La titular del Segundo Juzgado de Gestión Asociada (ex Segundo Juzgado Civil de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza), Marcela Ruiz Díaz, planteó ante la Justicia una "medida declarativa de inconstitucionalidad" contra la AFIP-DGI.
La jueza en su planteamiento, pide ante la Justicia Federal, con el patrocinio del abogado Federico Vinassa, simplemente que su sueldo no sea afectado por las retenciones a las Ganancias.
La jueza reclama para sí un "derecho de igualdad" con aquellos magistrados que, habiendo ingresado antes del año 2017, no tienen la obligación de pagar ese tributo.
Un lento camino
El expediente se inició hace más de un año, lleva el número 49.570/17 e ingresó en el Juzgado Federal N° 2, Secretaría 4. Sin embargo, desde ese tiempo ha recorrido los despachos de los jueces Walter Bento (titular del N° 1) y Marcelo Garnica (responsable del N° 3), toda vez que el N° 2 (del fuero civil) se encuentra sin titular -desde que la doctora Olga Pura Arrabal pasó a integrar la Cámara Federal de Apelaciones-, siendo sus pares del fuero penal los que lo subrogan por turno.
Sin embargo, ambos magistrados fueron coincidentes y se "excusaron" de resolver una medida cautelar que buscaba que, mientras tanto se resuelva la cuestión de fondo -que se puede extender en el tiempo-, no se realicen los descuentos.
Por eso, ante los sendos rechazos, por estas horas el expediente está camino hacia la vecina provincia de San Juan, para que el juez federal Leopoldo Rago Gallo lo resuelva.
La ley
El texto de la ley 27.346 fue aprobado a fines de 2016 y en el se señala que "los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial que hayan ingresado al Estado a partir del 1 de enero de 2017 deberán pagar el tributo a la Ganancia..."
Lo que los ubica, según el reclamo de la jueza Ruiz Díaz, en una "desigualdad", toda vez que por un mismo trabajo unos magistrados cobrarán 100 y los otros (entre los que se encuentra) 60.
Y si bien la magistrada prefirió no hablar con este diario, trascendió en la intimidad de su entorno que lo que busca con esta presentación "es que la medida sea pareja. O todos pagan o no paga ninguno".
Acá cabe señalar que en igualdad de condiciones se encuentra también una relatora que, por el momento, no ha iniciado acciones legales, siendo los dos únicos casos conocidos dentro del Poder Judicial de la Provincia.
Antecedentes
Tras el examen correspondiente, el 28 de diciembre de 2016, el Poder Judicial dio a conocer el resultado de las ternas propuestas al Ejecutivo, donde Marcela Ruiz Díaz figura en el primer lugar con 12.400 puntos, aventajando a Jorgelina Iermoli Blanco y Mariano Gabriel Urrutia.
Tres meses después, es decir en marzo de 2017, el Colegio de Abogados de la provincia defendió, en la audiencia pública en la Legislatura, su postulación, destacando el ejercicio ininterrumpido de la profesión "durante 20 años", representando no sólo a particulares, sino a instituciones bancarias y empresas de "manera loable y correcta desde sus conocimientos del Derecho y los procesos judiciales".
Y esta demora, de la cual la jueza no es culpable, hace que después de rendir en 2016, su pliego haya sido tratado después de varios meses, retrasándose así hasta mediados de 2017 su nombramiento.
Rechazo
El planteo para eludir el pago, inicialmente, tuvo el rechazo tanto de la Provincia (que es quien paga el sueldo), con intervención del abogado Carlos Galán, como por la abogada Laura Burky, en representación de la AFIP-DGI.
Un largo debate
En diciembre, la presidenta de la Asociación de Magistrados, la jueza de la Cámara Comercial, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, defendió la resistencia que realizó el gremio de los jueces antes los intentos del Gobierno para que pagaran impuesto a las Ganancias.
"Debimos encarar el tema del alcance interpretativo de las normas que fijaron el impuesto a las Ganancias para los jueces, funcionarios y empleados con el fin de que no se afectaran los derechos de quienes transitaban la carrera judicial. E iniciamos las acciones legales cuando se concretaron los primeros descuentos sin que la ley hubiera sido reglamentada", dijo Gómez Alonso de Díaz Cordero por esos días, según informó el diario La Nación.
