A menos de seis meses de las elecciones presidenciales, con todos los indicadores de la actividad económica y sociales en rojo y una inflación anual superior a 50%, que impactan sobre su nivel de popularidad, el Gobierno nacional pretende avanzar ahora en un acuerdo de gobernabilidad pre y post electoral con los principales dirigentes políticos de la oposición.
Hasta ahora, la idea no ha calado en Cristina Kirchner, Roberto Lavagna y Sergio Massa, quienes la ven más como una maniobra de estricto oportunismo electoral, destinada a calmar al mercado financiero y al FMI. Al tiempo de permitirle al Gobierno de Cambiemos presentarse como el adalid de la concertación, justo en su momento de mayor debilidad política, con el también electoral propósito de poner en evidencia a los que no accedan a discutir su propuesta.
La gestación de esta iniciativa ha sido enrevesada. El Gobierno no tuvo otra que confirmar su movida hasta entonces avanzada sólo con el senador Miguel Angel Pichetto cuando la misma se filtró a los medios. De allí en más y ante la anticipada negativa de Lavagna, con argumentos más de fondo, y de Massa, tuvo que ampliar la convocatoria y formalizarla a través de una carta del propio Presidente.
La incógnita central, mas no lo única, es cuál será la posición que asumirá la expresidenta, a 46 días de que el 22 de junio se devele si finalmente será o no candidata. Por lo pronto ya puede colegirse su rechazo al decálogo que salió de la Rosada. Aunque ello no implique necesariamente su negativa a dialogar, sobre todo cuando detrás de la movida estaría la intención de colocarle en la orilla de la intransigencia de la grieta. Este jueves, “Sinceramente”, en la Feria del Libro, puede ser la ocasión para saber cuál fue su respuesta a Macri.
