Desde que asumió el Gobierno estuvo presente en diversas manifestaciones el propósito de realizar una reforma del sistema tributario. A fines del año pasado, al momento de asumir en Hacienda, Nicolás Dujovne expresó que era prioridad absoluta de su labor la realización de una reforma tributaria integral. En la misma dirección van las declaraciones de funcionarios nacionales y provinciales, de la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en la CN de 1994 y sancionar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Sin duda estamos ante un saludable giro en los objetivos de política económica sobre un tema que por más de una década no se habló seriamente y se siguió remendando un sistema que no daba para más. Es importante tener en cuenta que nuestro país cuenta con especialistas e instituciones dedicadas a temas fiscales y tributarios de muy alto nivel de capacitación y conocimiento. La sociedad toda reclama un cambio; si la política crea el ámbito para una reforma integral, los recursos humanos están disponibles y podría superarse uno de los mayores escollos para el crecimiento económico.
En una columna de opinión de nuestro diario, el contador Ruiz Vega ha recordado, con precisión de fechas, impuestos que se ponían, se sacaban y se volvían a poner. Recuerda que el IVA a mediados de los ’70 tenía una alícuota de 13%, hoy en 21%. Otro especialista, en nota en Clarín, pone números que asombran. “A nivel nacional, existen unos 50 tributos, cifra que se eleva a casi 100 si le adicionamos los impuestos provinciales y municipales”. Coincidiendo, otro estudio destaca que a nivel nacional 80% de la recaudación se concentra en sólo 8 impuestos y que en provincias 75% proviene de uno solo: Ingresos Brutos. Es indispensable que un nuevo régimen tributario cumpla prioritariamente con el principio de equidad, que quienes están en igual situación tengan la misma carga tributaria, principio totalmente desvirtuado en el régimen actual. Del mismo modo, que el sistema sea simple, comprensible para los contribuyentes, de bajo costo de recaudación. Por cierto, el esquema tributario debe incentivar fuertemente el ahorro y la inversión, condición indispensable para el desarrollo económico.
Se han realizado reuniones de funcionarios nacionales y provinciales sobre el tema de la reforma. Han surgido en el debate asuntos novedosos, como discutir si en materia de coparticipación resultaría conveniente pasar del sistema de coeficientes fijos a uno variable anualmente en función de diversos parámetros. En este tema el ministro de Hacienda de nuestra provincia ha señalado la necesidad de una Ley de Responsabilidad Fiscal y terminar con las perversiones del gobierno anterior. Restringir las acciones directas del gobierno nacional en las provincias y municipios y dejar en manos de los gobiernos provinciales los servicios de salud, seguridad y educación, además de fijar pautas claras para lo que tienen que hacer las administraciones municipales.
El presidente del Iaraf, uno de los más reputados institutos especializados en estos temas, dice que el sinceramiento fiscal debe ser completo. La reforma fiscal tiene que implicar bajar la carga tributaria, y para ello el sistema debe permitir incorporar la enorme proporción de economía informal a la formalidad, ello sólo se logrará si bajan los impuestos y el sistema es sencillo. Vale citar la opinión por la precisión que contiene. “Para (...) una reforma tributaria profunda, sería necesario un sinceramiento fiscal completo, que incluya no sólo el blanqueo de activos por parte de los contribuyentes sino también por parte de los distintos niveles de gobierno. Que pongan las cartas sobre la mesa de manera transparente para que el contribuyente sepa en qué se emplean los recursos públicos. Que el consumidor local conozca el impacto de las tasas municipales sobre el costo de los bienes que consume. Por ejemplo que se sepa que incluido en el precio de la mayor parte de lo que se consume hay un 10% del impuesto a los Ingresos Brutos que se suma al 21% de IVA”.
Finalmente un tema no menor y nada fácil de solucionar: qué parte del gasto de las provincias se cubre con sus impuestos.
