En fallo dividido, el Tribunal Oral Federal 4 dispuso la excarcelación del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, quien no podrá salir del país y debe utilizar obligatoriamente una tobillera electrónica dotada de GPS para su correspondiente monitoreo. Los jueces consideraron que no existe riesgo de fuga. Se trata del mismo tribunal que hace cuatro meses lo condenó, pero en el que en ese tiempo se produjo el nombramiento de una nueva magistrada.
El ex funcionario del kirchnerismo cumplía una condena de 5 años y 10 meses de prisión luego de que en agosto fuese hallado culpable de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el proceso de investigación de la quiebra y posterior venta de la imprenta ex Ciccone Calcográfica. Se trató de uno de los mayores escándalos vinculados con las gestiones kirchneristas. Por su libertad, el ex Vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner tuvo que pagar una caución de un millón de pesos.
La decisión tomada por el tribunal, por mayoría, como señaláramos, dio lugar a diversas interpretaciones de profesionales vinculados con el derecho y la actividad judicial concretamente. Las opiniones, en base a las distintas interpretaciones de las normas procesales, varían sustancialmente entre quienes reconocen como válida la decisión tomada y quienes, por el contrario, no comparten la libertad otorgada. Cabe consignar que las juezas Iñíguez y Palliotti avalaron la libertad por considerar que no existe riesgo de fuga al no haber aún una sentencia firme.
Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, opinó, en sintonía con el pensamiento general del Gobierno, que “cuando una persona es condenada a una pena de efectivo cumplimiento debería empezar la ejecución de la pena en ese momento”, para añadir que “en este caso hubo tres jueces que condenaron al ex vicepresidente y ordenaron que empiece a cumplir esa pena”, para concluir señalando que el fallo que otorgó la libertad de Boudou “es claramente un retroceso que le hace muy mal a la imagen de la Justicia”.
Más allá de todas las conjeturas existentes luego de la liberación de Boudou, es bueno recordar en qué circunstancias este representante del kirchnerismo llegó a la instancia judicial que lo condujo a la cárcel. El llamado a indagatoria del juez Ariel Lijo por el caso Ciccone se produjo encontrándose Boudou en ejercicio de la Vicepresidencia de la Nación y si bien en aquella oportunidad el número 2 de Cristina Kirchner expresó su intención de comparecer con rapidez, una serie de atajos operados a través de su defensa constituyeron un claro atropello hacia el juez que lo investigaba, lo que le jugó en contra si se tiene en cuenta el decoro institucional que debe lucir hasta en los momentos más críticos una persona elegida para el cargo por el voto popular.
Boudou tuvo en ese tiempo notable protagonismo público favorecido por medios radiales y televisivos identificados con el kirchnerismo y, precisamente, una de las estrategias de la inadecuada defensa mediática que ensayó en aquel momento, cuando lo único que debía hacer era someterse al llamado del juez de turno, fue acusar a medios y periodistas supuestamente opuestos al kirchnerismo por la difusión de los hechos delictivos que desnudaron sus oscuras intenciones y lo pusieron de cara a la Justicia, fuertemente jaqueada por el poder en esa época.
Posiblemente por éstos y otros antecedentes de la historia reciente argentina, en general la opinión pública se ha visto ingratamente sorprendida por la decisión de excarcelar a Boudou, más allá de los argumentos jurídicos en lo que se basó el tribunal. La mayor parte de la ciudadanía necesita creer en una justicia que verdaderamente le ponga atajos difíciles de sortear a la trama de corrupción que tanto daño nos hizo.
