Sergio Salgado fue el primer político elegido por el pueblo condenado por corrupción en nuestra provincia. El ex intendente de Santa Rosa fue encontrado culpable en las cuatro causas en las que se lo investigaba: administración infiel, concusión, malversación de caudales públicos y desobediencia.
En nuestra provincia hay muchas causas relacionadas con corrupción dando vueltas en las fiscalías, pero raramente han terminado en una condena.
Hace pocos días, el ministro de Trabajo y futuro ministro de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, sostenía en la Audiencia Pública para ocupar este nuevo cargo que es "una deuda del Poder Judicial" que no haya casi condenados o responsables políticos en las investigaciones por corrupción.
Son 30 los políticos investigados por la Justicia. Además de Salgado aparece la figura del ex mandatario Francisco Pérez; el ex concejal a cargo de la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos; el ex secretario de Gobierno, Alejandro Cazabán; los ex ministros Diego Martínez Palau, Pablo Rousseau y Marcos Zandomeni; y ex directores como Juan Manuel Tejada (Ganadería), Pedro Sánchez (Petróleo); y Walter Vázquez (Hidrocarburos), entre otros .
Uno por uno
El ex gobernador Pérez recientemente quedó sobreseído por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por la concesión de áreas petroleras a la empresa Chañares Herrados SA, cuando ésta no era solvente para las inversiones acordadas. Fue el propio fiscal Juan Manuel Bancalari quien pidió la absolución, así como también a los funcionarios de aquel momento, Marcos Zandomeni, Pedro Sánchez y Walter Vázquez.
El juez de Garantías, David Mangiafico, resolvió el sobreseimiento de todos en mayo. No obstante, se extrajo compulsa a la causa, por lo que ahora fueron nuevamente imputados por fraude a la administración pública. La fiscal ahora es Susana Muscianisi, de Delitos Económicos, quien está en pleno proceso de investigación.
Muscianisi también lleva adelante las denuncias contra Lobos, quien está imputado en varias causas, relacionadas con contrataciones irregulares a empresas, la incorporación de empleados estatales sin su conocimiento y cobrar sus sueldos, pagos millonarios con sobreprecios, obras inexistentes en emprendimientos inmobiliarios y demás.
Las carátulas también son diversas: enriquecimiento ilícito, en el cual se analizan los propios bienes del político y si los puede justificar; malversación de fondos; administración fraudulenta en la modalidad de administración infiel; e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Prácticamente la fiscal está llevando a cabo una suerte de auditoría sobre el municipio de Guaymallén cuando Lobos fue intendente, desde el 2013 al 2015, en el que también están bajo la lupa media docena de quienes fueron sus funcionarios.
El año pasado, y tras varios meses de investigación, Bancalari imputó por enriquecimiento ilícito a los dos ex ministros de Transporte que tuvo Pérez: Diego Martínez Palau y Pablo Rousseau. El hecho se remonta a la compra de una finca en San Carlos por 3 millones de pesos, y se sospecha si se utilizó al padre de Rousseau (Pablo Carlos) como testaferro para la transacción.
Esta denuncia fue presentada por Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), quien además había acusado a Rousseau por su alto crecimiento del patrimonio años atrás. El tema está en manos del fiscal, quien ordenó tiempo atrás una serie de auditorías contables, aunque no ha habido mucho avance.
Bancalari tiene en sus manos también el expediente en el que se indagan irregularidades en la Dirección de Ganadería durante la gestión de Pérez.
El ex director, Juan Manuel Tejada, está acusado de defraudación a la administración pública y malversación de caudales, junto a María Graciela Segura (ex contadora); Rodolfo Daniel Narváez (ex jefe de la División de Habilitación); Javier Romo (ex personal de planta); y Andrea Lois (ex encargada de Imputaciones Contables y Emisión de Cheques).
Los posibles delitos implican estafas que llegan a los 6 millones de pesos: desdoblamiento de gastos; facturas apócrifas y duplicadas; proveedores inexistentes, pagos excesivos y servicios que nunca se prestaron. El trabajo de la fiscalía sigue con un resultado en suspenso, aunque la última novedad surgió en agosto del año pasado, cuando el Tribunal de Cuentas multó por $600.000 a Tejada y otros ex funcionarios por anomalías en compras del Iscamen.
Otro ex ministro imputado es Juan Gantus, quien manejaba la cartera de Hacienda durante la gestión de Pérez. La denuncia fue realizada por supuestos pagos discrecionales a empresas proveedoras de insumos médicos.
Sin embargo, la "novedad" fue que esta causa se archivó porque la fiscalía no encontró delitos luego de realizar una auditoría en abril del año pasado.
El propio Gantus sostuvo a Los Andes que decidió no hacer público el fin del proceso a favor de él ya que "se trataba de un tema del pasado", explicó.
En el Casino de Mendoza también hay varias denuncias e irregularidades investigadas, aunque con pocos imputados, en el que no aparecen políticos de renombre. En este caso, el ex contador Gonzalo Javier Jerez y del ex Coordinador de Administración y Servicios, Carlos Cardone fueron acusados por el fiscal Garay por pagos millonarios injustificados en el 2013 a la empresa de limpieza Masterful SRL, en el cual no coincidía lo abonado por el Instituto con el servicio prestado.
¿Lentitud o intereses?
En la memoria de los mendocinos quedará el multimillonario y famoso caso de fraude de los tickets Vale Más, durante la época radical de Roberto Iglesias y Julio Cobos, y en el que se estima que la estafa al Estado fue de $22 millones entre 2000 y 2006. Sobre este monto hay que recordar que hasta el 2002 un peso valía un dólar.
El programa Vale Más fue creado en un contexto de crisis, en el que se repartían tickets a beneficiarios (personas con problemas económicos) y que eran recibidos por comercios de la provincia, que los canjeaban por dinero en las ventanillas del Estado.
Sin embargo, luego de 12 años de investigación, todo sigue impune. Solamente uno de los ex coordinadores del Programa fue condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para cumplir tareas de funcionario público. Los demás, todos libres y sin condena.
Luis Alberto Monetti, ex coordinador del Vale Más y quien denunció el caso de corrupción en la Justicia en el 2006, sostuvo a Los Andes que de las cuatro causas que se abrieron sólo avanzó una, pero en el juicio no se encontraron responsables.
Monetti cargó contra Daniel Carniello, fiscal que "no ha tenido la valentía ni la voluntad de avanzar en el caso para encontrar a todos los responsables". Dicho expediente tiene a 4 ex funcionarios con responsabilidad política en el programa y que al parecer no controlaron: Liliana Mirábile, Paula Eisenchlas, Carlos Marziali y Luis Carretero. No obstante, se cree que en los actos de corrupción participaron varios políticos con cargos más importantes.
