La democracia da el derecho a expresarse siempre sin avanzar sobre los derechos de los demás. Pero lo que está sucediendo en la Argentina, especialmente en la Capital Federal y el conurbano bonaerense y que, poco a poco, está alcanzando al interior del país, es ciertamente preocupante.
El peligro es que este tipo de modalidad se va profundizando en su metodología y, como sucedió en las últimas marchas, atacaron edificios públicos, incendiaron sedes partidarias y pronunciaron discursos con un alto contenido político y con frases destituyentes, como en los actos conmemorativos del golpe de Estado de 1976. Frente al actual panorama, urge la necesidad de ordenar las protestas, de establecer la búsqueda de nuevas metodologías para la solución de los conflictos y de crear conciencia en la población de que la mejor forma de expresarse sobre la actual gestión de Gobierno es a través de las urnas, a las que concurriremos en pocos meses más.
Los hechos muestran que la metodología de “ganar la calle” es la que priorizan los sectores más radicalizados de las organizaciones sociales y, en el plano político, por partidos de izquierda y grupos que adhieren al kirchnerismo. Lo hacen con actitudes que eran desconocidas hasta no hace mucho tiempo pero que en los hechos terminan dando los resultados buscados, como es el hecho de que la protesta tome estado público a través de los medios masivos de comunicación.
Así entonces, no tienen problemas en instalarse con carpas en plena avenida 9 de Julio en la Capital Federal para reclamar planes sociales; en montar escenarios en la Plaza de Mayo cortando todos sus accesos o en organizar reclamos portando un símil de helicóptero, dirigido a Macri, para recordar cómo dejó su cargo el ex presidente De la Rúa.
El gobierno de Macri, que había prometido en su campaña electoral que terminaría con este tipo de irregularidades, parece no haber encontrado el camino para alcanzar ese objetivo. Ha pasado más de un año de su gestión y el problema no sólo no se ha resuelto sino que se ha profundizado. Resulta evidente entonces que el temor a que se repita lo sucedido con Kosteki y Santillán en el puente Avellaneda, tiene un peso más que importante sobre las decisiones, tal como ha denunciado la diputada Elisa Carrió.
Días pasados, se supo que Mauricio Macri reclamó a sus funcionarios y al jefe de Gobierno porteño un nuevo plan para controlar los piquetes. “El debate de fondo es cómo podemos lograr que los movimiento sociales, sindicales y políticos puedan peticionar tratando de afectar lo menos posible al resto de la sociedad”, dijo el secretario de Seguridad, mientras la ministra Patricia Bullrich señaló que “vamos a actuar. Cuando actuemos no entremos en la paranoia argentina. Si actuamos porque actuamos y si no actuamos porque no actuamos. Actuar con decisión puede tener ciertas consecuencias, pero esas consecuencias no significan que vaya a haber un muerto”.
Sin embargo, esa intención del Gobierno da de bruces con algunos proyectos -insólitos- presentados en el Congreso, como el de una diputada del Movimiento Evita, que propone la creación de una comisión bicameral para que actúe de mediadora; que sólo se castiguen los piquetes cuando pongan en peligro la integridad de las personas y una amnistía general para todas las personas que estén siendo juzgadas por una protesta social.
Advertido de la situación y para evitar que a ellos les suceda lo mismo, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, firmó un decreto por el que prohíbe las protestas mediante piquetes con cortes de rutas o calles. Sostiene la necesidad de preservar la libre circulación de las personas y autoriza a la autoridad policial para garantizar el orden público y la tranquilidad. El gobierno uruguayo se anticipó al problema y, en el caso nuestro, con los inconvenientes ya instalados, debe buscarse una solución que permita terminar con este tipo de cosas en un sistema democrático como el que los argentinos estamos dispuestos a defender.
