Por Gastón Bustelo - gbustelo@losandes.com.ar
Una vez más Mendoza fue noticia nacional, y una vez más por nada que nos enorgullezca. La frustrada señal de transparencia que buscó dar la corporación política se tornó en un papelón comentado en todo el país.
Fue el ex administrador Francisco Pérez quien firmó el decreto 1.789 que obliga a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo a declarar su patrimonio, tanto al entrar al gobierno como cuando el mandato termina.
Así es como todos los funcionarios políticos que manejan fondos, sus esposas y sus hijos, deben aportar datos claros sobre sus ingresos y patrimonio.
Desde el principio radicales y justicialistas veían que el decreto de Pérez no estaba bien hecho, que no era claro, y hasta el propio gobernador Alfredo Cornejo dijo que podría haber sido mejor y que hacía falta una ley de ética pública. Hay más de 10 proyectos en la Legislatura de ley de ética que no han sido motorizados por los mismos que deben dar explicaciones de su patrimonio.
Así fue como los funcionarios comenzaron a presentar su declaración de bienes y cada uno hizo lo que quiso. El caso del ministro de Seguridad, Gianni Venier, al declarar su auto, un Mercedes Benz SL 300 modelo 91 por $ 1, si bien es legal, lo deja como un arlequín que sabe “dibujar” números. Eso indigna e irrita a la sociedad en un momento delicado por el tenor de las causas judiciales que se tramitan en Comodoro Py. Pero además, se sabe que necesitamos un ministro de Seguridad serio que esté alejado de cualquier sospecha.
Tampoco fue acertada la decisión de la vicegobernadora Laura Montero, quien declaró una propiedad por $ 0,70, cuando el mismo inmueble fue expuesto por la funcionaria como legisladora nacional en la Oficina Anticorrupción por $ 115.000, entre otras inconsistencias que publicó el gratuito diario Vox. Montero explicó por Twitter que el texto del decreto era confuso y que enviará a Fiscalía de Estado la declaración con otra valuación del inmueble.
Ahora bien, si se sabía que el decreto que redactó Pérez no era claro y que no daba demasiada seguridad, ¿por qué Cornejo no lo mejoró con otro decreto? Algunos que están cerca del Gobernador dicen que no quiso hacerlo porque no quería que se interpretara que tenía “otro tipo de intenciones en vez de mejorarlo”, por eso, luego del papelón de Venier y Montero, salió a pedir la ley de ética pública.
Como sea, los funcionarios que presentaron la declaración legitimaron el decreto que ahora critican y dicen que no servía. Una vez más vemos una clase política alejada de la realidad. Pensar que esto pasa sólo en la política sería injusto, son varias las entidades que no toleran ser cuestionadas y denostan al que lo hace.
Otro punto importante es que el Gobernador también ha insistido fuertemente en el cambio de concepción del rol del Estado, y en esa cruzada apela a que los sindicalistas entiendan que cuando le piden aumentos a la Provincia, no es al Estado al que se lo solicitan, sino al pueblo de Mendoza, que es su verdadero empleador. Cornejo también lo repitió en su discurso del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa: “...en el Estado la única patronal es el pueblo y el Gobernador es un empleado con mayores responsabilidades, pero con la misma misión de servicio que el resto de los agentes, debiendo no obstante velar siempre por el interés colectivo antes que el sectorial”.
El razonamiento es correcto, pero si el verdadero empleador es el pueblo de Mendoza, qué sucede cuando se advierte que rondan por el gobierno algunas personas “complicadas” y que, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, está rodeado de colaboradores de dudosa honorabilidad. ¿Qué hace en esos casos el pueblo de Mendoza con sus CEOs?
La respuesta es compleja, como también es complejo ver cómo el sistema, lejos de rechazar a esas personas cuestionadas, las premia, las asimila y las pone a trabajar para él sin cuestionar nada. Esta idea la he discutido en reiteradas ocasiones con diferentes compañeros de trabajo que respeto, y lo peor es que no encontramos ninguna respuesta y caemos en la espantosa resignación de entender que al final el que trabaja honestamente está visto como un tonto por la gente que se maneja de otra manera.
“Sabemos que enfrentamos un momento complejo en el que, además de gobernar bien, hay que esforzarse para recuperar colectivamente valores de convivencia, de decencia, de solidaridad y de trabajo, entre otros tantos”, dijo el Gobernador en su discurso ante los legisladores el domingo pasado.
Daría la sensación de que no es lo que está sucediendo. Está bien que Cornejo lo diga, pero que no se quede en palabras y avance con hechos concretos. Repito, proyectos de ética pública hay más de 10 en la Legislatura y algunos fueron presentados en los 80. El actual gobernador cuando fue senador podría haberlos apurado, como así también los de acceso a la información pública; pero aquí estamos, discutiendo siempre las mismas cosas y el único cambio real que advertimos es el enriquecimiento de algunos. No deben olvidarse tampoco de empezar a pensar una ley que regule el lobby, hay empresarios que se ponen muy nerviosos cuando se dan a conocer algunas “operaciones” en las que andan y no puede ser que la gente no sepa con qué personas se juntan los funcionarios. Somos sus empleadores, según Cornejo.
