Unifican proyectos para proteger a docentes que sufren violencia

La DGE y legisladores acordaron crear una sola normativa que disponga penas y multas tanto para quienes agredan a personal de las escuelas como para los padres que de manera reiterada no cumplan con los horarios de entrada y salida.

Unifican proyectos para proteger a docentes que sufren violencia
Unifican proyectos para proteger a docentes que sufren violencia

La directora General de Escuela, María Inés Abrile de Vollmer, fue a la Legislatura a reunirse con los integrantes de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Allí analizó distintos casos de violencia ocurridos en los últimos días en establecimientos educativos de la provincia y, además, el encuentro sirvió para consensuar un solo texto para los tres proyectos de ley que existentes en la Cámara Baja referidos a modificaciones al Código de Faltas en relación a la violencia que sufren los docentes.

Se trata de las iniciativas de Tadeo García Zalazar (UCR), que preside la comisión de Educación, de Jesús Riesco (PD), y una tercera del Poder Ejecutivo que dispone penas y multas tanto para quien cometa una agresión al personal docente y no docente con desempeño en escuelas provinciales, como para aquellos padres que de manera reiterada e injustificada no cumplan por ejemplo, con los horarios de ingreso a clases y retiro de los menores luego de finalizado el horario escolar.

García Zalazar explicó que la reunión giró en dos ejes, uno relacionado con los casos de violencia escolar -en algunos de los cuales hay secreto de sumario- y las acciones llevadas adelante por la DGE, y por otra parte, los proyectos de ley que abordan esta problemática.

Además se habló de todas las acciones que está tomando la DGE. “Concretamente queríamos tener información sobre la evaluación que (la DGE) hace sobre el protocolo para los casos de violencia en las escuelas y sobre todo se trabajó en algunas propuestas que también hay de distintos legisladores para generar acciones en el largo plazo, que tienen que ver con un Observatorio de la convivencia escolar y otros programas que hay para la protección del docente y las nuevas problemáticas emergentes, como por ejemplo el bullying”, explicó.

Así, García Zalazar dijo que: “Hemos visto una buena voluntad de consenso de parte de todos los partidos que integran la comisión de Educación así como del Poder Ejecutivo para tratar de unificar estos proyectos de ley de modificación del Código de Faltas y de trabajar en todas las medidas que hagan a la mejora del sistema escolar y de protección del docente, revalorizando su rol".

Por su parte, Abrile de Vollmer destacó la “capacidad de diálogo y de apertura”. “Ha sido un trabajo entre todos los partidos políticos. Hemos compartido las propuestas de los proyectos de ley en marcha como el caso de protección a los derechos de los docentes y lo que nosotros habíamos presentado el 26 de julio con la firma del Gobernador, en la misma línea”.

Según expresó, la ley tiene dos finalidades: fortalecer la figura del docente y la aplicación de sanciones a los padres que no cumplen con su obligación de guarda y vigilancia de sus hijos.

“Si bien estamos hablando de una minoría de padres, estamos preocupándonos porque son situación nuevas que se hacen frecuentes y que han tenido visibilidad en todos los medios de comunicación”, sostuvo la funcionaria, quien además disparó contra la Justicia. “Es la que tiene la facultad de aplicar estas sanciones, de poner límite a estas conductas inapropiadas de padres que agreden a los docentes”, agregó.

La funcionaria aclaró en ese sentido que la realidad va mostrando situaciones que se agravan y dejando en evidencia que las normas vigentes no resultan suficientes. “Entonces hemos conversado con los legisladores la necesidad de proponernos leyes a corto plazo y leyes de mediano plazo que nos den caminos, herramientas, protocolos jurídicos para que efectivamente todo el sistema educativo tenga un mecanismo de actuación más pertinente”, indicó la titular de la DGE.

Por otra parte, dijo que la DGE adoptará una medida para crear asesorías jurídicas regionales, que estén accesibles para que cualquier personal docente que tenga una duda jurídica respecto a cómo proceder ante una situación conflictiva, tenga un abogado formado en aquellas normas básicas, como es el estatuto docente o normas de convivencia, y pueda estar en conocimiento de cuáles son los derechos que le asisten y cómo debe proceder.

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