Breve reseña
En el tratamiento de la propuesta del gobierno nacional de abrogación de las leyes “cerrojo” y de pago soberano, tanto en Diputados como en Senadores la oposición seria y responsable acompañó al oficialismo y votó favorablemente la abrogación. Pero una parte de los senadores y diputados cristinistas votó en contra, con argumentos deplorables inventados e incompatibles con la realidad internacional y jurídica. Lo cierto es que Cristina ordenó a todos los legisladores del FpV que votaran en contra y, considerándose todavía la reina que fue -y gracias a Dios y al pueblo mayoritario del país, ya no lo es- no dio fundamento alguno, demostrando un gran desprecio por nuestra patria.
Su único objetivo fue y será lograr el fracaso de Macri y así volver victoriosa en 2019. En los próximos cuatro años la veremos persistir en esta posición, aunque albergo la esperanza de que se vaya diluyendo su figura y su principal tarea sea comparecer ante los tribunales federales para prestar declaraciones testimoniales e indagatorias.
La verdad comprobada
Los títulos de la deuda fueron emitidos en 1994 durante la presidencia de Carlos Menem, con la renuncia argentina a litigar en el país y sujeción a los tribunales del sur de New York más la cláusula pari passu, que consiste en no distinguir entre acreedores ni pagarles beneficiando a algunos y perjudicando a otros.
El presidente Adolfo Rodríguez Saá suspendió el pago de la deuda en 2001. NML, fondo buitre de Paul Singer, adquirió una parte de los títulos en 2008, no canjeados en 2005, por el 20/30% de su valor nominal para exigir luego el 100% más intereses compensatorios y punitorios, haciendo honor a su sobrenombre: aves de rapiña que se alimentan de la carroña de animales muertos (quebrados, en el caso), rechazados por el mundo entero y Naciones Unidas.
Todos los títulos son obligaciones cartulares, con autonomía propia e independencia de quienes resulten sus tenedores o propietarios. El juez federal Thomas Griesa, apegado al derecho pragmático norteamericano como todos los magistrados de EEUU, admitió la demanda por el total del valor nominal de los bonos más intereses, en fallo confirmado por las dos instancias superiores. Entonces el fallo pasó en autoridad de cosa juzgada, irrevisable por ningún otro tribunal.
El gobierno de Cristina y su ministro Axel Kicillof desconocieron la sentencia y se dedicaron durante más de un año a denostar y ridiculizar al juez Griesa; juez municipal le decían entre otras ofensas, impropio de un Estado soberano y democrático que de exclusiva y total decisión se sometió a la Justicia norteamericana. Griesa actuó porque fue el gobierno argentino, emisor de los títulos, quien se sometió a la Justicia norteamericana. En suma, Macri nada pudo hacer contra la sentencia firme y sólo se enfrentaba a una disyuntiva: rechazar o aceptar la sentencia y cumplirla.
Consecuencias de rechazar el fallo: confirmación del default ya producido; imposibilidad de obtener fondos extranjeros a tasas internacionales, 2/4% anual, aunque sí al 12/15% anual prohibitivas, en el caso de obtener un prestamista o inversor de alto riesgo, como Venezuela en su momento, francamente dudoso; imposibilidad de recibir inversiones externas y continuar indefinidamente en recesión o depresión; parálisis de la industria, el comercio y el consumo interno; aislamiento internacional; no poder reconstituir ni acrecentar las reservas del BCRA; emisión monetaria extraordinaria como única fuente de financiación interna e hiperinflación; quiebra de las provincias y del país.
Con la abrogación de las leyes el país continuará el proceso de cancelación de deuda, paradójicamente iniciado por Néstor Kirchner, produciéndose todos los efectos contrarios a los señalados precedentemente. La oposición responsable y no fanática como la del kirchnerismo duro, hace críticas que algunas comparto. Los tarifazos recientes se han programado mal. En primer lugar no se ha comunicado bien, como lo sostuve en mi anterior trabajo “Herencia perversa y errores de Macri” (9/3/16) porque falta didáctica y política.
Todas las medidas duras y con repercusiones graves, sobre todo en el pueblo que más las sufre, deben ser muy bien explicadas, en especial el por qué, el cómo y el para qué. El Gobierno de Macri cree que porque las anunció en campaña y porque las difundió no hace falta más, ya está todo dicho.
Como profesor de abogados, funcionarios y jueces en la Escuela de la Magistratura, que se supone altamente capacitados porque cursan una maestría, debo explicar temas muy complicados varias veces, hasta casi agotar al auditorio, en aras de la comprensión satisfactoria de todos. Si el Gobierno no procede así y se queda a menos de la mitad de camino, corre el grave riesgo de perder adhesión y gobernabilidad, llegando apenas exhausto y vencido al cabo de sus cuatro años.
Pero lo más preocupante es su gran error. Empezó por el final, los tarifazos, sin antes solucionar tres problemas muy serios: los despidos, las medidas en beneficio de los más necesitados y la recomposición salarial. La gente se asusta y con razón, de la inflación desatada, atribuyéndola a este gobierno.
No entiende lo que es la “inflación inercial”: cuando durante ocho años (excluyo a Néstor) se ha utilizado a la inflación como una herramienta de gobierno y fuente de recaudación impositiva, sustitutiva de la ausencia de inversiones y pérdida de reservas del BC, más la recesión, pérdida de empleos privados cubiertos por el empleo público desenfrenado e improductivo, llenando al país de emisión monetaria con enormes déficits fiscal y comercial, la inflación que se quiere detener necesariamente persiste durante seis meses o más. Si el Gobierno no rectifica rápidamente el rumbo y no corrige estos errores, temo que se encontrará en serios problemas.
