El gobierno nacional pretende terminar con un negocio millonario, poco transparente y burocrático como el de los registros del automotor. Son oficinas públicas pero administradas por manos privadas, las cuales en su mayoría fueron entregadas hace años como botines -a dedo, con argumentos poco claros- a familiares y amigos del poder de turno en todas las dependencias del país.
Estas oficinas, que son cerca de 1.500 (entre registros de autos, motos y maquinarias agrícolas) dependen del Ministerio de Justicia de la Nación y recaudan una abultada cifra que, según publicó el diario La Nación, es de alrededor de $ 15.000 millones anuales, aunque el número podría ser sensiblemente mayor. De hecho, del 7% que debe pagar el usuario por una transferencia, solamente 1,2 corresponde a la tasa de la transferencia, mientras que el resto se va en impuestos, sellos y ganancia.
En Mendoza hay 52 registros (31 de autos, 12 de motos y 9 de maquinarias), según la Dirección del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y la gran mayoría tiene como titulares a familiares y amigos de referentes políticos (ver aparte), lo que explica en parte la importancia económica que tienen. Apellidos como Bauzá, Llaver, Llorente y Bordón, entre otros, muy ligados a la historia política reciente de Mendoza, están vinculados a este negocio.
Ante este escenario, el gobierno de Mauricio Macri decidió terminar con esta "tercerización" de los registros automotores para dar paso a un sistema más eficiente y sin intermediarios, bajo un proceso estrictamente on line, que terminaría con los registros físicos y no solamente agilizaría los trámites de las miles de transacciones de vehículos que se realizan día a día, sino que abarataría los costos.
Si bien desde hace unos meses realizar el trámite on line tiene un descuento de los aranceles (por la despapelización del trámite del 08), un gran porcentaje de lo que paga cada persona o empresa por la transferencia de un vehículo va a parar a los bolsillos de los titulares de los registros.
La queja de un ministerio
El proyecto, que nació en el Ministerio de Modernización y tiene la aprobación del Presidente, ha despertado la queja del Ministerio de Justicia, que administra un jugoso monto de las transacciones por el porcentaje que va a parar a la Nación.
Según informaron a Los Andes desde la pata local del Ministerio de Justicia, hay preocupación porque esta acción del gobierno "afectará al presupuesto, debido a que buena parte del personal cobra su sueldo de los entes de cooperación que se financian con los recursos de los registros automotores". De esta manera, y en caso que la iniciativa se concrete, la cartera que conduce Germán Garavano deberá buscar otra fuente de recursos para mantener la planta de personal.
Además, explicaron que también hay resquemores de los políticos que se vieron beneficiados al administrar estos registros: "Han sido desde siempre botines de guerra de la política. Hay personas que se hicieron ricas al manejar un negocio sin aportar nada en la cadena de valor para hacer trámites de transferencias".
La conformación de los registros y su vinculación política se hizo durante la década de los '80 cuando comenzaron a aumentar en las provincias, lo que se aceleró con la llegada del menemismo. De hecho, a nivel nacional el número pasó de 300 a 900 en los '90, y en los últimos 15 años subieron a más de 1.500.
“El Estado en vez de designar funcionarios para llevar este trabajo, como ocurre por ejemplo con el Registro de la Propiedad Intelectual o el de Reincidencias y Asuntos Criminales, decidió nombrar a escribanos, abogados o contadores afines, quienes armaban la estructura administrativa para llevar los legajos de las transferencias de vehículos”, comentaron las fuentes.
De hecho, Mendoza tenía 17 registros al finalizar la gestión de Raúl Alfonsín -ahora hay 52-, pero en el gobierno de Carlos Menem "explotaron", sostuvo Carlos Balter, dirigente del Partido Demócrata, uno de los que impulsaron proyectos para transparentar el trabajo de los registros, pero que quedaron archivados en el Congreso Nacional.
Balter agregó que la distribución discrecional de los registros fue manejada durante el kirchnerismo por La Cámpora, pero que “también ocurre ahora” con el macrismo.
No obstante, Carlos Aguinaga, actual asesor de Garavano, expresó que "esta gestión ha hecho numerosos concursos públicos y abiertos para designar a los nuevos encargados".
Volviendo a Balter, indicó que la idea del Gobierno “merece todo el apoyo porque terminará con un costo económico alarmante y excesivo respecto al valor del vehículo. Hay que terminar con el clientelismo, con esta burocracia, y simplificar el sistema”.
Nepotismo: quién es quién
Si bien actualmente hay concursos para acceder a ser titular de un registro del automotor, no han sido públicos. Años atrás, la designación la hacía directamente el Ministerio de Justicia, que nombraba a los titulares de manera discrecional.
Los únicos requisitos que se dispusieron durante la época de Alfonsín fueron ser argentino, mayor de edad, tener título de abogado, escribano o contador, y rendir también un examen para “determinar la idoneidad” para el cargo.
El primer registro de San Martín fue otorgado a Eduardo Berríos, el entonces esposo de Teresita Llaver, hija del ex gobernador Santiago Felipe Llaver; mientras que el segundo registro del departamento fue a parar a las manos de la hija del político radical, Susana Llaver.
En tanto, el Registro 4 de Mendoza lo manejó gente ligada al radicalismo, ya que estuvo hasta hace unos años a nombre de Miguel Angel Le Donne, hermano del reconocido ex senador -también radical- Carlos Le Donne-; mientras que el registro 3 de Maipú lo tiene un pariente suyo, Mauricio Le Donne.
Asimismo, el número 5 lo administra Antonio Naman, hermano de Alejandra Naman, mujer que era radical, pasó por el ARI y ahora milita para el kirchnerismo.
También puede verse que el registro 2 de San Rafael fue asignado a María Zazzali de Llorente, esposa del juez de la Corte Pedro Llorente.
El registro 7 cambió de manos en los últimos años y pasó a manejarlo la escribana Federica Boccia de San Martín, que al momento de la designación era esposa de Carlos López Puelles, ex director general de Escuelas de Celso Jaque y ex intendente de Luján de Cuyo por el Frente para la Victoria.
El registro 8 tiene como titular a Elizabeth Maiale, esposa de Martín González Gaviola y concuñada del ex gobernador peronista José Octavio Bordón (hoy embajador en Chile). El número 10 está a cargo de Rodolfo Antonacci, vinculado al ex intendente radical de Capital Víctor Fayad.
El ex jefe de gabinete Eduardo Bauzá fue uno de los hombres de más poder durante las dos presidencias de Carlos Menem y su familia y allegados concentran varios registros: el número 11 (de Alejandro Chizzoli, ex pareja de la hija del ex legislador, Érica Bauzá), el 12 (de María Laura Aguinaga, ex esposa de Eduardo Bauzá hijo -hasta hace poco legislador provincial por el FpV), el de autos y motos de Rivadavia (asignado a Gabriel Cánovas, primer esposo de Érica Bauzá); el N° 3 de San Martín (de Armando Rodríguez, quien había sido empleado de Chizzoli antes de lograr su propio registro) y el 6 (a cargo de Liliana Cuervo, que trabajó en la empresa familiar de los Bauzá hace varios años). También se habla de otro registro, el 16, pero no pudo ser chequeado el vínculo.
El registro 9 lo administra un allegado al ex operador peronista Juan Carlos 'Chueco' Mazzón; el 17 estaba ligado al fallecido senador nacional y también vicegobernador radical José Genoud; y el 18, al ex vicegobernador peronista Carlos De la Rosa.
En San Rafael, el titular del registro 3 es Juan Carlos Chacón, esposo de Mirta Farina, quien fue una política vinculada al ex intendente del PJ Vicente 'Chicho' Russo. El justicialismo también maneja el 4 de ese departamento, el que, en sus comienzos, estuvo a cargo de una ex concejal, María Ester Orbelli, mientras que ahora lo administra Hugo Ignacio López.
Un poco más al sur está el registro de General Alvear, y quien lo administra es la abogada María Laura Casado, esposa del concejal del Pro Sebastián Martínez Barón.
El 1 y 2 de Maipú tienen como titulares a dos mujeres (Erica Vicario y Claudia Laso) vinculadas al peronismo azul y los hermanos Bermejo. En tanto, el de agromaquinarias de Rivadavia lo conduce un apellido vinculado a la UCR, Petri.
Claves
Digitalización
Se pretende digitalizar todo el proceso para evitar la intermediación con los registros del automotor. El primer paso se dio con la posibilidad de comenzar el trámite on line, como el llenado del formulario 08 y la documentación de la transferencia del vehículo.
Trámite on line
Se prevé crear una plataforma digital para realizar todo el trámite, sin la necesidad de asistir al registro. Se incorporará la firma digital remota.
Cierre de oficinas
El último paso será cerrar los más de 1.500 Registros Nacionales del Registro Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), distribuidos en todo el país.
