Hace pocos días Los Andes publicó los resultados de una encuesta exclusiva sobre la realidad provincial que la consultora Reale Dalla Torre procesó para este matutino. Las conclusiones del trabajo, con prescindencia de las observaciones que puedan realizar quienes ponen en duda este tipo de procedimientos, no resultaron halagüeños y se inscriben dentro de un clima de insatisfacción general que se percibe en la ciudadanía.
Hay que observar, sin embargo, que de manera contrapuesta a esta investigación, anuncios oficiales señalan una mejora en materia distributiva, con reducción de la pobreza y la indigencia.
Pero, volviendo a la encuesta, tuvo el alcance de 1.200 consultados, quienes se pronunciaron sobre la situación socieconómica personal, provincial y nacional. Las personas que fueron convocadas a responder se refirieron a los sueldos bajos, el desempleo, la inflación y la inseguridad como los puntos culminantes que se viven actualmente.
Lamentablemente crece el pesimismo por la situación socioeconómica y no pocas de las personas consultadas creen que la situación no tendrá grandes mejoras el año próximo, que presentará el condimento y la agravante de ser un año electoral, con todo lo que ello conlleva.
En el desglosamiento de los problemas que afectan al mendocino, según esta consulta, afloraron con fuerza los aspectos que a diario se deben enfrentar: inseguridad (90,83%), inflación (56,38%) y desempleo (46,04%).
La amenaza constante del delito, con incursiones en las áreas urbanas y modernamente con una escalada en las zonas rurales, está muy arraigada entre los ciudadanos, pese a que los funcionarios provinciales suelen presumir que ha bajado ese indicador. Para colmo hay delitos que ni siquiera se denuncian.
En otro orden, llama la atención la preponderancia de 2 variables derivadas de las políticas económicas, como la inflación (cuyos índices son el escenario principal de los contrapuntos entre el gobierno y la oposición) y el desempleo (cuya irrupción entre las dificultades es un fenómeno cada vez más recurrente).
La salud, la educación, la vivienda, el trabajo en negro, la corrupción y el narcotráfico, alcanzaron índices más que considerables en el muestreo que estamos comentando, superiores todos al 5% y hasta más del 18%. Y todo esto en una provincia con grandes establecimientos industriales, como la centenaria compañía Impsa, que ha pedido al Estado provincial que se la declare empresa en crisis, lo que está revelando las dificultades en materia de empleo.
También contribuye al panorama el estancamiento en el desarrollo minero, aunque aparentemente esta industria volverá a tener un ámbito de discusión legislativa, y que por ahora con sus puertas cerradas ha significado muchos puestos caídos. Igualmente la actividad comercial ha reportado despidos o cesamientos temporarios que están aportando su cuota negativa en el panorama general provincial.
Los meses que siguen, entonces, serán difíciles porque el empleo no volverá a crecer, la inflación no caerá por arte de magia y la inseguridad no se batirá en retirada. Aunque a pesar de ese panorama poco halagüeño, lo mejor que se puede esperar para el país y la provincia es que la concordia se mantenga entre quienes habitan este suelo y no se resientan más las relaciones entre los argentinos, para no entrar en el tembladeral de una descomposición social y una lucha de sectores contra sectores.
Las autoridades deben dar los más significativos ejemplos y comportarse con la prudencia y el decoro que los momentos exigen. Cuando hay gente sin trabajo y remuneraciones bajas, los intentos de aumentos de sueldos y dietas en los niveles de funcionarios y legislativos actúan como recipientes con combustible sobre las brasas, entiéndase sobre los caldeados ánimos de la ciudadanía.
