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hace 5 horas
El barrio está listo, solo faltan las personas que lo habiten. Se trata del "13 de Abril", en el pedemonte de Godoy Cruz, en las inmediaciones del barrio SUPE, jurisdicción de Villa del Parque.
Pero las casas, ubicadas en el cruce de las calles Martín Coronado y 0'Brien, están vacías porque cuando el IPV y el municipio de Godoy Cruz las iban a entregar a sus adjudicatarios, ocupantes del asentamiento La Quebrada, el titular del 16° Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, Ricardo Mirábile, dictó una medida cautelar y se frenó la cesión de las llaves de los domicilios.
¿El motivo? El magistrado hizo lugar a un pedido de cuatro familias que sostienen que no han sido tenidas en cuenta, pese a residir en la villa de emergencia, que por otra parte, se encuentra a pasos de las flamantes viviendas.
Ese recurso esgrimido por quienes no estaban en el listado original, encrespó los ánimos de los 50 adjudicatarios, varios de los cuales cortaron el Corredor del Oeste el lunes pasado.
La situación bien puede ser considerada como otra fuerte desavenencia política entre el Gobierno de Francisco Pérez y la administración radical de Alfredo Cornejo. "Es una pelea de punteros políticos", sostienen por lo bajo, quienes siguen de cerca el caso.
Muchos niños y carencias
Los beneficiarios, medio centenar de familias, están de muy malhumor porque pensaban pasar la Navidad bajo un techo nuevo.
Roxana Mangiapani (34, 4 hijos), presidenta de la unión vecinal, sostiene que la medida del juez les privó de cambiar de lugar de residencia, por lo menos momentáneamente y mientras dure la intervención del magistrado. "Quisiera que Ud. viera cómo vivimos en el asentamiento, inclusive algunos ya empezaron a desmontar sus casas, que son ranchos en verdad", dijo la mujer que está al frente de la protesta.
Muchas familias tienen muchos hijos, como Margarita Domínguez (55, 8 vástagos) y Mabel Centeno (51, 9 hijos). Esta última tiene una larga residencia en el sitio que quiere abandonar, 37 años.
La posición de los que se sintieron excluidos de la nómina de adjudicatarios es contada por Margarita Arabel (42, 2 hijos). “No sé cómo se hizo el listado, pero a mi y a otros 3 grupos más nos discriminaron, nos dejaron afuera por la acción de punteros”, contó la mujer.
También relató que por la postura asumida intentaron golpearla y, a su juicio, como no lograron ese objetivo, luego se produjo un robo en su insegura casa habitación, de donde le sacaron electrodomésticos, ropa de cama, colchón y vajilla.
El concejal Mariano Maure (FPV) contó que en su bloque se recibió la queja de los que quedaron afuera de la entrega. "Ellos protestan por cómo se llevó a cabo la selección de la gente y nos parece que ese asunto debe ser aclarado", precisó el edil.
Añadió que le parece bien la intervención del juez Mirábile, que detuvo la entrega del barrio y se propone investigar las condiciones en que se efectuaron las adjudicaciones.
Este legislador departamental no ahorró críticas a la intendencia actual “por haber dado opción de viviendas a personas que no vivían en el asentamiento” que se está erradicando. También insinuó que “la comuna los mandó a protestar”, en referencia al corte de tránsito efectuado en el Corredor del Oeste.
En la comuna godoicruceña, el asunto fue defendido por el director de Vivienda, Damián Salamone. Sostuvo que el proceso es genuino y admite que en un principio se habló de 80 soluciones habitaciones, pero finalmente el IPV encaró la construcción de 50 casas, a través de la empresa OHA.
Para el resto de los 30 optantes, de acuerdo al comentario de Salamone, habrá una solución a futuro: el IPV licitó la adjudicación de un terreno, cerca del actual emplazamiento, para que allí se construyan los domicilios faltantes. Claro, que habrá que esperar de uno a 2 años.
El director también dijo que todo el procedimiento realizado por el municipio se rigió por el Programa de Erradicación, dispuesto por la resolución 1266/2005. "La unión vecinal -añadió el funcionario- dio cumplimiento a lo exige esa resolución, y todo fue avalado por el IPV y por eso se iba a proceder poner en posesión de los inmuebles a sus beneficiarios".
El juez interviniente se reunió con las partes y se propuso un cuarto intermedio para el lunes 29.
El sentimiento entre las personas que esperan los techos, Roxana Mangiapiani y los demás, es que a partir de los próximos días se destrabe el conflicto y se puedan ocupar las casas.
El otro compromiso es que grupo que deje el asentamiento, tiene que desmontar el lugar que habitaba.
Cuidar el predio, una misión difícil
“Cuidar 50 viviendas en medio de la crisis habitacional que hay actualmente, no es nada fácil y le diría que es un asunto muy complicado”, dijo un vigilador que el miércoles cuidaba las construcciones.
El barrio está sin el cierre perimetral y las propiedades sin las correspondientes medianera, por lo que ingresar al predio es muy fácil.
Las viviendas son de 2 dormitorio, un comedor, un sanitario y lavandería en el exterior. Y dos detalles: los tanques de agua tiene protección ante una eventual granizada, y hay pequeños muros para contener las aguas que pueden llegar desmadradas de la vecina serranía.
Para colmo el predio habitacional está dividido en 2: en el mayor hay 40 inmuebles y en otro, distante una cuadra hacia el norte, las 10 restantes. Para cuidar toda esta infraestructura hay 14 vigiladores privados puestos por la constructora.
