Armó los pliegos, evaluó las ofertas presentadas, las calificó y cuando va todo camino a la adjudicación, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Buenos Aires se desligó de la licitación de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO).
La salida se efectivizó a través de una cesión a las regionales Mendoza y San Rafael del convenio que había firmado con el Ministerio de Seguridad.
La sorpresiva decisión, que significa en los hechos entregar 'gratuitamente' un contrato que aseguraba a la UTN porteña un ingreso anual de entre 4,5 y 5 millones de pesos por auditar las futuras plantas verificadoras, le suma más dudas a una licitación que ya generaba muchos interrogantes.
Uno era precisamente por qué Seguridad había obviado a la filial mendocina de la UTN al momento de elegir la institución externa con la que pretendía dar claridad al proceso.
No sólo porque desde 1998 ya viene trabajando con el Gobierno en la auditoría de los talleres que hacen la revisión de micros y taxis, sino también porque se pasó por alto la ley de consultoría, la número 5.657, aprobada durante la gestión de José Bordón, que ordena al Estado priorizar a las instituciones educativas “con asiento en la provincia de Mendoza” al momento de contratar servicios de asesoría.
Públicamente, el Gobierno nunca aclaró que era la regional porteña la que intervenía en todo el proceso; se limitó siempre a hablar de la Universidad Tecnológica Nacional. Incluso, en el pliego de condiciones, sólo hace la distinción cuando menciona al titular de la cuenta en la que el adjudicatario deberá depositar el 2% de lo que recaude cada mes y lo hace usando las siglas: UTN-FRBA. Casi encriptado.
Por eso, en la facultad mendocina se sorprendieron cuando en la apertura de los sobres con las ofertas, hecha el 20 de febrero, se hablaba de su participación.
El decano, José Balacco, admitió a Los Andes que a mediados del año pasado había tenido algún contacto informal en el que le hablaron de la licitación y de una posible intervención de su facultad pero el tiempo pasó y nada sucedió.
Tras la revelación de que se trataba de la regional Buenos Aires la que estaba detrás del proceso licitatorio, el Gobierno quedó en evidencia y entonces hubo algunos contactos informales con la UTN local, pero sin ninguna solución, por lo que no pudo calmar el descontento.
Detrás de ese enojo había una razón económica. El 2 por ciento que se lleva la institución auditora representará, como ya se dijo, entre 4,5 y 5 millones de pesos al año, considerando el costo que tendría la revisión hoy: unos $ 470 para los autos (varía en las motos de acuerdo a la cilindrada).
Claro que los talleres que hacen la revisión para Transporte y la Nación actualmente, tributan 12% de lo que recaudan.
“Para nosotros es un recurso importante. Además, es dinero de los mendocinos que está bien que quede para los estudiantes de Mendoza”, dijo Balacco, que el viernes trajo de Buenos Aires la novedad de la cesión, luego de una reunión que junto a su par de San Rafael, Horacio Pessano, mantuvieron con el decano de la UTN porteña, Guillermo Oliveto.
Al parecer, Oliveto entendió rápidamente el planteo de sus colegas y sin demoras firmó la concesión. Aunque también es cierto que para la facultad porteña hacer la auditoría de las plantas verificadoras era una complicación que le exigía armar un equipo, contar con movilidad y hasta montar una oficina en Mendoza.
¿Volver a empezar?
La resolución de la UTN Buenos Aires se la llevará Balacco al ministro Leonardo Compradores el miércoles, cuando piensa informarse sobre el estado de la licitación. Lo cierto es que la regional porteña de la UTN, que había elaborado en tiempo récord los pliegos (ver aparte), hace algunos días ya envió sus conclusiones sobre las ofertas presentadas el 20 de febrero.
Según informaron en el ministerio, donde sigue mandando el vicegobernador Carlos Ciurca, esa documentación incluye la puntuación que corresponde a cada una de las cinco empresas que se presentaron. Ahora, el tema está en manos de los técnicos de Seguridad y no hay fecha para definir al ganador, que se asegurará una facturación superior a los 200 millones de pesos anuales.
“Nosotros no hemos intervenido en nada de lo que pasó hasta ahora”, aclaró Balacco, un hombre de buenos contactos con el Gobierno provincial y que en noviembre de 2013 fue noticia cuando venció al cobismo en la UTN. Por eso, también extrañó que inicialmente dejaran a su facultad fuera de juego.
La aclaración de Balacco puede servir en el futuro para despegarse de un proceso con varios interrogantes y sobre los que el ministro Comperatore no quiere responder hasta que termine, pese a las reiteradas comunicaciones para conocer su versión.
Una de esas dudas apunta a quien figura como presidente de una de las oferentes en la licitación, Horacio Ricardo Creus, quien trabajó en la UTN recientemente, tanto en el rectorado como en la regional Buenos Aires, la misma que armó los pliegos y evaluó las ofertas.
Creus es el titular de Electrosistemas SA de Servicios y en algunos documentos a los que accedió este diario se puede ver la firma del ejecutivo como parte de la Unidad Coordinación de la regional porteña. También aparece mencionado en otros documentos como representante del rectorado de la UTN ante organismos nacionales.
La mencionada compañía, al menos por lo que dice en su página web (www.elecsis.com.ar), no parece haberse dedicado hasta ahora al rubro con el que quiere incursionar en Mendoza y nunca respondió los contactos por teléfono y e-mail que se intentaron.
El proceso fue cuestionado desde el mismo principio
La licitación de la VTO empezó a gestarse cuando en abril del año pasado se aprobó una modificación a la ley de tránsito 6.082. El objetivo era adecuarla a la normativa nacional que exige una revisión técnica anual a todos los vehículos para poder circular.
Pero el proceso se aceleró desde agosto, con la publicación de esa ley modificatoria, del respectivo decreto reglamentario y de la resolución del Ministerio de Seguridad que daba forma al funcionamiento del servicio.
El expediente de la licitación se inició el 10 de setiembre de 2014; unos días después se formalizó el contacto con la UTN Buenos Aires y el 3 de octubre ya se publicó el llamado a licitación.
Desde ese momento, estuvo atravesada por conflictos legales. Es que en principio se fijó como día de apertura de las ofertas el 17 de octubre, o sea que daba sólo dos semanas a los interesados para preparar una oferta más que compleja.
Algunos de los cinco talleres que operan en la provincia haciendo la revisión para el Ministerio de Transporte y también para la Nación (controlan camiones y micros de larga distancia) presentaron amparos: primero, por el escaso tiempo que se otorgaba y luego, pidiendo directamente la nulidad.
Por esas presentaciones, la apertura se pospuso y finalmente se fijó como fecha final el 20 de febrero último, cuando se presentaron Masua SRL, Electrosistemas S.A., Verificaciones Drummond, Obbiyses y Serman y Asociados. Sólo uno de los talleres locales, Instecmec, intentó presentarse, pero no pudo llegar a tiempo porque a última hora se cambió el lugar del acto (ver aparte).
Actualmente, además de Instecmec (que está en Luján), funcionan en la provincia Mobim, Tecnitrans, Revité y El Trébol.
Entre los puntos del pliego que se cuestionan figura a la cabeza que se pretende adjudicar ese servicio a una sola empresa en toda Mendoza. Esto parece ir contra el artículo 11 de la resolución 1994/14 del Ministerio de Seguridad, que habla de no generar “una población cautiva” y que cada usuario pueda elegir la planta en la que hará la revisión.
Otro dato llamativo es que a la hora de otorgar puntajes, tiene mucho más peso el proyecto de arquitectura e instalaciones de las estaciones fijas y/o móviles (34 puntos), que “la capacidad técnica del oferente para desarrollar la actividad” (10 puntos), según consta en el pliego.
Esa priorización se mantiene si hay un empate en el orden de mérito, porque en este caso se impondrá quien haya obtenido el mayor puntaje en el proyecto de las plantas. Si persistiera la paridad, se considerará el puntaje asignado al “representante técnico y director de proyecto” y al “equipo de profesionales responsables del proyecto”. Recién luego, inclinarán la balanza los “Antecedentes generales del solicitante”.
Algunas de las situaciones que se generaron en torno a la licitación llevaron a intervenir al diputado radical Martín Kerchner, quien primero pidió informes a Seguridad sobre el tema y luego quiso saber el rol de la UTN Regional Mendoza.
Al enterarse de la cesión del convenio, Kerchner dijo que le llamaba “poderosamente la atención” que se hiciera esto en medio del proceso licitatorio, dudó de su legalidad y ratificó sus sospechas de que se “está intentando beneficiar a unas empresas por sobre otras”.
Un reclamo llegó a la Corte
El único de los cinco talleres de revisión técnica que hoy opera en la provincia, que se animó a presentarse en la licitación, es Instecmec, considerado en el sector el más grande. Pero cuando el 20 de febrero el grupo que armó la oferta llegó poco antes de las 11 a la Dirección de Compras y Suministros, hora y lugar pautados para la entrega y apertura de los sobres, se encontró con que el acto se había trasladado a una sala del Ministerio de Seguridad.
Inmediatamente, se convocó a un escribano que dio cuenta de la situación y recién luego marcharon al Ministerio de Seguridad, aunque ni siquiera pudieron ingresar al lugar de la reunión.
Esto llevó a la empresa a solicitar la impugnación administrativa de la licitación, aunque se quedó sólo en el intento porque para hacerlo debía previamente depositar una garantía de $ 250 mil, que iba a perder si se rechazaba su planteo.
Entonces, optó por la vía judicial y fue a la Suprema Corte de Justicia, donde presentó una medida cautelar, que busca suspender el proceso hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, o sea que se defina la nulidad del proceso por cuanto se trasladó el acto de apertura de las ofertas sin haber avisado a todos los que adquirieron pliegos de la licitación.
La conexión con Sorensen
El radical Martín Kerchner, encaramado en las críticas a la licitación de la VTO, dice que en 2011 ya hubo una “muestra de este tipo de irregularidades” y apuntó a la concesión del grabado de autopartes “que se encuentra en manos de una supuesta Cámara de Grabadores de Cristales, que está compuesta por tres empresas, en las que participa la misma persona, y se adjudicó en su momento con una contratación directa”.
La mencionada Cámara es presidida por Jorge Sorensen, cuyo grupo empresario tiene cinco sociedades dedicadas al grabado de autopartes con base en Buenos Aires pero extendidas a varias provincias. La Cámara, asegura, tiene más de 30 socios hoy.
Sorensen es quien presta, desde agosto de 2011, el servicio de grabado en las plantas de revisión que manejan los retirados de la Policía, por donde deben pasar todos los vehículos que se transfieren en la provincia. Quedó vinculado a la licitación de la VTO, según él, “por hacer un favor a un amigo”: un empleado suyo fue el encargado de comprar el pliego para Electrosistemas SA y su nombre quedó incluido en el expediente. El empresario aseguró que nada tiene que ver con la licitación en cuestión, aunque reconoció que es amigo de Horacio Creus, el titular de Electrosistemas.
