La empresa "Chañares Energía S.A", del Grupo Medanito, impugnó ante el gobierno de la provincia una licitación con la que se busca otorgar un yacimiento en Tupungato a otra petrolera para su explotación. El Gobierno le quitó el área a la firma por "incumplimientos en el cronograma de inversiones", pero desde la compañía aseguran que se trató de una decisión "arbitraria e ilegal".
El cuestionamiento se basa en que la empresa considera inválido el Decreto N° 1101/2019 que declarara recientemente la caducidad de la concesión, y que actualmente se encuentra cuestionado, tanto en sede administrativa como en sede judicial.
Igualmente, Chañares Energía S.A. impugnó la licitación (N° 1/19 lanzada por la Dirección de Hidrocarburos), y advirtió que si la operatoria no se deja sin efecto, recurrirán a la Justicia. Actualmente el decreto por el que el gobernador Alfredo Cornejo decidió retirar los permisos de explotación en dicho yacimiento a la empresa, se encuentra cuestionado, tanto en sede administrativa como judicial.
La empresa entiende que además cuenta con la legítima expectativa de obtener la tutela jurisdiccional que le permitirá continuar con la explotación hasta el vencimiento del plazo de la concesión, en 2027.
Al mismo tiempo, Chañares Energía S.A. basa sus derechos sobre el área por haber invertido ya "114,8 millones de dólares desde 2011, incluyendo más de 10 millones de dólares este año, con un pozo a 3.600 metros de profundidad". Para la petrolera, estos valores son significativos, "considerando que la nueva Licitación exige invertir 20 millones de dólares en 10 años (10 veces menos de lo exigido a Chaesa)".
La respuesta del Gobierno
La quita de la concesión se dio después de que en 2017 el Gobierno de Mendoza reformulara el contrato al concesionario por incumplimientos en los planes de inversiones.
Con la última reprogramación, la empresa se comprometía a subsanar incumplimientos del primer quinquenio (hasta diciembre de 2016) y a respetar lo acordado para el segundo quinquenio, "con vencimiento a 2020". Luego le restarían invertir U$S 12 millones para completar el tercer quinquenio (hasta 2025).
Según el Director de Hidrocarburos de la provincia, Santiago Fernández Herrero, la empresa cuenta con muy pocas bases para recurrir a la Justicia. El funcionario indicó que los incumplimientos crecieron con los años y, según el acuerdo reformulado, debieron invertir U$S 38 millones desde 2017, más U$S 55 millones que vencían este año para llegar a U$S 103 millones en 2021, adicionales a lo que la empresa aduce haber desembolsado hasta la fecha.
"Ellos quieren impugnar y nosotros estamos respondiendo, pero es errado lo que dicen. Hablan de inversiones y de que nosotros estamos pidiendo sólo U$S 20 millones (en la nueva licitación), cuando la Provincia va a cobrarse U$S 5 millones iniciales como mínimo (cada petrolera puede elevar la apuesta). Además, las interesadas van a ofertar un adicional sobre el 12% de regalías (obtendrán más puntos quienes más oferten). El segundo término que vamos a evaluar es la inversión adicional sobre el monto mínimo (U$S 20 millones)", explicó.
"Por otro lado, iniciamos acciones legales contra la compañía para cobrar la garantía que pusieron cuando se firmó un nuevo convenio por las inversiones no cumplimentadas, que superan los U$S 100 millones", agregó Fernández.
El funcionario insistió en que el incumplimiento del último acuerdo derivó en la pérdida del área para la empresa, por lo que considera que carecen de fundamentos sólidos para recurrir a la Justicia.
