En notas de nuestro diario se ha analizado en detalle este nuevo instrumento impositivo inmobiliario y en la enorme mayoría de los casos se han recogido opiniones técnicas que cuestionan severamente la exigencia de autoevaluación.
Debe decirse además que se trata de una nueva "vuelta de tuerca" sobre un impuesto que ya venía aumentando desde hace varios años, por los ajustes que Rentas hacía de las valuaciones fiscales de las propiedades.
El sistema de autoevaluación pretende llevar el valor de los inmuebles al denominado valor de mercado, es decir el valor que le pagarían al propietario si vendiera su propiedad.
Este proceso puesto en marcha deriva del Consenso Fiscal firmado por las provincias y el gobierno nacional, donde las provincias se comprometen a adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidas por el organismo federal.
La obligación de autoevaluarse alcanza prácticamente a todos los inmuebles sobre los que se desarrolla alguna actividad económica, tales como bancos, supermercados, industrias como refinería de petróleo, salones comerciales de 500 m2 o más, cementerios privados, conjuntos inmobiliarios, es decir barrios cerrados o similares.
Mucho se ha discutido el asunto del avalúo fiscal de los inmuebles, valor que multiplicado por la alícuota correspondiente determina el monto del impuesto a pagar por el contribuyente.
Tanto el fisco, como algunos especialistas, sostenían que en algunos casos los valores llegaban a ser irrisorios, respecto al denominado valor de mercado.
Los gobiernos en nuestra provincia optaron por mantener avalúos relativamente bajos, pero aplicaron alícuotas crecientes que van del 0,2 al 1,5%, para los inmuebles urbanos o suburbanos.
Por otro lado Rentas estableció que en los casos de compraventa de inmuebles, el impuesto de sellos a tributar se calcula multiplicando por tres el avalúo fiscal.
Diversas consideraciones sobre el nuevo régimen y sus efectos económicos conducen a criticar sus evidentes excesos jurídicos.
Para los inmuebles dedicados a actividades comerciales e industriales implicará un evidente incremento de costos, que en algunos casos puede llevar al cierre del negocio, ya que el nuevo impuesto puede "comerse" toda la rentabilidad.
Esta situación será más evidente en los inmuebles alquilados donde el impuesto con una alícuota del 1,5% sobre el valor de mercado puede llegar a superar la renta obtenida por el alquiler.
Es indispensable que el gobierno revise la escala de las alícuotas, si va a modificar drásticamente los avalúos.
Pero la situación se agrava mucho más cuando consideramos que la valuación fiscal de los inmuebles constituye la base imponible del impuesto a los "Bienes Personales", por lo tanto los contribuyentes verán aumentado este impuesto, incluso quienes no pagaban ahora deberán hacerlo.
Hay en la provincia tarifas de servicios como las de Aysam y municipales, cuya base de cálculo es prácticamente la misma del avalúo del impuesto inmobiliario, por lo tanto también subirán.
Estamos frente a la posibilidad de incrementos en cascada de cargas fiscales y parafiscales, como los servicios precitados.
Otra situación que debe analizarse con atención, cuidado y criterio económico y social es la situación de las viviendas familiares habitadas por sus propietarios.
En este caso es una obviedad señalar que el impuesto se paga con los ingresos de la familia, el inmueble no produce renta para pagar el impuesto.
Esas familias pueden haber comprado su vivienda en la edad más productiva, cuando por trabajos y actividades tenían ingresos para hacerlo.
Puede que después de muchos años sigan viviendo en la misma casa percibiendo una magra jubilación, como puede advertirse recorriendo la ciudad y departamentos.
Esta nueva valuación puede llevarlos a la expulsión de las cosas que compraron o construyeron con gran esfuerzo.
Es indispensable replantearse lo que se está haciendo. A todas luces se trata de una muy mala decisión.
