Si no fuera porque se trata de un hecho de gravísimas consecuencias institucionales, la condena que sufrió el dirigente opositor en Venezuela, Leopoldo López, podría ingresar tranquilamente en el libro de los récords de la ridiculez.
Porque condenar a una persona a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión no hace más que calificar de irrisoria una sanción tan detallada para un tema que, al decir de las autoridades venezolanas, puso en riesgo la continuidad "democrática" en el país.
Quedó en evidencia que lo que buscó la Justicia de ese país fue sacar a López de la consideración pública ante la inminencia de las elecciones parlamentarias y también quedó en claro que la estrategia buscada no es la más adecuada, si nos atenemos a la multiplicación de manifestaciones que se realizan a lo largo y a lo ancho de Venezuela, pidiendo por la libertad del líder opositor.
No queda la menor duda de que el presidente Nicolás Maduro está muy intranquilo ante la proximidad de las elecciones convocadas para el 6 de diciembre. Sucede que las encuestas no le resultan favorables.
Así por ejemplo, el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, organismo que acertó en el porcentaje de las últimas elecciones, señala que el 75% de los venezolanos considera que el país va en dirección equivocada, mientras el último estudio de Datanálisis indica que si las elecciones se hicieran ahora, la oposición obtendría el 54% de los votos, frente a un 27% del oficialismo, una diferencia impensada en estos 17 años de revolución bolivariana.
Frente a esa situación, Maduro apeló a distintas estratagemas. Insistió con su discurso anti norteamericano y hasta ingresó en una crisis con Colombia, al cerrar la frontera a la altura del paso de Cúcuta, en la zona de Táchira. Con esa actitud y declarando el estado de "emergencia" las fuerzas de seguridad venezolanas violaron los derechos humanos y las libertades de 16 mil indefensos colombianos, en su gran mayoría personas muy humildes y de escasos ingresos.
Entre deportados y desplazados colombianos se llega a una cifra que es más del doble de quienes conformaron la columna de refugiados sirios que llegaron a Alemania días pasados, lo que da una pauta de lo grave de la situación.
Como esa cruzada "nacionalista" no le dio los resultados esperados, la Justicia puso su cuota parte en la defensa de la revolución bolivariana, con la condena al líder de la oposición Leopoldo López, por el delito de instigación pública, asociación para delinquir, incendio intencional y daños a la propiedad pública, durante las protestas en Caracas de febrero del año pasado, que fueron violentamente reprimidas y que costaron la vida de 44 venezolanos, sumado a cientos de heridos.
López, un economista que estudió en Estados Unidos y obtuvo una maestría en Harvard, llegó a la alcaldía de Chacao, uno de los distritos más prósperos de Caracas, tras ser electo con el 51 por ciento de los votos y reelecto con el 79,5 por ciento. Al decir de los observadores, el término "bolivariano" le cabe mejor a López que a Chávez, ya que por parte de madre es tataranieto de Concepción Amestoy Palacios, sobrina de Simón Bolívar.
Pero lo más grave de la condena es la reacción que surgió al conocerse la misma. Porque las críticas cayeron desde distintos países del mundo, a excepción de aquellos que integran la Unasur y el Mercosur. El jefe de Gabinete de la Argentina, Aníbal Fernández, señaló que "son decisiones de un país soberano", mientras el resto de los países, excepto Chile, decidió mantener el silencio.
Una actitud muy distinta a la que adoptaron cuando el ex presidente del Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido en un juicio político y los países del grupo decidieron suspender transitoriamente a ese país "hasta que se resuelva su situación institucional" que se produjo con las elecciones presidenciales de 2013.
No todo lo miden con la misma vara.
