En la era de las comunicaciones, la sucesión de noticias que se reciben desde todas partes del mundo generan que la población mantenga la atención, en el plano inmediato, en situaciones que muchas veces están alejadas de su realidad.
Pero al final del día, cuando cuenta con el tiempo suficiente como para hacer un balance de lo ocurrido, los temas cotidianos que los afectan son los que terminan ganando su atención.
Si bien es cierto que en los últimos días la situación económica, la inflación, las suspensiones de personal y los cierres de fábricas y comercios están ganando su preocupación, no es menos real que hay otro tema, el de la inseguridad, que genera inquietud y miedo.
Esencialmente, porque se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de hechos delictivos, porque ya no hay zonas seguras y porque la violencia con que actúan los malvivientes demuestra que, para muchos de ellos, la vida humana no tiene valor.
No se trata de un tema nuevo y tampoco que afecte sólo a la Argentina. Un estudioso en el tema señaló días pasados que la seguridad es, desde 2010, la principal preocupación de los latinoamericanos, superando inclusive a las inquietudes económicas o políticas, destacando en ese marco que en el caso de la Argentina la inseguridad encabezó las encuestas y los reclamos populares como principal problema.
Dice, entre otros conceptos, que en nuestro país la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es sensiblemente menor que en el resto de América Latina, pero advierte que entre 2005 y 2011 la Argentina fue el país con mayor tasa de robos, en su gran mayoría violentos, que involucraron armas de fuego.
Por ese motivo también, varios segmentos sociales expresan niveles de temor y desconfianza muy superiores a la media latinoamericana.
A nivel nacional, las cifras son alarmantes. Se han multiplicado los delitos pero hay un dato que resume la seriedad del tema: en lo que va del año, ya hubo 23 menores asesinados en hechos de inseguridad urbana, otros nueve sufrieron graves heridas en situaciones vinculadas con el delito, mientras al menos 7 chicos vieron morir a sus padres en asaltos o entraderas.
Hasta se dio el caso de un bebé de sólo un mes de vida que recibió un puntazo en la espalda durante un robo.
En el caso de Mendoza, la inseguridad afecta a todos los sectores de la sociedad. Los asaltos y robos a mano armada se producen cada vez más en centros comerciales a los que concurre gran cantidad de gente y que cuentan con servicios privados de seguridad, como sucedió días pasados en un shopping de Dorrego.
También crece en zonas rurales que hasta no hace mucho se consideraban más protegidas naturalmente en razón de que los vecinos se conocen y toman mayores precauciones cuando observan el paso de desconocidos.
En nuestra provincia no se ha llegado, por el momento, a los niveles de violencia que se alcanza en algunas zonas de la Capital Federal o el conurbano bonaerense, pero tampoco puede asegurarse que esta situación se mantendrá, en razón de que, especialmente en el Gran Mendoza, estamos comenzando a sufrir los mismos inconvenientes que las grandes ciudades.
No se puede señalar que las autoridades se hayan quedado de brazos cruzados ante lo que está sucediendo, pero sí puede afirmarse que las medidas que se adoptan no alcanzan para solucionar o al menos suavizar la situación, como tampoco se vislumbra una estrategia a largo plazo, de la que debe participar toda la clase política en general, porque es un tema en el que está en juego el futuro de la sociedad.
Las advertencias, como el caso reciente de la Iglesia Católica, se suceden y la inquietud y preocupación se incrementan. Es el momento de actuar.
