Una elección, las PASO del 11 de agosto, que gran parte de la sociedad pedía su suspensión, han puesto al país en una situación muy difícil. Una elección donde nada se elegía ha gestado un candidato, Alberto Fernández, que es considerado, en nuestro país y en el extranjero, como un virtual presidente electo a pesar de que faltan casi dos meses para la elección presidencial y más de tres para el cambio de gobierno.
Hemos vivido los argentinos, desde 1983 en adelante, transiciones difíciles y traumáticas. La del final del gobierno de Raúl Alfonsín, con una elección anticipada más de 6 meses al cambio de gobierno, terminó en una gran crisis, con hiperinflación, y la entrega de gobierno al presidente electo Carlos Menem antes de la finalización del mandato de Alfonsín.
El gobierno de Fernando de la Rúa no pudo terminar su mandato por renuncia forzada por la violencia instalada en las calles de Buenos Aires. Con los turbulentos días que siguieran a la renuncia del presidente, donde la línea sucesoria establecida en la Constitución Nacional terminó rota. Con arreglos legales de apuro el Congreso designó a Eduardo Duhalde para terminar el periodo trunco. Quien tampoco lo pudo hacer y terminó adelantando las elecciones, cuyo trámite tampoco fue demasiado normal.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner perdió las elecciones de 2015 y se negó, en gesto bien antidemocrático, a entregar los atributos al presidente legítimamente electo, Mauricio Macri.
Estos hechos no ocurrieron en un siglo, sucedieron en apenas treinta años, buena parte de la población los ha vivido. Nos debería servir de algo. De ahí que ahora en un proceso, donde transcurre tanto tiempo para elegir, más aún para que se produzca el cambio de gobierno, debemos tener en claro cuál debe ser la prioridad. Esa prioridad es el cumplimiento de los pasos institucionales previstos en la Constitución Nacional. No podemos cometer los mismos errores que hemos señalado: ni adelantamiento de las elecciones (que podría implicar entrega anticipada del Gobierno), ni renuncias o licencias del presidente. O cualquier otro atajo que debilite aún más a las instituciones republicanas.
El gobierno actual debe gobernar con toda la responsabilidad que le cabe y hacer las cosas de la mejor manera posible para que el país no llegue postrado a diciembre. No es la oposición triunfante en las PASO quien debe acordar nada con el gobierno, su deber es la sensatez, la prudencia, no el acuerdo, solicitud sin fundamento desde el punto de vista institucional. Sí es deber del gobierno y la oposición contribuir a serenar los ánimos. En este lapso de transición no se solucionarán las profundas fracturas de todo tipos que hay en nuestra sociedad, pero al menos debemos evitar hacerlas más profundas y dolorosas.
A ello debe contribuir no sólo el gobierno y la oposición, es también responsabilidad de todos los dirigentes de instituciones empresarias, sociales, culturales, intelectuales, religiosas, que a diario hacen oír su voz, no pocas veces con expresiones irresponsables, que no miden sus efectos. Muy especialmente debemos contribuir nosotros, los medios de comunicación.
Están en juego las instituciones constitucionales que trabajosamente y con dificultades hemos sostenidos por 36 años seguidos. Apelemos a la responsabilidad, a la prudencia, al patriotismo, palabra bastante relegada.
La Patria, la tierra de nuestros padres, nos debe cobijar a todos, cualquiera sean nuestras ideas o condiciones sociales y económicas. En estas circunstancias, donde la incertidumbre y el temor abaten el espíritu de compatriotas, son los que más poder y medios tienen, quienes deben dar el ejemplo de desprendimiento y patriotismo.
