La señora Presidenta de la Nación conoce muy bien el tema porque fue la principal impulsora de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa norma legal -cuestionada por la oposición y presionada hasta lograr su aprobación por el oficialismo- determina en su artículo 75: “El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios”.
La lamentable muerte del fiscal Alberto Nisman y la fuerte repercusión que tuvo en la sociedad generó una situación “grave, excepcional y de trascendencia institucional” que ameritaba la utilización de la Cadena Nacional por parte de la jefa del Estado.
Luego de una semana de silencio, en la que sobresalían las contradicciones por parte de importantes funcionarios nacionales, Cristina Fernández de Kirchner la utilizó por primera vez no para referirse a la muerte del fiscal o a las graves implicancias institucionales sino para “despegar” al Gobierno de algún tipo de culpabilidad. Intentó presionar sobre la Justicia lanzando datos y cifras absolutamente equivocadas, que fueron luego desmentidas por la fiscal que se hizo cargo del caso (en lo referido a la forma en que Nisman retornó de Barcelona) y luego por el abogado defensor de Diego Lagomarsino (cuando hizo alusión a que el joven había decidido pedir el pasaporte para viajar fuera del país). Fueron tantas y tan burdas las contradicciones y los errores que esa primera utilización de la cadena le terminó jugando en contra.
Fiel a su estilo, la Presidenta decidió redoblar la apuesta y, pocos días después, sin que existiera alguna nueva “circunstancia excepcional” volvió a utilizar la cadena.
Esta vez fueron 62 minutos para hablar de cualquier cosa sin decir nada. Para inaugurar “flamantes y modernas formaciones de trenes” (hasta se equivocó de la estación en la que se encontraban); para anunciar un aumento a jubilados que está establecido por ley y que se podrá cobrar recién en abril (porque el incremento rige desde marzo); para firmar un acuerdo de desendeudamiento con 17 provincias que quedaron endeudadas por el manejo unitario del Poder Ejecutivo nacional en la distribución de los recursos federales y para suscribir una concesión de obras en un pequeño aeropuerto, el de Trelew.
Gran parte del espacio lo utilizó para destacar que hacía los anuncios “más importantes de la historia” y destacó el veraneo de los argentinos, ubicándolo como un termómetro para demostrar que la gente está feliz y que todo está perfecto. Al igual que en la primera oportunidad, la jefa del Estado apareció en silla de ruedas, en un hecho llamativo en razón de que sólo dos días después, el viaje a China logró el milagro de que pudiera caminar muy bien para poder realizar la revista de tropas junto a su par chino, durante uno de los actos oficiales.
Pero la señora Presidenta no podía desaprovechar la oportunidad que le brindaba la Cadena Nacional y la utilizó no para referirse al caso Nisman sino para hacer mención a ella misma. Le respondió a un directivo de la Asociación de Fiscales -que le había reclamado moderación en sus palabras para no entorpecer la causa judicial- y dijo que, como todo argentino y como lo dice la Constitución, tiene derecho a hacer conocer sus ideas.
Lo que no tuvo en cuenta la señora es que no todos los argentinos pueden tener acceso a una cadena nacional para ser escuchados por todos, absolutamente todos, porque ningún medio puede obviar la Cadena Nacional. La otra alusión estuvo referida al pedido de que los argentinos no permitamos que nos trasladen la “mugre internacional”, en referencia al conflicto de Oriente Medio.
La señora Presidenta de la Nación ha demostrado a lo largo de su gestión que ha hecho un uso y un abuso inaceptable de la Cadena Nacional. Pero lo grave de los últimos tiempos es que, por su propia condición de jefa del Estado, trata de influenciar en una cuestión como la muerte del fiscal Nisman y el atentado a la AMIA que exigen otro tipo de consideración de parte de quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos del país.
