La encuesta exclusiva que una consultora local procesó para Los Andes días pasados, dejó datos contundentes: la inseguridad preocupa a 90,83% de los mendocinos, superando por un amplio margen a la inflación (56,38%) y al desempleo, que alcanzó 46,04%.
Números que inquietan si nos atenemos al hecho de que la situación económica, con una inflación creciente e incontrolable y con la posibilidad de cierre de fuentes de trabajo pendiendo como una espada de Damocles en el corto y mediano plazo, deberían figurar a la cabeza de las respuestas de la población.
Razones no faltan a los mendocinos para preocuparse por la inseguridad. No hay habitante en la provincia que no haya sufrido directamente o un familiar cercano algún tipo de delito, aspecto al que hay que sumarle que los malvivientes ejercen cada vez mayor violencia para alcanzar sus objetivos y no tienen reparos en utilizar armas de fuego porque, para ellos, la vida de un semejante tiene cada vez menor valor.
Frente a ese panorama más que preocupante, las leyes no se han adaptado a la actual situación y parecieran no alcanzar para arribar a algún tipo de solución.
No estamos hablando de “mano dura” sino de normas legales que comiencen a poner límites, en la intención de priorizar la prevención por sobre la represión.
La encuesta no hizo más que ratificar los datos aportados por un trabajo desarrollado por quienes se encuentran a cargo del Centro Estratégico de Operaciones, encargado de recibir los llamados al 911, donde se indicó que el organismo recibe más de 700 llamados por día para denunciar robos y asaltos, los que en su gran mayoría se realizaron ejerciendo violencia.
Además, los delincuentes se han multiplicado a lo largo y a lo ancho de la provincia, “saliendo” inclusive de los centros poblados para accionar en zonas rurales, donde suelen actuar con mayor libertad por la distancia entre una vivienda y otra, lo que les permite también ejercer violencia física y psíquica a las familias prácticamente desamparadas.
Un tema también a considerar se centra en cómo el delito golpea psicológicamente a quien es asaltado. Especialistas destacan que la falta de adecuación a las normas e instituciones se ha potenciado en los últimos años y ha alimentado una sensación de impunidad entre quienes cometen los delitos, mientras que las víctimas se sienten desamparadas e impotentes y hasta se ve afectada su vida familiar y social porque, por la falta de garantías, la inseguridad se ha vuelto tan recurrente que ha traspasado a la esfera de lo habitual.
La inseguridad es un problema complejo que trasciende la actividad de los organismos específicos porque abarca también aspectos sociales y que afecta no sólo a Mendoza y la Argentina sino que es uno de los principales aspectos a resolver en los Estados de América Latina y El Caribe, tal como surgió del informe sobre Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue presentado días atrás en la Universidad Nacional de Cuyo.
Si bien es cierto que quien gobierna es el principal responsable, esa responsabilidad abarca también a la clase política en general porque no es un problema nuevo sino que viene de años y cuya solución también trascenderá a una simple gestión gubernamental.
