Las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios siguen dando material para el asombro. El sentido de hacer público el patrimonio de quienes cumplen funciones de responsabilidad en el Estado es limpiarse de sospechas; pero así no lo entiende la diputada provincial Julia Ortega, quien remitió su declaración jurada a Fiscalía de Estado pero pidiendo expresamente que su contenido no sea publicado en la web del organismo de control.
La legisladora radical hizo la solicitud bajo amenaza de iniciar acciones civiles y penales. Así, Ortega agrega otro capítulo a los desaguisados de las declaraciones juradas con la negativa a publicar la propia.
La petición no es nueva, está fechada el 3 de marzo pasado. Allí indica que presenta su declaración jurada “bajo protesta, por considerarse que el decreto 1789/15 es inconstitucional”.
La diputada argumenta que esa inconstitucionalidad se funda en que el secreto fiscal es “una disposición operativa de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Reglamenta, en el campo del derecho tributario, la llamada libertad de intimidad”.
El artículo 18 consagra la inviolavilidad de la correspondencia y los papeles privados; el 19 protege las acciones privadas de los hombres, siempre y cuando no ofendan el orden y la moral pública.
Luego de explayarse sobre el secreto fiscal de los contribuyentes, agrega que la divulgación de sus datos constituye un problema de inseguridad, puesto que “cualquier persona puede tomar conocimiento de las posibilidades económicas del funcionario”.
La legisladora olvida que las normativas de ética pública, que contienen la publicación de las declaraciones juradas de funcionarios, tienen rango constitucional dado que se fundan en la Convención Interamericana contra la Corrupción, iniciativa de la Organización de Estados Americanos (OEA), documento que Argentina ratificó a través de la ley nacional 24.759.
Más aún, en la resolución 36 de la Fiscalía de Estado se recuerda que la jurisprudencia nacional y provincial subordina la divulgación de datos personales a la privacidad, salvo cuando la información personal está vinculada a la gestión pública.
Nadie puede acusar a la diputada de ningún delito, pero sus votos en la Cámara disponen un destino a los recursos del Estado; entonces controlar la evolución de su patrimonio es una apuesta a la transparencia.
Respecto de la inseguridad, Ortega supone que nadie conoce su actividad, ni dónde ni cómo vive. No hace falta la publicación en la web para ponerla en potencial blanco de los cacos.
La polémica de la semana
La publicación de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios del Gobierno provincial en la web de Fiscalía de Estado fue el tema de la semana, que incluso tuvo cobertura de medios nacionales.
Nadie puede acusarlos de publicar datos ilegales, pero no prever la reacción popular ante los valores publicados puede ser calificado de ingenuidad, en el mejor de los casos.
La vice Laura Montero declaró una casa de 70 centavos y un inmueble no determinado en 1 centavo. El ministro de Economía Enrique Vaquié declaró un lote de 117 pesos y su colega de Seguridad, Gianni Venier, un Mercedes Benz a 1 peso.
Son valores recomendados por un contador sin duda, pero que desatan iras de los ciudadanos que se sienten tomados del pelo.
