Mario Fiore - mfiore@losandes.com.ar (Corresponsalía Buenos Aires)
Entrada la mañana del miércoles, la Cámara baja dio media sanción al proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a pagar a los holdouts y a colocar bonos en el mercado internacional por 12.500 millones de dólares, la emisión de deuda más grande que hará un país emergente desde aquella salida que hizo México tras el "efecto Tequila" en 1996 por 16.000 millones de dólares.
La votación en la Cámara que representa al pueblo argentino fue contundente. Casi dos tercios de los diputados se manifestaron a favor -165 votos- y el tercio restante lo hizo en contra -86 sufragios-. Cambiemos, la alianza oficialista, logró anexar a sus 89 votos 76 avales más, provenientes básicamente del peronismo dialoguista que lideran Sergio Massa, Diego Bossio y los referentes de los hermanos Rodríguez Saá.
Pero también hubo apoyos de seis diputados del Frente para la Victoria (FpV), lo cual agudizó la crisis interna que arrastra el bloque conducido por el cristinista Héctor Recalde desde hace dos meses. El bloque K aportó 78 votos en contra de la ley (los otros provinieron de la izquierda).
De este modo, el peronismo quedó dividido en dos mitades. Por un lado, los más de 60 legisladores del peronismo amistoso con Mauricio Macri, que lograron hacer grandes cambios a la ley enviada por el Ejecutivo; por otro lado, los kirchneristas.
La grieta que se abrió en el justicialismo luego de la derrota en las urnas parece ensancharse. Son los propios peronistas los que están llevando a la práctica la filosofía con la que conciben al poder y con la que se ordenan entre sí. Están los que gobiernan -provincias, municipios- y los que no tienen responsabilidades ejecutivas. Los primeros apoyaron la norma porque entienden básicamente que la salida del default permitirá a la Nación y a sus distritos acceder a financiamiento más barato para hacer obras. Los segundos se permitieron posiciones más idealistas y descargaron un rosario de críticas no sólo sobre Macri sino en especial sobre los peronistas que lo apoyaron.
El discurso de Máximo Kirchner buscó convencer a los diputados que no hace mucho fueron kirchneristas. Con una retórica balbinista, llamando a la unidad, pidió que revisaran el voto. Pero durante 20 horas de debate los peronistas K habían acusado a sus compañeros de traición y fogonearon la idea de que habían sido comprados por una "Banelco" más berreta, los "sanguchitos" que el jefe de los diputados del Pro, Nicolás Massot, reclamó por WhatsApp a Bossio. Irritado, el jefe del bloque justicialista escindido del FpV, el gremialista Oscar Romero, llegó a invitar a "la calle" a los cristinistas para dirimir sus diferencias a los sopapos.
A esta división entre los peronistas con poder territorial y los que no tienen responsabilidades ejecutivas, apuesta con claridad Cambiemos en la Cámara de Senadores, donde el proyecto de ley ya lleva tres jornadas de intensa discusión en comisiones. La visita de 19 mandatarios provinciales, el pasado jueves, fue un paso clave para los planes del oficialismo y de Miguel Pichetto, el jefe del bloque del PJ-FpV en el que conviven senadores que responden a caciques de mucho predicamento en el justicialismo y legisladores provenientes de provincias gobernadas por otros signos políticos. Fue el senador rionegrino quien solicitó la presencia de los gobernadores en el Senado para que sus voces sirvieran de guía a la heterogénea tropa que él debe conducir.
De los 19 mandatarios provinciales que pasaron por el Senado, 12 fueron peronistas y de ellos 10 dieron avales claros a la ley de pago a los fondos buitre. Sólo el excéntrico Alberto Rodríguez Saá (San Luis) se salió de la medida porque directamente pidió no pagar la deuda externa, lo que abrió interrogantes sobre la conducta que tomará su hermano Adolfo, un senador aliado del oficialismo que sabe cotizar su voto. El otro caso fue el del vice de Alicia Kirchner, Pablo González (Santa Cruz), que repitió el discurso del cristinismo y hasta denunció extorsión de Macri sobre las provincias. Pero voces experimentadas como las de Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Mario Das Neves (Chubut) y de gobernadores debutantes como Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan) y Domingo Peppo (Chaco), apoyaron sin medias tintas la ley.
Con la influencia de estos 10 gobernadores peronistas, el Gobierno espera superar holgadamente los 37 votos, el piso necesario para aprobar una ley, cuando el proyecto llegue al recinto del Senado el próximo 30. Los más optimistas creen que se podrá repetir la votación de Diputados y tener nuevamente un 2-1. Sin embargo, los más cautos observan con preocupación la intención de algunos justicialistas referenciados en los propios gobernadores que piden cambios a la norma, lo que obligaría a que la misma regresara a Diputados. El problema es el tiempo ya que el plazo para que el Gobierno pague a los holdouts expira el 14 de abril y antes debe tener la ley aprobada para emitir los bonos.
Esta inquietud reformista que está corriendo por los bloques justicialistas, la de Pichetto, la de Rodríguez Saá y la del massismo, denota cierta insatisfacción de los mandatarios provinciales con el Gobierno nacional por la discusión sobre la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias. Algunos gobernadores, como el formoseño Gildo Insfrán y el pampeano Carlos Verna, no están de acuerdo con la propuesta gradualista hecha por la Casa Rosada y esperan un mayor esfuerzo fiscal de la Nación.
