Hay un tema sin resolver que puede generar complicaciones en la investigación que hay en curso: la composición incompleta de la Inspección General de Seguridad.
Para tener en cuenta, este órgano de control, que nació luego de la revuelta policial del ‘98 como producto de un acuerdo político, es el encargado de investigar a toda la estructura policial.
En su espíritu, la idea es que este contralor se ejerza con representación de los partidos de la oposición, por lo que la conformación del directorio tiene que tener esta integración.
El mes pasado, una modificación a la ley dispuso que esta mesa de decisión esté integrada por tres miembros: uno del Ejecutivo y uno de las dos principales fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria. Traducido, ahora serían dos radicales y un justicialista.
A su vez, la investigación puede derivar en una sanción, tema del que se encarga la Junta de Disciplina de la IGS.
Ahora bien, este órgano, en su composición actual, está conformado “a medias”. Es que el justicialismo aún no define su representante, producto de la interna partidaria, y en el directorio quedan dos personas que ingresaron con el criterio anterior.
Según sostienen algunos abogados, esto puede llevar a argumentar vicios en los procedimientos administrativos, por lo que podría peligrar la estrategia del Gobierno de castigar los abusos de jefes policiales.
