A lo largo de la historia institucional, muy pocos vicepresidentes han logrado trascendencia pública. Podría mencionarse a María Estela Martínez, quien asumió la primera magistratura del país a raíz de la muerte de Juan Domingo Perón y también el caso de Julio Cobos, como consecuencia de su voto en el conflicto que el Gobierno nacional mantenía con el campo.
Pero lo del actual vicepresidente, Amado Boudou, ha roto todos los récords: es el primero en la historia que es procesado y, a medida que transcurre el tiempo, más datos van fortaleciendo la idea de que le costará mucho salir airoso frente al cúmulo de denuncias.
Amado Boudou tuvo una espectacular carrera en la actividad política. Activista de la Ucedé en su época de estudiante, ingresó como analista de sistemas a la Anses, donde hizo carrera hasta lograr su designación como presidente del organismo.
Fue el principal impulsor de la estatización de los fondos para jubilados, que se encontraban en poder de las AFJP y esa acción le valió el reconocimiento de Cristina Fernández, que lo nombró primero ministro de Economía y después lo impuso, ante la sorpresa de muchos, como su compañero de fórmula.
En sus casi cuatro años de gestión como vicepresidente, ha tenido un pobre y triste perfil político, en razón de que la defensa de los proyectos enviados por el Ejecutivo y el diálogo con la oposición debió correr por cuenta del presidente de bloque.
Sus únicos hechos concretos que alcanzaron trascendencia pública fueron la renovación de las oficinas y el mobiliario de parte del Senado, a un costo millonario y sus paseos en motos de alta cilindrada. De todos modos, también debe destacarse que tuvo una gran virtud: la de dejar bien claras sus huellas dactilares en cada uno de los hechos que son cuestionados y que investiga la Justicia.
Debió presentarse en tribunales por la causa que investiga la inserción de datos falsos en los documentos de un auto importado que compró hace 20 años, sobre el cual existe una denuncia acerca de supuesta adulteración en el número de motor y de formularios y firmas en la transferencia del vehículo, incluyendo también datos de domicilios falsos, como el de una casa en la que nunca vivió y fijando residencia en un lugar de la Costa Atlántica, donde sólo hay médanos.
Un fiscal federal pidió interrogarlo como sospechoso de un delito de corrupción, junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por acordar el pago de 7,5 millones de pesos a la empresa The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, su presunto testaferro, por servicios para la reestructuración de la deuda pública formoseña, para lo que no hacía falta contratar a una consultora para esa tarea.
Según el fiscal, The Old Fund no tenía empleados, ni antecedentes en la reestructuración de entes públicos, ni certificado fiscal para contratar con el Estado.
En la última, lo que podría denominarse la frutilla del postre, la Justicia dijo no al ex banquero Raúl Moneta, quien pretendía figurar como el supuesto financista y socio capitalista que aportó 35,5 millones de pesos para el desembarco de Alejandro Vandenbroele y The Old Fund en la imprenta Ciccone.
La decisión implica un nuevo revés para las estrategias defensivas de Boudou y de Vandenbroele, señalado como supuesto testaferro, para quedarse con el 79% de las acciones de la compañía que imprime los billetes de 100 pesos junto a la Casa de la Moneda.
No quedan dudas entonces de que Amado Boudou pasará a la historia, pero por la cantidad de causas judiciales acumuladas durante su gestión, las que aún resta establecer cómo terminarán. Por el momento y por la seriedad de los hechos, el horizonte judicial del vicepresidente no está para nada despejado.
