Días atrás, y a raíz de una mala planificación, se ordenó el pago de varias prestaciones en forma simultánea a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintos planes sociales. Pero, además, se dispuso la apertura de los bancos para muchas personas, sobre todo jubilados, que no tengan tarjeta de débito o que, teniéndola, están acostumbrados a ser atendidos por los cajeros humanos.
Por otra parte, y debido a que varios bancos ampliaron la posibilidad de extracción por cajeros automáticos, más personas aprovecharon para retirar la totalidad de sus haberes a sin de tener todo el efectivo consigo, en tiempos donde no hay muchas chances de gastar, salvo en alimentos o medicamentos.
Lo que quedó claro es que hay un alto porcentaje de la población que prefiere tener el efectivo en su poder. Datos estadísticos muestran que el 75% de las compras se pagan con dinero efectivo, mientras que el resto opta por tarjetas de débito o crédito. Datos de grandes cuentas nacionales revelan que solo el 20% del PBI pasa por el sistema financiero.
Esta realidad puede tener varias interpretaciones pero es la consecuencia de que los argentinos no les creen a los gobiernos y no les creen a los bancos. Además, muchos aprovechan para escapar del control para eludir impuestos.
Hasta la década de los ‘80, casi no se usaban cajeros automáticos. Las personas cobraran sus salarios en efectivo, pero las empresas hacían sus pagos de proveedores con cheques.
El sistema funcionaba relativamente bien, aunque la evasión de impuestos es tan antigua como la humanidad.
A fines de esa década, con la explosión de la hiperinflación, las personas comenzaron a deshacerse de pesos para ahorrar en dólares, gimnasia adquirida en la época de Martínez de Hoz. Y otros aprovechaban las exorbitantes tasas que pagaban los bancos para hacer plazos fijos, por cuenta y orden del banco Central.
El 31 de diciembre de 1989, el entonces ministro de economía, Antonio Erman González, anunció la confiscación de todos los plazos fijos y su reemplazo por un bono (Bonex 89) con un plazo de pago de 10 años. Los que tenían ahorros quedaron muy golpeados, aunque la Justicia avaló al gobierno de Menem invocando la Teoría de la Emergencia.
A partir de dicha confiscación, muchos argentinos comenzaron a desconfiar ya que ante cualquier crisis, el gobierno podía hacer cualquier cosa. Por eso, desde entonces, cada vez que hay algún problema surge la duda acerca de si confiscarán o no las cajas de seguridad.
Mientras la inflación fue haciendo añicos la confianza en la moneda nacional, la gente prefirió ahorrar en dólares. Para reactivar la economía, con la Convertibilidad, el gobierno reconoció valor legal a la circulación de dólares y aceptó hacer plazos fijos en esa moneda.
Y llegó el mazazo final a la confianza con el “corralito”, donde los mismos bancos se negaron a reconocer los ahorros y le puso punto final a la tolerancia de la sociedad.
El gobierno y los bancos perdieron toda la confianza y las personas prefirieron tener la plata en su casa, a pesar de los riesgos a su seguridad. Nuevamente se había violado el derecho de propiedad
Todo esto se vio abonado en el mismo periodo cuando el mismo gobierno nacional comenzó a emitir cuasimonedas y alentó a los gobiernos provinciales a hacer lo mismo. Fue la consagración de la economía informal
Todo esto nos muestra el daño que la clase política y los banqueros le han hecho a una institución tan sagrada como es la moneda, que funciona en base a la confianza. La inflación no es gratis. La emisión de moneda sin respaldo hace un daño que deja secuelas por generaciones.
Las violaciones a las instituciones ponen en riesgo a la misma democracia. Que los jubilados no quieran usar medio electrónicos es la consecuencia de las violaciones. Es responsabilidad de la clase dirigente restaurarla, pero eso llevará mucho tiempo.
