El pasado 29 de mayo se conoció el conflicto que enfrentó a la familia Rodríguez Peña, propietaria en parte de un terreno en Jocolí y la Asociación Campesina de Cuyo, de la UST.
El conflicto se dio cuando Pablo Rodríguez Peña instaló una casilla (en la que vive ahora) para sentar posesión de su terreno en el paraje
El Quemado, a pocos kilómetros de una cantera de su propiedad.
Fue un hecho de alta tensión que enfrentó al joven con los campesinos que controlan una tranquera de ingreso al predio de la ripiera. Y generó que enfrente de la casilla de Rodríguez Peña se instalara una carpa donde los campesinos también viven ahora. A metros de ambos, una casilla policial custodia que el enfrentamiento no se agrave.
De todo esto surgieron denuncias cruzadas que debe resolver la fiscalía a cargo de Darío Nora.
En principio se hablaba de usurpación, pero Rodríguez Peña aclaró que en su caso lo que él denunció fue “robo”. E involucra en el hecho a los campesinos pero también a la Municipalidad de Lavalle y hasta a los dueños de una ferretería lavallina.
“Cuando quise ingresar al predio vi que había sarandas, máquinas que pertenecen a la ferretería. Además salía una camioneta con el logo de la Municipalidad de Lavalle”, denunció el hombre.
Cuenta (y asegura haber aportado pruebas) que en épocas anteriores le vendía áridos al municipio que conduce Roberto Righi. Aunque antes también hubo hechos similares. “Algo parecido pasó en 2005”, recordó.
Los campesinos en tanto denunciaron que Rodríguez Peña ingresó “con matones” y armado al lugar. Él explicó: “Los matones eran mi madre -la dueña, según el título- mis hermanos y un amigo. E iba armado porque no sabía con qué me iba a encontrar”.
Los campesinos organizados señalan que ellos ocupan desde hace “más de 40 años” el lugar y que ese predio y mucho más, lo usan para pastoreo. Rodríguez Peña dice no estar en contra del pastoreo, pero asegura que en la zona “no vive nadie”.
Otro punto destacable es que el sector del enfrentamiento pertenece al Departamento de Irrigación. Según la UST, en tiempos del anterior superintendente, José Luis Álvarez, “se inició un proceso de cesión de unas 250 hectáreas”.
Pero el terreno en cuestión es mucho más grande. Unas 179 mil hectáreas. María Mercedes Rodríguez Peña (madre de Pablo) es la heredera de una tercera parte de lo que compró su padre en 1973. El resto está dividido en varias partes. Una mayoritaria le pertenece a la empresa Texone, que ya ha tenido conflictos con la UST, incluyendo una causa próxima a ser elevada a juicio.
Otra propietaria de terrenos cercanos es la empresa Argenceres, que también tiene procesos judiciales contra la UST. E incluso hay particulares en conflicto con la organización campesina.
La mayoría de las causas confluyeron en la fiscalía de Nora. Y se dice que esta semana habrá novedades.
