La ex presidenta de la Nación y vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, suele acusar a todos sus oponentes de armar “circos mediáticos” en su contra. Pues precisamente lo que ella intentó esta semana, en su declaración por el juicio oral que se le sigue por direccionar obra pública en Santa Cruz, fue precisamente esa clase de circo. Si no lo fue del todo es porque el tribunal prohibió su transmisión directa, que aún así se produjo en parte.
La sociedad esperaba anhelante, por un común deseo de transparencia, que una personalidad política de tal envergadura, frente a una acusación tan grave como la que se le realiza (y ésta es apenas una de varias de similar importancia) expusiera las razones con las cuales demostrara su inocencia desde la perspectiva jurídica, vale decir, respondiendo las preguntas de la indagatoria refutando las acusaciones que los jueces y fiscales le realizan. Ello no obsta para que haga las declaraciones que desee, pero el centro de este tipo de eventos es la cuestión de las preguntas y respuestas en pos de la búsqueda de la verdad, comparando argumentaciones de un lado y otro.
Como si se tratara de estar frente a un tribunal dictatorial, Cristina Fernández de Kirchner se limitó a hablar sin ser interrumpida durante más de tres horas, durante las cuales no refutó absolutamente ninguna de las imputaciones que a lo largo de varios años fue acumulando el expediente por el cual ella, junto al empresario Lázaro Báez y al ministro y al secretario de Obras Públicas, armaron, según la acusación, una asociación ilícita por la cual prácticamente toda la obra pública de Santa Cruz se adjudicó a una sola empresa y, habiendo o no terminado las obras comprometidas, se le pagó hasta el último peso, cumpliera o no.
Como suele ocurrir en todos estos juicios de altísimo voltaje político, el acusado se declara políticamente perseguido y entonces acusa a los jueces de ser los villanos de la partitura los que, en conjunto con el poder político y los medios de comunicación, construyen un escenario de “lawfare” con el que buscan destruir a líderes políticos populares con difamaciones del más variado tenor. Puros sofismas.
No obstante, sabedora de que en una democracia republicana ese tipo de argumentaciones no tienen más efecto que el sensacionalismo que buscan provocar, la señora ex presidenta se curó en salud y, muy suelta de cuerpo, insinuó que, en todo caso, si alguien fue responsable de este direccionamiento de la obra pública, debe haber sido el jefe de gabinete de la época y no ella, porque es aquél quien está encargado de definir las asignaciones presupuestarias. De un modo contundente e inesperado, Cristina Fernández buscó implicar en el affaire jurídico al actual presidente electo, Alberto Fernández, que precisamente cumplió las funciones de jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de ella misma desde 2003 a 2008, años en que se conformó la supuesta asociación ilícita para sustraer fondos públicos para fines personales y/o partidarios.
La opinión pública argentina está sedienta de verdad y justicia, quiere saber qué es lo que realmente ocurrió y para ello todos los protagonistas políticos deberían subordinarse a la ley y cumplir con todos sus requerimientos. De ese modo, los hechos saldrán a la luz y se podrá demostrar la culpabilidad o inocencia de cada imputado. Sólo de esa manera los acusados recuperarán la honra que les afectaron con las denuncias e imputaciones.
Pero lo que nunca se debe hacer en un estado de derecho es confundir una cosa con la otra. Vale decir, creer que porque se ha ganado una elección, ello es el pasaporte a la impunidad judicial, a una especie de indulto otorgado por el pueblo quién, según esta imperfecta argumentación, sustituiría a los jueces. Algo así pareció insinuar la señora vicepresidenta electa cuando sostuvo que la historia ya la había absuelto, con lo cual identifica historia con pueblo. Un grave error conceptual. Y van…
