El protocolo de seguridad para mandatarios fue elaborado durante el gobierno del radical Julio Cobos, con la intención de dar un marco de legalidad a la tarea que desarrollaban los custodios desde el retorno democrático.
En la cronología, el primero en tener su vigilancia fue el radical Santiago Felipe Llaver (1983-1987), quien tenía un suboficial que hacía de chofer y custodia. En su casa, los responsables de cuidarlo eran agentes de la Dirección de Informaciones.
Luego, el justicialista Octavio Bordón (1987-1991), tuvo un equipo de custodia que pertenecía al ex D2. Rodolfo Gabrielli (1991-1995) continuó con esta modalidad, pero al segundo año de su gestión decidió, sin conocerse los motivos, no tener más custodia. Sólo permaneció el domiciliario. Arturo Lafalla (1995-1999) no hizo ningún cambio al respecto.
Recién Roberto Iglesias (1999-2003), quien al momento de asumir no tenía ni siquiera custodia domiciliaria, se vio obligado en 2000 a recurrir al cuidado permanente de las fuerzas especiales . En aquel entonces, la explosión de la crisis social y económica, junto a una protesta de taxistas en la puerta de su casa, dejó al descubierto la vulnerabilidad del entonces gobernador.
Cobos (2003-2007) redactó el manual de procedimiento e institucionalizó la tarea de los custodios. Los justicialistas Celso Jaque (2007- 2011) y Francisco Pérez (2011-2015) siguieron bajo la misma dirección, aunque quienes entienden del tema hacen una observación respecto de los últimos dos: los equipos que se conformaron respondían a criterios de amiguismo, hecho que bajó el nivel de control físico y psicológico.
Un caso que comprobaría esto fue el suicidio de uno de los guardaespaldas de Pérez en 2013. Jorge Villagra, custodio y chofer, se disparó en la cabeza con el arma reglamentaria y en el auto oficial.
