Una diputada nacional del Frente de Todos propuso que el Estado se quede con parte de aquellas empresas que accedieron a los subsidios implementados para abonar los sueldos de sus empleados, en el marco de la inactividad determinada por la pandemia del coronavirus.
Se trata de Fernanda Vallejos, economista y discípula de Axel Kicillof, la que presidió la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados e integró una agrupación lanzada por el exvicepresidente Amado Boudou.
Su argumento es que el dinero del Estado que reciben los grandes grupos económicos no puede ser entendido como un regalo. Sobre todo porque algunas de esas empresas son investigadas en la Justicia por “distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales”.
En consecuencia, el Estado debiera recibir algo a cambio: si ayuda a pagar los sueldos, actúa como un miembro de la empresa; entonces, ¿por qué no se le cede un porcentaje de la propiedad?
Si bien se mira, la propuesta de Vallejos es triplemente peligrosa.
En un sentido político, expresa una ideología que no condice con la declarada por el presidente Alberto Fernández.
Una vez más, el oficialismo encuentra la oposición más acendrada dentro de sus propias filas.
Que un gobernante tenga que salir a reafirmar su agenda y sus valores ante las propuestas de la oposición, es entendible; que deba hacerlo presionado por sus socios, es una práctica que ingresa en el peligroso terreno de la deslegitimación.
En las últimas semanas, se acumularon varios sucesos de este tipo.
En un sentido económico, expresa una preocupante versión del estatismo que prefiere desconocer las extraordinarias circunstancias actuales generadas por la cuarentena que el propio gobierno estableció debido a la pandemia.
Si el Estado es el que impide trabajar pero quiere que se conserven los puestos de trabajo y los sueldos, debe colaborar sin esperar ninguna otra cosa a cambio.
En un sentido jurídico, en última instancia, Vallejos avanzó sobre el principio de inocencia.
Que un empresario sea investigado es, para ella, una señal inequívoca de su culpabilidad. Es más: como deja suponer que la conducta de todos los empresarios está regida por el mismo y desmedido afán de lucro, igualmente hay que sancionarlos y quitarles una parte de sus propiedades, lo que es por lo menos una falacia.
Si esta curiosa disputa oficialista señala el principio de una conflictiva definición del rumbo a seguir, la economía nacional está destinada a seguir hundiéndose sin remedio.
