“Esa decisión, como la de la suba de tarifas, debe transparentarse en audiencia pública. Hay una anarquía respecto del Enargas y la autoridad de aplicación, porque no determinan una modalidad de adecuación tarifaria”, señaló José Ramón, representante de la ONG Protectora, sobre la apelación presentada el 25 de marzo contra la decisión del 2do Juzgado Federal de Mendoza de avalar un ajuste “a medias”.
Se trata de un reconocimiento en concepto de costos por transporte y distribución del fluido, que tiene un techo de $ 22 al trasladarlo a las facturas de los usuarios y que resultó de un recurso interpuesto por Cuyana luego del revés en la aplicación de los cuadros.
A la hora de argumentar en contra, la ONG se basa en que precisamente el litigio judicial se centra en un precio final compuesto, junto al valor del gas (de las petroleras), por el de transporte y distribución. “No se puede consentir un aumento excepcional a dos de esos puntos, ya que peleamos para que la fijación de la tarifa sea distinta. Es decir, a través de un procedimiento que respete el interés económico del usuario y garantice transparencia a través de audiencia pública, lo que no ocurrió”, dice la presentación, que califica a tales incumplimientos como “agravios”.
Hace hincapié en “la falta de consideración, respecto del cambio de criterio, al validar en el primer tramo del aumento tarifario (al 1 de abril de 2014)” el costo de transporte y distribución del gas. Solicita que la Cámara competente lo corrija “disponiendo la suspensión de los tres tramos del aumento tarifario dispuesto”.
A la espera de que la Justicia se expida, Ecogas evita mostrar sus cartas. Desde el área jurídica se limitaron a señalar que “todo sigue su curso legal, como hasta ahora”.
