inconstitucionalidad.
Mario Vadillo, asesor legal de Protectora, explicó que "el objetivo es anticiparse a cualquier presentación del Gobierno: estamos pagando obras de infraestructura que pueden no ser de gas, como tampoco corresponde el pago retroactivo; el decreto regía hasta ahora, la ley tiene vigencia hacia adelante. En el caso de Mendoza hay otros argumentos: los cambios climáticos inciden en las facturas, teniendo en cuenta que el cargo toma promedios históricos, lo que hace que algunos usuarios aparezcan como derrochadores cuando no lo son. Por eso, no se trata de subvencionar a gente rica".
