Por Luis Alberto Romero - Historiador - Especial para Los Andes
“Aquí en la (ex) Esma, si no estuviste en la Columna Norte de Montos no sos nadie”. Recordé la frase, oída a no sé quién, irónica e hiperbólica, al leer las indignadas reacciones suscitadas por la visita del presidente Macri a la sede de la Esma, que hoy aloja a diferentes instituciones, subvencionadas por el Estado para sostener la causa de los derechos humanos. No era el presidente quien estaba allí, sino el enemigo.
Esa causa, una de las más nobles que ha tenido la sociedad argentina, sigue viva en el sentimiento y en la razón de muchos. ¿Quiénes hablan hoy por ella? ¿Cómo llegaron a constituirse en la única voz legítima? El lunes quedó claro que sus sectarios voceros están ya muy lejos de aquel magnífico y generoso impulso inicial.
En nuestro país, “derechos humanos” tiene un sentido preciso y restringido: se refiere al terrorismo de Estado y sus traumáticas secuelas. En tiempos de la dictadura y al comienzo de la democracia, los voceros de la causa eran muchos, había opiniones contradictorias, y un debate enriquecedor. Pero pronto quedó una sola. Desde hace mucho tiempo, el grupo encabezado por Hebe de Bonafini, Estela de Carloto y Horacio Verbitsky -con sus matices- se ha hecho dueño de la palabra y del sentido de los derechos humanos.
Este núcleo se conformó inicialmente con el sector más intransigente de las organizaciones, que ya en democracia optó por llevar la causa al terreno de la política. A un lado quedaron quienes reivindicaban un valor y un principio ubicado por encima de las banderías, en el que la nueva democracia debía asentarse.
Un giro importante se produjo al sumarse otros grupos, que vincularon la causa con la militancia de los años setenta. Así, voceros conspicuos de los derechos humanos aparecieron reivindicando urbi et orbi el terrorismo internacional y la acción de nuestras organizaciones armadas.
Gradualmente se desarrolló un tercer sector que, aprovechando primero el aporte de fondos internacionales y luego los de nuestro Estado, transformó la militancia en profesión, sobre todo en el terreno de la memoria, y la defendió como cualquier otro lobby. Los tres componentes, articulados, conforman hoy la voz legítima, la franquicia que usufructúa el capital simbólico de los derechos humanos.
A lo largo de dos décadas fueron conformando un relato sobre sus orígenes, su trayectoria y su futuro, que combinó elementos reales con historias más fantasiosas, adecuadas para conformar un mito. Es un relato maniqueo -como deben ser los mitos-, donde el bien de los justos confronta con el mal absoluto, sin lugar para los muchos grises de la condición humana de los que habló Primo Levi.
Es una historia moral y simbólica, que repudia la verificación de los hechos y acusa de sacrílego a quien quiere hacerlo. La conocida cifra de 30.000 desaparecidos no resiste a la evidencia: la Secretaría de Derechos Humanos la reduce a 8.000.
La conmovedora y edificante historia de “la noche de los lápices” no admite la confrontación con el relato posterior del único sobreviviente: esos jóvenes estaban en realidad vinculados con una de las organizaciones armadas. Nada cambia con esto; la realidad verificada no deja de ser horrible y condenable. Pero quienes sustentan su legitimidad en el mito no pueden admitirla.
El sector que detenta la franquicia encontró nuevas oportunidades al aliarse con el gobierno kirchnerista. Las principales organizaciones identificaron su causa con la del gobierno, que los colmó de retribuciones simbólicas y materiales. Las grandes figuran ocuparon puestos de honor en los palcos oficiales. Alguno ofició de Marat, haciendo de un diario una guillotina simbólica.
Los profesionales multiplicaron sus actividades, expandieron los casilleros presupuestarios y hasta pasaron a la política. Algunos se tentaron con la corrupción gubernamental, en lo chico y en lo grande. Así, los derechos humanos pasaron del campo de la sociedad civil al del gobierno, que los subordinó a sus necesidades políticas.
Las organizaciones hoy emblemáticas han establecido una suerte de dictadura sobre la palabra y el sentido de los derechos humanos. Ignoran a las demás. Deciden qué es lo que se puede decir o investigar y qué está prohibido. Juzgan a todos y separan, como Dios en el Juicio Final, a los salvados de los condenados. Es tanta su autoridad, que pueden condenar a verdaderos héroes civiles, y absolver al general Milani o a Schoklender.
Últimamente se divirtieron conmemorando el Día de la Memoria con “escraches” -solo en imagen, por suerte- a periodistas y comunicadores. En su más reciente versión, acusan al gobierno de ser lo mismo que la dictadura militar; así lo dijeron el lunes pasado, cuando Macri se atrevió a mancillar el Sancta sanctorum de la ESMA.
Es un grupo poderoso. No solo convence al universo kirchnerista sino a un sector algo frívolo y muy visible de la opinión pública, nacional e internacional, preocupada por exhibir su corrección política. Han hecho de la ex Esma -un espacio público- su bastión y su símbolo.
Nuestra sociedad necesita procesar muchas cosas de la experiencia del terrorismo de Estado. Tiene que entender de una manera amplia qué es lo que pasó; tiene que elaborar una memoria plural, que incluya a todas las víctimas; tiene que hacer justicia sin venganza; tiene que avanzar hacia una verdad, hoy retaceada por el mito.
Todo esto se encuentra bloqueado por el grupo que ha convertido los derechos humanos en bandería facciosa. Para el Estado -como en el caso de Milagro Sala-, son a la vez un problema político y presupuestario. Para la ciudadanía, en cambio, son un problema cívico y moral. Es lamentable ver cómo una causa noble, hoy indispensable para restituir la base ética de las instituciones, ha caído en semejantes manos.
Pensar contra la corriente y desafiarlos tiene riesgos: a nadie le gusta ser calificado de “defensor de la dictadura”, pero se soporta mejor en compañía de otras voces. La causa lo amerita. El país tiene muchos problemas urgentes, pero la reconstrucción de los derechos humanos debe figurar entre los importantes.
