Horacio Corbacho (56) es uno de los dos sacerdotes detenidos por los abusos a chicos hipoacúsicos y no oyentes denunciados en el instituto Antonio Próvolo (Luján de Cuyo).
Sobre él, al igual que ocurre con los otros cuatro detenidos, recae la imputación de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores”.
Sin embargo, y más allá de que hasta el 30 de noviembre -cuando fue detenido- se desempeñaba como cura en el establecimiento, en la Dirección Nacional de Culto Católico no tienen ningún registro sobre Corbacho como sacerdote o integrante de la orden.
Así se desprende de la información aportada por el organismo nacional al presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación, Julio Cobos.
Asimismo, la Dirección de Culto reportó que el Próvolo goza de personalidad jurídica reconocida por la Iglesia Católica, y de personalidad jurídica civil, mediante su inscripción en el Registro de Institutos de Vida Consagrada que se encuentra bajo la órbita eclesiástica.
Cobos remitió a Sidoti el jueves un informe con las respuestas y datos aportados por la Dirección Nacional de Culto Católico ante la requisitoria por la situación del instituto y de los dos curas involucrados (a Corbacho se le suma Nicola Corradi -82-).
De esta información se desprende un dato más que llamativo: de Corbacho, quien era presentado como uno de los curas del instituto lujanino, no existe ningún registro o información en la Dirección de Culto.
Es decir, no está inscripto como sacerdote habilitado para esa dependencia. “Con respecto al padre Horacio Corbacho, no hay datos acerca de su permanencia al Instituto que nos ocupa y por ende no hay registros de su trámite de ingreso al país, ni de su residencia en el país”, se lee en el documento firmado por el director de Culto, Luis Saguier Fonrouge.
Respecto a Corradi, se destaca que ingresó al país antes de 2002, año en que se tramitó la inscripción de la Compañía de María -esta es la razón social del Instituto Próvolo- en el Registro de Institutos de Vida Consagrada.
De esta manera, el área comandada por Saguier Fonrouge sostiene no haber tenido intervención en el trámite de ingreso al país del octogenario sacerdote, ni en su permanencia y radicación en Argentina.
Sobre Próvolo, en el documento se destaca que ingresó oficialmente al registro el 4 de abril de 2003, y repite que está bajo la órbita del Arzobispado de Mendoza.
Esto último hecha por tierra el argumento de la Diócesis local, que desde un principio intentó despegarse del escándalo manifestando que el control y las decisiones que se tomaban en el Próvolo eran facultad del Vaticano.
“Lo llamativo es que más allá de que Corradi llegó al país antes de que se registrara el Próvolo en la Dirección de Culto, ya tenía las causas iniciadas en Italia por abusos a menores.
Pero esto en ningún momento fue impedimento para que entrara o saliese de Argentina, algo que hizo en reiteradas oportunidades”, destacó una fuente de la investigación de los abusos.
La investigación
En lo que a la causa se refiere, durante los últimos días algunos ex alumnos y familiares de éstos que han sido citados por el fiscal Fabricio Sidoti -de sus testimonios en las cámaras Gesell se desprenderá si son testigos o víctimas- denunciaron haber recibido amenazas anónimas a sus teléfonos e, incluso, haber sido amedrentados por trabajadores del establecimiento en las redes sociales para que no incriminen a los acusados.
Ya son 25 las víctimas que denunciaron haber sufrido abusos sexuales y corrupción de menores, todos chicos y adolescentes que pasaron en algún momento de sus vidas por el albergue dependiente de la orden religiosa.
En las denuncias que integran la causa hacen referencia -entre otros episodios espeluznantes- a que uno de los administrativos detenidos tuvo relaciones sexuales con un perro frente a los chicos, que una chica fue atada a una reja para ser violada y cómo los obligaban a practicarles sexo oral a ellos y a otros alumnos.
La DGE dice que los alumnos del Próvolo tendrán clases
Autoridades de la DGE pasaron ayer por la Legislatura para explicar la situación del Instituto Próvolo, la intervención de la cartera en el caso y el destino de los alumnos de la escuela.
La directora de Educación Privada, Beatriz Della Savia, indicó que “en el barrido que se hizo desde el año 2000 no hubo denuncias sobre el Próvolo en la DGE”.
Además, señaló que cualquier escuela debe denunciar un hecho de estas características. “Es una obligación legal que está fuertemente sancionada, y eso no tiene nada que ver con la religión. Cualquier docente que detecte un caso tiene la obligación de denunciar”, expresó la funcionaria.
En cuanto al destino educativo de los chicos, desde la DGE aseguraron que se garantizará la escolaridad de los alumnos. “El Estado debe ahora garantizar el derecho de los niños a tener oferta educativa, y por lo tanto, las acciones que se tomen también tendrán que ver con el avance de la causa judicial”, acotó Della Savia.
Asimismo, los funcionarios dijeron que inmediatamente de conocido el caso se solicitó a la Justicia la prohibición de acercamiento de la orden religiosa con los alumnos del instituto y a su vez, de manera preventiva, se decidió que la supervisión correspondiente se instalara en la institución hasta el final del ciclo lectivo 2016 y que se conformó un equipo de contingencia ante los casos que pudieran surgir espontáneamente.
En la reunión se hicieron presentes algunos padres y docentes del Próvolo.
Amenazan a víctimas y familiares
Esta semana comenzaron las declaraciones por Cámara Gesell con las que el fiscal Sidoti reunió el testimonio de más testigos de la causa. Aquí surgieron 3 nuevas víctimas que se quebraron, entre ellas un joven que confesó haber sido abusado por 4 de los imputados mientras estuvo en el albergue.
Según trascendió, durante las últimas horas varios testigos que están en la lista de Sidoti y aún no pasan por la Cámara Gesell recibieron llamados en sus teléfonos fijos y celulares (desde números bloqueados o desconocidos en este último caso).
Y cuando atendían, desde el otro lado los identificaban por sus nombres y luego sentenciaban la comunicación con un “callate” o “dejá de mentir” antes de cortar.
También acusaron haber recibido mensajes de trabajadores del Próvolo intentando amedrentarlos en los muros y mensajes privados de Facebook, siempre con el objetivo de que no incriminen más a los imputados Corradi, Corbacho, Jorge Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez (estos últimos tres, administrativos del instituto).
