Más allá del estupor por la situación procesal de Amado Boudou, la actuación del mencionado magistrado federal, a cargo de la investigación del llamado caso Ciccone, es sumamente esperanzadora para la vida republicana de los argentinos, acostumbrados durante años a una corrupción cada vez más enquistada y generalizada en casi todos los estamentos sociales y al accionar de jueces y fiscales que por presión del poder de turno o por conveniencia muchísimas veces dejaron de lado la esencia de su labor, que es la administración de justicia.
Y la capacidad de asombro parece inagotable. Pocos días antes del procesamiento de Boudou, en declaraciones periodísticas, Alberto Kohan, ex secretario general de la Presidencia de Carlos Menem, sostuvo con notable liviandad que "en un momento debería haber algo así como un punto final para los funcionarios investigados" por hechos de corrupción.
El dirigente político, que tras su paso por la función pública debió enfrentar distintas investigaciones judiciales en causas de las que quedó finalmente absuelto, ya se había expresado en la misma línea hace 10 años, cuando también en diálogo con la prensa reclamó "una amnistía para los años noventa", en clara alusión a las acciones judiciales que apuntaron a la década en la que gobernó el menemismo, en la cual hubo numerosos hechos oscuros en cuanto al manejo de los recursos del Estado.
Estas apreciaciones de parte de uno de los referentes políticos de un período de la recuperada democracia dominado por muchas denuncias de irregularidades, algunas comprobadas y sentenciadas y muchas otras no, lamentablemente ha tenido una línea sucesoria importante hasta nuestros días.
Precisamente, varios exponentes del kirchnerismo gobernante en la autodenominada "década ganada" ventilan, como el Vicepresidente, sus oscuros procederes en los tribunales del país. El influyente secretario de Transporte Jaime y otros dirigentes renombrados son claros ejemplos de ello.
De ahí que resulte sumamente alentador que un grupo de diputados nacionales de distinto signo partidario impulse un proyecto de ley para determinar la imprescriptibilidad de la acción penal por delitos de corrupción contra el Estado. La iniciativa, además, se justifica absolutamente por el enorme caudal de hechos gravísimos que llevaron a que la corrupción pública sea uno de los temas que más preocupa a gran parte de la ciudadanía.
El Congreso de la Nación debería hacer viable esta iniciativa, surgida de legisladores de la oposición, como clara señal hacia hacia el mundo de que en su dirigencia política hay una mayoría convencida de que una nueva Argentina es posible.
