En el film "La lista de Schindler", un general nazi que platica filosóficamente con Oscar Schindler, le explica a éste las razones de los asesinatos de los judíos por parte del hitlerismo: "No se trata del odio tradicional a los judíos, es política".
Aunque en lo que hace al debate electoral todo lo que dicen todos los candidatos parecen palabras vacuas, superficiales, parecidas entre sí, que se dicen sólo para conseguir votos siguiendo lo que indican las encuestas, en el fondo subterráneo del país se está librando un combate cultural mucho más profundo motivado por un hecho muy concreto: la necesidad que tiene una ex presidenta con importante apoyo social de ganar las elecciones para desde el poder intentar clausurar “políticamente” las deudas con la justicia que tienen ella y su familia. Nada más pero nada menos.
La política al servicio de una causa particular que por la importancia de a quien se acusa, tiene entidad de razón de Estado ya que aparte de los interesados, hay quienes consideran que un dirigente de ese nivel y popularidad, haya hecho lo que haya hecho, no debe ir presa, en nombre de la defensa de la paz social.
Hasta Miguel Ángel Pichetto, feroz opositor interno de Cristina Fernández, opina así. O Carlos Grosso, asesor en las sombras del presidente Macri, quien supo decir (como ya hemos repetido varias veces por lo extraordinario de la frase, y más dicha por un peronista ex “renovador”) que sólo los países bananeros ponen presos a sus presidentes. Y tantos otros que piensa así pero no se atreven a decirlo.
Incluso la propia acusada, decidió, en una jugada sorpresiva aunque quizá un tanto desesperada, ceder su candidatura presidencial a un señor con cero votos cuya habilidad es la de ser un operador político de altísimo nivel. Alguien que en caso de ganar será, más que un presidente, un abogado político de su vicepresidenta, capaz de defender una causa o la contraria con igual eficiencia. Aunque, claro, sus honorarios no los cobrará en efectivo, sino que Cristina se los está pagando desde ya animándose a correr el riesgo de poner institucionalmente por encima de ella a alguien que no es un chirolita y que en caso de conflicto interno entre ambos, puede exigir algo más que las facultades recortadas con que asumirá, si asume.
Esa idea de que la política tiene razones que la justicia no entiende y que por lo tanto ambas deben marchar por los caminos más separados posibles, haciendo que las razones de alta política no sean judiciables, ya la aplicó más de una vez, con éxito, el peronismo en su versión populista (que es la versión que viene gobernando hace 30 años cada vez que gana el PJ, y que hace dudar si el peronismo republicano o renovador existe, salvo para emprolijar lo que de tan desprolijo no puede emprolijarse solo, para luego ceder su lugar a los desprolijos emprolijados por los renovadores).
Un intento ocurrió durante el gobierno de Raúl Alfonsín con la sublevación golpista de Aldo Rico cuya exigencia central al poder democrático fue la de que no se prosiguiera con los juicios a los militares porque -según los carapintadas- los crímenes del proceso no fueron por razones criminales sino por razones políticas. Y a la política -en esta interpretación de la política- se la debe medir con muy distinta vara al delito común.
Alfonsín, que sintió que en nombre de la estabilidad democrática recién recuperada algo debía ceder, lo hizo pero desde una concepción republicana, no populista. Entonces otorgó la obediencia debida y el punto final con lo cual los juicios se interrumpieron en un determinado nivel de responsabilidades. Pero los principales criminales siguieron presos.
No obstante, a la postre la batalla cultural fue ganada por los golpistas porque cuando subió Menem los indultó a todos, bajo la concepción sostenida por Rico de que nada tienen que ver la política y la justicia, que no es judiciable lo que se hace por razones políticas.
En 1994, por otras causas, una jugada con la misma lógica se intentó en el país. Ante la imposibilidad de reunir los votos legislativos para reformar la Constitución y reelegirse, Carlos Menem logró convencer a su principal opositor, Raúl Alfonsín, que si no se le cedían los votos necesarios para su reelección, la situación política se haría (o él la haría) ingobernable. Entonces, otra vez en nombre de la gobernabilidad, se gestó el pacto de Olivos y Menem fue reelecto.
Hoy, así como ayer se hizo con la reelección, de nuevo se intenta hacer creer que una eventual condena y/o prisión de la ex presidenta y/o su familia, puede ser incompatible con la razón de Estado.
Alberto Fernández, su abogado político, ha asumido la misión de gestar las condiciones políticas, culturales, ideológicas y supuestamente jurídicas, para no afectar la libertad de la familia Kirchner.
Por ende, ese reclamo que se hace desde el kirchnerismo de paladar negro en el sentido de considerar a todos los presos por delitos de corrupción como presos políticos y entonces, en un eventual retorno al poder de Cristina, liberarlos a través de un indulto como hizo Cámpora en 1973 con los presos políticos de Lanusse, no es lo que busca la fórmula Fernández Fernández.
Alberto sabe que mientras no se imponga de nuevo el populismo y se siga gobernando, aún con muletas, bajo una concepción republicana, liberarlos a todos no será posible. Por ahora sólo se trata de que Fernández libere de culpa y cargo a Fernández. De salvar a la reina, ya que con ella se salvará el reino. Lo demás vendrá por añadidura, cuando triunfe la concepción cultural de que todo lo que se castiga según la ley de los hombres comunes, no se castiga si es política. Si lo que se hace se hace por razones políticas.
Y esa concepción de la política, para una cierta clase de intelectuales -que por cierto no son minoría- es particularmente atractiva cuando se la explica como sigue: Antes de la llegado al poder de los Kirchner, también se robaba pero Néstor no robó sino que hizo política convencido de que el único modo de formar parte del poder permanente del país era tener más recursos materiales que todos los que detentan el poder permanente. Y así se lo explicaba a sus intelectuales: A veces debo utilizar los mismos métodos que ellos porque sino me destrozan. Pero mis fines no son los mismos. Convenciendo con ese sofisma a quienes piensan que robar desde una política contra el imperio y la oligarquía no es robar, es expropiarle a los malos para hacer el bien.
Néstor llevó a su culminación esta lógica por la cual el poder no puede ser castigado.
Hasta la Corte cayó estos días, quizá sin quererlo, en la misma trampa bajo la idea de que no es conveniente juzgar lo que no es judiciable. Que nada presidencial es judiciable.
La foto de esta semana de Cristina Fernández sentada en el estrado de los acusados pero atrás de todos, custodiada por abuelas y madres de Plaza de Mayo, es claramente indicativa de lo que se está gestando. Adelante, los Báez, los López y los De Vido, los que inevitablemente serán condenados sin que nadie derrame una lágrima por ellos. Atrás y sola, Ella, quien en todos los lugares del país salvo en éste, estará adelante de todos. Aquella a la que la política hará libre. Al menos bajo cierta interpretación de la política. Porque la política puede ser el lugar donde anida lo peor, pero también lo mejor, como veremos en una próxima nota.
