A la par del avance en las telecomunicaciones, las empresas de telefonía móvil y de internet van colocando cada vez más antenas. El problema es que muchas veces se construyen sin haber cumplimentado los trámites que exigen las leyes vigentes.
De hecho en Mendoza, según información brindada desde la Unidad de Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente, se calcula que hay unos 400 dispositivos de este tipo, de los cuales 144 todavía se encuentran en procedimiento de habilitación. Es decir que no pueden operar formalmente.
"Hay antenas que desde 2013 no completan la documentación. Si bien están construidas no deberían estar funcionando y si lo hacen, están sujetas a multas", explicó Soledad Barros, encargada de la Unidad de Evaluaciones Ambientales.
Con respecto a la cantidad de antenas que existen, informó que se han contabilizado 344 hasta el año pasado pero que, sumando las habilitadas en años anteriores, ascienden al menos a 400.
Barros aclaró que desde la Provincia no cuentan con la potestad de pedir el desmantelamiento de las antenas no habilitadas, ya que se trata de un aspecto que corresponde al fuero federal.
Para aplicar la penalidad, desde su organismo realizan inspecciones en estos dispositivos y, tal como informaron durante la semana pasada, de las más de 100 antenas que se revisaron el último año, 57 se encontraban en una situación irregular por lo que se multó a los propietarios.
En el proceso para habilitar estos gigantescos aparatos que asoman por toda la ciudad intervienen varios organismos además de la secretaría de Ambiente: el municipio donde se emplazará, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a lo que se suma la contratación de un seguro por responsabilidad civil.
“En términos normales, si no están construidas este proceso lleva unos 6 meses como mucho”, precisó Barros. Sin embargo, si se empieza con los trámites cuando ya están colocadas en el terreno, se vuelve considerablemente más lento, “porque empieza un proceso sancionatorio, hay multas que a veces las pagan y otras veces no porque se recurren, con lo que se va un año o más”, aseguró la encargada de la Unidad de Evaluaciones Ambientales.
Según su experiencia, lo que más cuesta es que las empresas cumplimenten la factibilidad de los municipios, que se brinda de acuerdo a la ordenanza que tenga cada comuna.
Para reducir estas demoras y combatir la informalidad, en la Secretaría de Ambiente han comenzado a trabajar en un sistema que fomente la regularización por parte de las empresas. “Estamos empezando a ver de qué manera lo podemos solucionar para que sea un trámite más simple, pero que a la vez cubra todas las aristas: ambiental, social, parte constructiva, entre otras”, adelantó Barros.
Desde las empresas del sector consultadas por Los Andes evitaron polemizar al respecto y aseguraron que hacen todo lo posible para cumplir con las normativas.
"La preocupación del sector es cumplir el requerimiento de los clientes y cumplir las reglamentaciones vigentes", aseguró una fuente de una de las principales compañías telefónicas. Por esta razón, anticipó que han estado trabajando junto con el Enacom para aggiornar las distintas ordenanzas municipales a los requerimientos de las nuevas tecnologías, "para poder avanzar con el despliegue de antenas en aquellos lugares donde es necesario de la manera más viable y expeditiva posible".
Desde otra empresa reconocieron que los tiempos para cumplimentar los trámites son “complicados”. “Habría que revisar los procedimientos y los tiempos de la instalación para que todo fluya más rápido y así poder cumplir con el objetivo de la compañía, que es mejorar el servicio a los usuarios”, explicó un vocero.
Evaluación ambiental
El procedimiento para habilitar una antena de telefonía o internet en la Secretaría de Ambiente se rige principalmente por la ley 5.961, que obliga a realizar un estudio de impacto ambiental antes de comenzar cualquier proyecto.
“Dentro de la ley generalmente son categorizadas como aviso de proyectos -un procedimiento de excepción que no incluye audiencia pública- porque se consideran de bajo impacto ambiental”, explicó Barros.
Lo que allí se evalúa de forma prioritaria es el aspecto visual. “Exigimos que sea compatible con el entorno y si es necesario levantar un muro o colocarle algún elemento visual que la esconda”, detalló.
De todas formas, si las antenas están colocadas en reservas naturales, como por ejemplo el caso del dispositivo 4G que se colocó en el Parque Provincial Aconcagua, requieren de una manifestación de impacto ambiental, un procedimiento más complejo que incluye audiencia pública. Además, desde Ambiente se corrobora si las radiaciones que emite se encuentran dentro de los niveles permitidos.
Antes de la habilitación
Tanto desde la ANAC como desde el Enacom, otros dos organismos intervinientes en la habilitación, detallaron lo que revisan cada uno de ellos.
Desde el primer organismo se busca evitar que las antenas representen un obstáculo para la aviación, sobre todo en zonas cercanas a los aeropuertos. Por esta razón, se chequea que la altura sea la permitida, que esté pintada y que tenga la señalización correspondiente.
En el caso del Enacom, se comprueba que los equipos estén correctamente homologados, que la antena no interfiera con otros servicios ya existentes y se autoriza el uso del espectro radioeléctrico. Además, se hace un estudio de las radiaciones no ionizantes, para que las mismas no excedan los niveles propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las multas aplicadas
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Unidad de Evaluaciones Ambientales, inspeccionó más de 100 antenas de comunicación ubicadas en distintos puntos del territorio provincial. Del total, 57 se encontraban en situación irregular, puesto que no se completaron los trámites administrativos antes de su colocación.
Los propietarios (las empresas) fueron sancionados con multas de 5.000 a 40.000 pesos. De todas formas, según la reglamentación vigente, esta penalidad puede superar el millón de pesos en el caso de los reincidentes.
De las 57 multas, 26 se aplicaron a Amx (Claro), 11 a Telecom (Personal) y 10 a una empresa no identificada en el informe oficial.
Las antenas "amigables" del Enacom
A pesar de que por mucho tiempo se creyó que las radiaciones provenientes de las antenas de telecomunicaciones podrían afectar a la salud de las personas, los expertos lo descartan.
"Nosotros hacemos trabajos de mediciones de acuerdo a los parámetros que establece la OMS y hemos encontrado que los valores están 100 veces o más por debajo de lo permitido", aseguró José Balacco, decano de la UTN Mendoza y experto en el tema.
Lo que pueden provocar, pero sólo en los casos de extrema cercanía, es un leve efecto térmico: “Hemos hecho mediciones de ese aumento y está en 0,6 grado en la oreja donde está apoyado el teléfono”.
Desde el Enacom trabajan con este concepto en un proyecto llamado "Antenas amigables": "Es un programa del organismo que busca reconciliar, tratar de romper ese prejuicio que hay de que las antenas son perjudiciales para la salud", contó Valentín González, delegado del Ente en Mendoza.
Este trabajo es necesario a raíz de un conflicto que han detectado en la sociedad, que busca mejorar su conectividad pero paralelamente teme que haya una mayor cantidad de antenas.
“Lo que hacemos, a través de una serie de acciones, es informar a la población sobre las radiaciones no ionizantes y que los artefactos de uso cotidiano también las emiten. Queremos que se queden tranquilos porque nosotros las controlamos y siempre están por debajo de los límites que establece la OMS”, expuso.
