Las prestaciones para personas con discapacidad de aquellos que no cuentan con ninguna cobertura se encuentran en riesgo. Es que desde el programa Incluir Salud que depende de la Nación, no se les paga a los distintos proveedores desde hace por lo menos 6 meses, más un 20% de varios meses de 2017, además de no haber actualizado el valor de gran parte de los servicios. Se trata de un problema a nivel nacional que afecta a unos 1.255 mendocinos que asisten a 48 instituciones (centros terapéuticos, de rehabilitación, entre otros) que tienen convenios directos con la Agencia Nacional de Discapacidad, según la delegación local del programa. Además hay que sumar a unos 300 a los que se les abona la diálisis.
Si bien la mayoría de los establecimientos están haciendo esfuerzos para seguir brindando las prestaciones, hay otros que han dejado de recibir a los pacientes, tal como alertaron desde la Defensoría de las Personas con Discapacidad. "Hemos recibido denuncias de personas que no pudieron acceder a sus tratamientos de rehabilitación o que tienen problemas con el transporte", expuso Juan Carlos González, titular de la Defensoría. De hecho reconoció que el problema no ha sido mayor gracias a la buena voluntad de los prestadores, que aun sin cobrar siguen brindando los servicios.
Más allá de recibir las denuncias, desde la Defensoría están avanzando en distintos frentes para que se regularicen los pagos: actuaciones administrativas, pedido de informes, articulación con las defensorías del pueblo de las provincias y la de la Nación, entre otras.
En la Asociación Mendocina de Actividades para Discapacitados (AMAD) atienden alrededor de 40 pacientes del programa Incluir Salud, pero desde enero no reciben el pago por los mismos, a lo que se le suma una deuda de un 20% de cuatro meses del año pasado. Desde allí explicaron que la mayoría de este tipo de instituciones se financia con el pago de obras sociales provinciales, nacionales y el programa Incluir Salud. "Este último es el que tiene deuda mayor. Además, por la realidad económica del país las obras sociales han ido dilatando sus pagos hasta 120 y 180 días por lo que cada vez se nos hace más difícil", aseguraron allí.
Remarcaron además que a pesar de no recibir dinero por gran parte de sus servicios, siguen funcionando y contrayendo deudas propias con proveedores, empleados y con la AFIP. "Desde allí, cuando nos reclama un mes lo hacen con intereses, por lo que la balanza no se inclina a nuestro favor", se lamentaron. Anticiparon que si la situación continúa se podría llegar a la desaparición de este tipo de instituciones, con las consecuentes pérdidas de fuentes de trabajo y de posibilidad de prestaciones para los pacientes. Detallaron además que la entidad está respaldada por una entidad católica, por lo que la intención nunca es cortar los servicios. "Hacemos todo lo posible para seguir atendiendo, pero también hay límites", reconocieron.
Lilia Lira, responsable del centro educativo terapéutico Newen, aseguró encontrarse en una situación similar a la de AMAD. En su caso, desde el programa Incluir Salud le hicieron el último pago en marzo y además le deben el 20% de agosto a noviembre. "Acá recibimos cinco niños del programa y no hemos cortado la prestación. Si bien es muy difícil la situación nos sostenemos con lo que cobramos de las obras sociales", manifestó.
Si no fuese por esos otros aportes la mujer no podría solventar los gastos de los terapeutas, impuestos, entre otros. “Es una situación gravísima y realmente lamentable que tengan que pagar las criaturas que son las que más lo necesitan”, aseveró la mujer.
Además de las instituciones, también se ven afectados por las deudas nacionales los transportistas que trasladan a las personas con discapacidad.
Rodolfo Rubinstein, delegado de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad, contó que a ellos no les pagan desde diciembre del año pasado. "Nos deben todo el 2018, pero además no actualizaron el valor por kilómetro recorrido, por lo que tenemos que facturarles lo mismo que en 2017 con la situación actual", denunció el hombre, quien aseguró que se encuentran en un estado totalmente crítico. "Porque el gasoil aumenta una o dos veces por mes y todos los sindicatos tuvieron sus ajustes", enumeró. A pesar de la situación, Rubinstein aseguró que hacen todos los esfuerzos para no dejar sin traslado a los pacientes. "Si les cortás el traslado no tienen tratamiento, y la verdad que es muy delicado", reconoció.
Explicación oficial
El coordinador de la Unidad de Gestión Provincial (UGP) del Programa Incluir Salud en Mendoza, Juan Manuel García, reconoció los atrasos en los pagos y aseguró que desde Nación adelantaron que comenzarán a ponerse al día desde este mes.
El funcionario detalló que el Programa Incluir Salud tiene 35.000 beneficiarios en Mendoza y se trata en su mayoría de personas con discapacidad que no están aseguradas por ninguna obra social o prepaga. "Este programa de salud brinda, con aportes nacionales de la Agencia Nacional de Discapacidad, prestaciones e insumos, pero actualmente hay un retraso en las transferencias de la Nación", explicó. Detalló además que la principal mora se da entre la Agencia Nacional de Discapacidad y distintas instituciones que le prestan servicio, a las que le pagan de forma directa. "Ese dinero no lo mandan a la UGP y sólo podemos intervenir pidiendo que aceleren los pagos, pero no tenemos otro rol", aseguró García. En este sentido informó que son 48 los establecimientos afectados (que tratan a 1.255 mendocinos), a los que se les suman más de 300 centros de diálisis.
Adelantó además que desde la Agencia se comprometieron ante funcionarios del Ministerio de Salud a regularizar los pagos a partir de setiembre.
Por otra parte, aclaró que ellos sí reciben dinero de la Nación para pagar instituciones e insumos aparte, pero que no son las que se encuentran comprometidas, ya que sólo tienen un atraso de 20 días, que se suman a los 90 días habituales.
Los centros de diálisis no recibirán nuevos pacientes
La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) informó que a partir de hoy los centros de diálisis de todo el país dejarán de recibir nuevos pacientes del programa Incluir Salud debido a las deudas millonarias que el gobierno nacional mantiene con ellos.
Puntualmente en Mendoza son 11 centros, de los 180 de todo el país, que atienden un total de 349 personas que no poseen otra cobertura de salud pero necesitan dializarse periódicamente. "Es la primera medida a tomar en función de la crisis que están sufriendo los centros, que se relaciona con la falta de pago y la insuficiencia del valor del módulo. Estamos hablando de una deuda de más de 228 millones", explicó Darío Zapata, presidente de Cadra. Aseguró además que pese a la mora los pacientes ya ingresados seguirán siendo atendidos porque si "se interrumpe la diálisis los pacientes pierden la vida". "Todos los meses tenés nuevos ingresos, será cuestión de ver cómo resuelven la necesidad de esas personas en efectores públicos, porque nuestros centros no están en condiciones de seguir recibiendo gente", se lamentó.
