El extenso litigio de dos décadas y media por la propiedad de terrenos en el oeste de Capital entre la familia Vila, propietaria del barrio Dalvian, y la Universidad Nacional de Cuyo llegó a su fin hace casi un año, cuando la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo que había otorgado a los primeros la propiedad del predio de 33 hectáreas situado en el pedemonte mendocino.
Sin embargo, desde esa fecha nada nuevo ha ocurrido y la Universidad no ha podido hacer uso de esos terrenos, pese a que el abogado de la casa de altos estudios, Horacio Cuervo, explicó que "se trata de un trámite de ejecución de sentencia" y que por ello "teóricamente los plazos deberían ser cortos".
La disputa, que comenzó en 1986, ha recorrido un largo camino en la Justicia mendocina y en la nacional. Finalmente, en setiembre del año pasado el Máximo tribunal a través de una resolución firmada por los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay determinó que el terreno en cuestión pertenece al dominio público y por lo tanto no corresponde la figura de usucapión (prescripción adquisitiva) que habían esgrimido los abogados del fallecido Alfredo Luis Vila para justificar su posesión.
Desde ese momento, el expediente con el fallo tardó casi dos meses y medio en volver a la provincia. Una vez aquí, tal como contó el director de asuntos jurídicos del Rectorado, Cuervo, se pidió de inmediato el cumplimiento.
"Los herederos de Vila a través de sus abogados manifestaron que cumplían con la sentencia y que ponían a disposición un terreno de seis hectáreas en el perímetro norte del polígono", describió Cuervo acotando que de esto se enteraron posteriormente y que en tanto, las restantes hectáreas, no podían ser entregadas, según la otra parte del conflicto, ya que pertenecían a terceros.
De todas formas, aún faltaba designar al juez que ejecutara la sentencia. La causa, en primer lugar, quedó en manos de la jueza Olga Pura de Arrabal, quien se excusó. Luego quedó en manos del juez Walter Bento aunque aquí la Universidad fue quien recusó al magistrado. "A principio de marzo quedó firme el juez Federal Leopoldo Rago Gallo, de San Juan, para que interviniera en la causa", explicó el letrado y agregó que nuevamente la UNCuyo pidió la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema.
Posteriormente, Cuervo detalló que Rago Gallo ordenó la demarcación de la superficie a delimitar y para ello se determinó que se eligiera a un perito agrimensor para que realizara el marcado del perímetro norte de la propiedad, es decir, para saber qué zona debe ser despejada y quedar en posesión de la Universidad.
Designado por sorteo, el perito a cargo de los trabajos debía presentar los planos el último día de julio, pero el abogado contó que éste pidió un aplazamiento alegando la necesidad de un tiempo mayor para estudiar detenidamente el caso. Así, todo quedó demorado hasta el 28 de agosto, fecha en que el perito nuevamente pidió más tiempo.
"Nos opusimos a que se prorrogue nuevamente la fecha - que sería en noviembre- y pedimos que el tribunal desplace al perito por no cumplir a término con sus trabajos y por no demostrar conocimientos específicos", aseguró Cuervo y agregó: "En definitiva, por recusaciones, trabas y aplazamientos ha pasado un año y todavía no hay novedades".
