Desde el comienzo del gobierno de Cambiemos se estructuró un gabinete con una veintena de ministerios, la responsabilidad de la elaboración y ejecución de la política económica quedó distribuida en varios ministerios y secretarías de Estado. Además se restableció, con acertado criterio, la independencia del Banco Central, quedando a su frente un economista de relevantes antecedentes y personalidad, dispuesto a que la autonomía del organismo fuese una realidad.
En un país con una larga historia en la que la política económica solía estar en una sola mano, generalmente el ministro más importante del gabinete, esta nueva forma de organizar el manejo de la economía sonaba extraño. Tanto por el lado de experimentados economistas, como de diversos sectores empresarios, se reclamaba que era conveniente tener un interlocutor y no varios. Posiblemente el Presidente quiso evitar lo que había ocurrido en gobiernos anteriores, donde el primer mandatario parecía depender del ministro de Economía.
Desde el gobierno se insistió en este esquema institucional, con más semejanzas con la organización de una empresa grande que con los tradicionales gobiernos de nuestro país. Esquema que, por otra parte, posibilitó que las acciones de lobby se hicieran más difusas, donde algunos sectores parecían tener mejores interlocutores que otros. Pero el núcleo central del problema, cierta falta de coordinación, se hizo cada vez más evidente. En particular entre la política monetaria del Banco Central y la política fiscal, que se repartía entre varios ministerios. Fijadas las metas de inflación por el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, diseñadas para una reducción gradual pero intensa de la tasa de inflación, el Banco
Central las asumió y aplicó los instrumentos disponibles para alcanzarlas. Básicamente fueron las tasas de interés, en particular de las letras (Lebac), utilizadas para absorber la abundante liquidez que generaban las diversas formas de financiamiento del abultado déficit fiscal. Estas tasas, durante estos dos años, han sido altas, en el último claramente positivas, es decir por encima de la inflación.
En tanto se estableció un tipo de cambio flotante y, progresivamente, se fueron eliminando todas las restricciones a la compra y venta de moneda extranjera, finalizando recientemente con la obligación de ingresar las divisas producto de la exportación. Medida extremadamente importante, en un país donde los gobiernos por décadas consideraron que las divisas eran propiedad del Estado y no de las empresas que las generaban.
Así las cosas, mientras la política monetaria lucía clara y precisa, con información semanal sobre sus acciones, no ocurría lo mismo sobre la política fiscal y de comercio exterior. En este último caso la eliminación de las retenciones y regulaciones que trababan las exportaciones fue importante, pero de todos modos la apertura de la economía ha sido lenta y condicionada notoriamente por los sectores y grupos de interés siempre demandantes de protección. En el caso de la política fiscal el gobierno puso en marcha una política de gastos, presionado por el temor de que se generaran problemas sociales, que implicó que el déficit fiscal creciera y con él las necesidades de financiamiento. No pudiendo recurrir a la emisión monetaria, como había hecho por varios años la administración anterior, puso en marcha una política de endeudamiento interno, pero sobre todo externo, favorecido por una coyuntura internacional de abundancia de capitales, bajas tasas de interés y recuperación de la confianza en el país.
Estas medidas produjeron contradicciones evidentes entre la política fiscal, el déficit, el endeudamiento y los propósitos de la intención del Banco Central de reducir la inflación. En dos variables de la economía se fueron acumulando problemas serios, de un lado la abundante entrada de dólares se tradujo en retraso del tipo de cambio, afectando seriamente las exportaciones de las economías regionales. Por otro, las altas tasas de interés golpearon especialmente a las pymes, que se financian en el mercado interno. Estas contradicciones son las que el gobierno trata de superar con los recientes anuncios de modificación de las metas de inflación y baja de las tasas. El anuncio implica el compromiso de todo el gobierno de dar coherencia a la política económica.
